miércoles, 16 de marzo de 2016

Pruebas de que vivimos en dictadura



En un país verdaderamente democrático escándalos como la masacre de Tumeremo y la nacionalidad colombiana del Presidente habrían sido suficientes para tumbar al gobierno.
La mascare de Tumeremo revela el inmenso poder de las mafias de la minería ilegal en Guayana bajo el amparo de los segmentos mas corrompidos del gobierno.
Ese aparente juego de palabras entre el Gobernador Rangel Gómez y el Presidente de la República tratando de negar a masacre fue un intento deliberado para silenciar la tragedia.
Los hechos desmintieron a los voceros oficialistas que ya hoy carecen de credibilidad.
Igualmente el tema de la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro suma a la falta de credibilidad que hay hacia el gobierno.
No se puede confiar en un régimen que falsifica pruebas para incriminar opositores o que miente descaradamente para tratar de defender a sus elementos más corruptos.
Esa falta a la moral pública habría sido castigada por un poder público autónomo y honesto en un país con instituciones democráticas.
Pero no en Venezuela.
La dictadura gobernante ejerce todo su poder y tratar de cubrir sus huellas con un manto de “democracia sospechosa”
Le corresponde a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos democráticos activar los mecanismos Constitucionales para obligar al Presidente de la República a responder por sus actos.
La responsabilidad política y la rendición de cuentas son propias de un estado de derecho.
Su negación sistemática solo confirma lo que sabemos: Vivimos en dictadura