lunes, 29 de mayo de 2017

Hay que operativizar el 350

Parece que fue ya hace muchos años cuando las contradicciones naturales en el seno de la oposición dividían las posiciones entre quienes proponen una salida exclusivamente electoral y quienes exigían un enfoque más radical para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Los más radicales encontraron en el texto de los artículos 333 y  350 de la Constitución la consagración al derecho constitucional a la rebelión bien sea civil o militar cuando el régimen atente contra las garantías democráticas o atente contra los derechos humanos.

Los presupuestos del artículo 350 de la Constitución se han confirmado hasta la saciedad bajo el actual régimen. Por cualquier ángulo que se le vea el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado cientos de acciones que han ultrajado las garantías democráticas y el estado derecho. Además es público y notorio que el gobierno y sus fuerzas policiales han incurrido en actos genocidas y violaciones a los derechos humanos calificados como delitos de lesa humanidad por el derecho internacional. Bajo el imperio de los artículos 333 y 350 es legítimo y constitucional que cualquier ciudadano civil o militar, investido de autoridad o no, se rebele en contra de ese gobierno y luche por la restitución del orden jurídico vulnerado.

Quienes han defendido la vía electoral como la única forma para salir de esta dictadura trataron de desmeritar el alcance práctico del artículo 350 preguntando ¿Cómo se come el 350? para remarcar la idea que aunque la protección constitucional al derecho a rebelión existe no habría forma práctica de ejecutarla. Pero el deterioro de la situación política y social de Venezuela ha llevado a millones de venezolanos a llenar las calles para desconocer al actual régimen. Esas protestas a lo largo y ancho de Venezuela le han dado forma y contenido concretos a las premisas establecidas en el artículo 350 de la actual constitución.

La protesta en la calle debe evolucionar a un nivel superior de organización de la resistencia para operativizar el ejercicio de las garantías consagradas en los artículos 333 y 350. Desde esta óptica es esencial que en las próximas semanas los ciudadanos se agrupen en comités del 350 para planificar y ejecutar diversas acciones de protesta que acumulen la energía de la calle, cambien la correlación de fuerzas en las FANB y derroquen la dictadura.

No hace falta copiar formas organizativas burocráticas para operativizar el 350. Bastaría con que un grupo de ciudadanos, dispuestos a restablecer el estado de derecho, se organice para realizar acciones de protesta y defenderse de los ataques de las fuerzas del régimen. Los millones de venezolanos que luchan por la libertad no están armados y no necesitan estarlo para derrocar la dictadura. La presión ciudadana sostenida en la calle y en otros escenarios bajo amparo de la misma constitución es la única vía para confrontar exitosamente a la dictadura. En la actual coyuntura política el 350 más que un a bandera es una agenda de lucha por la libertad.


jueves, 18 de mayo de 2017

Militares maduristas no son suficientes

Entramos en la semana número siete de la brutal lucha para desalojar del poder a la dictadura. Aunque el régimen no da señales de ceder ante el imperio de la voluntad popular, su presencia política ha quedado dramáticamente reducida, y su influencia popular severamente limitada. El gobierno de Nicolás Maduro no solo perdió la calle, como se ha visto en los últimos días, también perdió su margen de maniobra. Políticamente hablando, el gobierno ha sido asediado y acorralado por la oposición, hasta obligarlo a refugiarse bajo el ala militar para sostenerse y demorar su inminente caída.

Analistas políticos caracterizaron equivocadamente la convocatoria de la Constituyente de Maduro como el contraataque del gobierno para desarmar el argumento de la oposición de convocar elecciones anticipadas Algunos como Mary Pili Hernández se adelantaron a celebrar la jugada como un golpe maestro que le permitía al gobierno tomar la iniciativa en el debate. En las horas siguientes a este anuncio, estallarían inevitables contradicciones en el seno del propio chavismo que aún no entiende por qué Maduro le echa la culpa de su fracaso a la Constitución de Chávez. Igualmente, la reacción del pueblo en general fue de un contundente rechazo a la estafa política más burda del siglo XXI.

Convocar a la Constituyente no fue ni un contraataque y menos una jugada política maestra. Solo fue un acto desesperado de improvisación —quizás el último— de un régimen que agoniza pero que antes de su derrumbe intenta arrastrar consigo a la república y al chavismo en su destino fatal.

Lejos de cohesionar al chavismo contra la oposición, la convocatoria a la Constituyente ha levantado todo tipo de sospechas dentro de él, y casi está logrando el milagro de reunir en una misma energía al chavismo desencantado con el resto del país, en un esfuerzo épico por salvar la república del pranato madurista.

La Constituyente de Maduro intenta ser un traje a la medida del dictador. Sin pudor y sin rubor, Maduro y sus operadores civiles y militares anunciaron que no habrá referéndum popular para su convocatoria; que el gobierno se reserva la mitad de sus miembros como delegados natos y, por si fuera poco, Aristóbulo se atrevió a sugerir que una vez aprobada la nueva Constitución no sería necesario someterla a referéndum popular.

Por donde quiera que se le vea, todas estas declaraciones son el expreso reconocimiento de la derrota política definitiva e irreversible de un régimen que se niega a participar en elecciones libres, porque no tiene pueblo.

Sin apoyo popular, esta mal llamada revolución es absolutamente inviable. Más allá de la retórica de Maduro, Cabello y Padrino López, los hechos son contundentes. Por eso en un último intento de salvación, el clan gobernante intenta compensar su derrota política con una presunta victoria militar, pagando el precio de un rechazo unánime planetario por la violación de los derechos humanos y la perpetración de delitos de lesa humanidad. Esto explica el incremento inaceptable e innecesario de la violencia contra manifestantes. Y en especial contra periodistas y estudiantes, a quienes el régimen trata como objetivos de guerra.
Al llevar adelante esta táctica, el régimen se ha encontrado con un inesperado frente de resistencia interna: Los propios militares chavistas que —al igual que el resto de los chavistas— no entienden cómo es que la Constitución de Chávez es culpable del fracaso de Maduro.

Esto ha aumentado las tensiones internas en las FANB, donde el gobierno ha desatado una cacería de brujas para separar a maduristas de chavistas, pues los primeros estarían dispuestos a violentar la Constitución para favorecer al régimen; y los segundos a defenderla, aunque esto signifique la caída del gobierno.

El aumento de la presión de la calle ha provocado, en los últimos días, un proceso de definiciones y realineamientos internos en las FANB, donde —a pesar de lo delicado del tema— se discute intensamente, no solo qué es lo más conveniente para el país, sino también para las FANB como institución.

Cada vez que Maduro siente que su apoyo en el sector militar se resquebraja, apela por el viejo truco de la prebenda. Primero los llenó con bolsas de comida CLAP. No funcionó. Luego les aumentó sustancialmente el salario, aunque en bolívares ultra devaluados; tampoco funcionó. El malestar y el descontento siguen latentes. Y sabemos que es así por el último ofrecimiento que les hizo: La Constituyente militar. Nadie en las FANB entiende cómo, ni para qué. Pero todos entienden el porqué.

El régimen ha quedado reducido a sostenerse en un apoyo militar que cada día es más endeble por las divisiones que hay en las FANB, el caos y la confusión. La maquinaria desvencijada de represión y horror no podrá funcionar solamente con militares maduristas.




domingo, 14 de mayo de 2017

La crisis política y militar de la dictadura

El régimen de Nicolás Maduro enfrenta su peor crisis política y militar. La crisis de legitimidad ha evolucionado para convertirse en crisis de gobernabilidad. El 80% de la población pide un cambio inmediato de gobierno y desconoce el actual por ilegítimo. Todas las instituciones y poderes bajo el control del chavismo oficialista están colapsando, especialmente las llamadas a impartir orden y justicia. Las Fuerzas Armadas y el poder Judicial enfrentan sus propias contradicciones en un país que sucumbe frente al caos propiciado por el propio gobierno.

El PSUV ha quedado pulverizado en esta coyuntura y ya no representa la base política de apoyo del régimen. Es un hecho ya aceptado por la cúpula del gobierno que más nunca podrá volver a llenar la avenida Bolívar de Caracas. Los empleados de PDVSA La Campiña que son movilizados para las concentraciones oficialistas solo alcanzan para unas cuadras. Sin embargo, aún existe el chavismo como expresión política que contiene los más variados matices que van desde quienes apoyan al régimen hasta quienes abiertamente llaman a su derrocamiento por traicionar el legado de Chávez.

La desintegración del PSUV ha dejado al gobierno con el único apoyo de los colectivos paramilitares y de sectores fanáticos en las FANB comandados por un alto mando temeroso de rendir cuentas si el régimen cae. Esto ha llevado a la “psuvisación” de las FANB y su consecuente deterioro interno.

A parte del componente armado plegado al régimen por miedo o por conveniencia no hay otro factor relevante que sustenta al gobierno. Pero así como los operadores civiles están bajo presión de la sociedad los militares han tenido que pagar el costo de su desatino con descrédito y rechazo colectivo. En ambos casos además de la presión externa que ejerce sin tregua la sociedad se suma la presión interna de familiares y amigos de estos funcionarios quienes se comienzan a desmarcar de la pésima reputación de sus familiares y relacionados enchufados en el gobierno.

La presión de estos 45 días ha sido dolorosamente decisiva para que los resortes de la maquinaria represiva comiencen a saltar antes del estallido final. Medio centenar de jóvenes venezolanos asesinados por la represión del régimen y miles llenando las cárceles en calidad de presos políticos, sometidos a la sospechosa justicia militar revelan que el único recurso que le queda al régimen para gobernar es la represión política.

Se acabó la retórica de la ideología bolivariana. La única razón que ofrece el régimen para mantenerse en el poder es que tiene las armas aunque no cuente con el apoyo de la mayoría. El discurso violento y divisionista entrampó al régimen y alienó importantes sectores populares que alguna vez le apoyaron.

Cada día será peor que el anterior. Estamos frente a una crisis política y militar que el régimen no podrá ocultar y mucho menos evitar, bien sea por una crisis interna que lleve a su implosión o por la presión de las fuerzas democráticas que lleven a su derrota definitiva. En cualquier caso estamos frente un proceso de características irreversibles.  @humbertotweets

jueves, 11 de mayo de 2017

Venezuela nunca volverá a ser igual



La constitución de 1961 fue acusada por Chávez de ser la madre de todas las fallas del periodo democrático. Así se justificó su aniquilamiento, sin que sus creadores o beneficiarios hubiesen movido un dedo para defenderla. A esto se sumaría la destrucción de otros símbolos y valores de la República que le daban consistencia a la identidad nacional.


El cambio del nombre de la república para agregar el apellido Bolivariana, las modificaciones en el escudo y la bandera nacional, y la reescritura de la historia que se enseña en las escuelas para justificar la adoración a Chávez como nuevo prócer de la patria fueron signos tempranos del desmantelamiento institucional.


Bajo la sombra de este nuevo modelo de estado chavista, Venezuela inició un periodo caracterizado por la intolerancia, el sectarismo y la violencia. Desde el Estado se alentó la división del país entre chavistas y no chavistas, lo que condujo a una brutal polarización.


El secuestro de instituciones como el TSJ, el CNE y las FANB para ponerlas al servicio del PSUV y su camarilla dirigente, degeneró en el merecido descrédito de estas instituciones. Aquí nadie cree en la honorabilidad de los jueces, en el equilibrio del CNE, ni en la autoridad de las FANB.


La crisis de confianza en un gobierno que miente las 24 horas, reprime para sostenerse y además es incapaz de resolver las agudas contradicciones sociales y económicas del país, ha lanzado a Venezuela a un profundo abismo de ingobernabilidad. Los politólogos lo caracterizan como un estado fallido o incapaz de garantizar el propósito de justicia y bienestar para el cual fue creado. Los sociólogos prefieren llamarlo caos o un estado intenso de desorden social donde las instituciones se derrumban, y civiles y militares desconocen la autoridad de varias maneras.


La cantidad y calidad de los crímenes de lesa humanidad y de corrupción cometidos por altos jerarcas del régimen, los ha convencido que, si entregan el poder, ellos y sus familias nunca tendrían un juicio justo, y por el contrario serían víctimas del mismo linchamiento político que ellos han practicado. Esta certeza los ha llevado a la convicción de que entregar el poder no es una opción, por lo cual se han diseñado cualquier cantidad de descabellados planes de emergencia para preservarlo a toda costa.


Esto explica que el caos y la violencia que hoy vive el país, sean vigorosamente alentados desde las más altas esferas del gobierno. Desde su derrota electoral en diciembre del 2015, el gobierno ha negado sistemáticamente la consulta popular como el mecanismo para resolver las diferencias en una democracia. No satisfecho con esto, ha radicalizado su política de represión contra la oposición, y ha profundizado la exclusión, negando el acceso de comida y medicinas a gran parte del país que también considera opositor. Todo como una forma envilecida para tratar de ahogar la protesta.


Es una profunda contradicción política que el mismo régimen que niega el referéndum revocatorio, cancela las elecciones de gobernadores y descarta una elección general anticipada, ahora decida convocar a la elección de una Constituyente a su medida; electa por la minoría chavista de no más del 20% del país, en elecciones fraudulentas de segundo grado.


El régimen, que ha perdido todo apoyo popular, aun cuenta con el aparato político y militar para imponer su Constituyente contra la voluntad del 80% del país.


No es difícil anticipar que habrá violencia antes y después de esa elección. Esa Asamblea Constituyente, electa con funcionarios del régimen, seguramente cambiará en forma definitiva las bases de la actual Constitución y del Estado para adecuarlas a la medida de los intereses de sus convocantes, y recrear un modelo de democracia a la cubana donde el pueblo es llamado a votar por los representantes previamente seleccionados por el partido único oficialista.


La Constituyente chavista no logrará la paz, ni resolverá la crisis económica, política y social que acosa a Venezuela. Por el contrario, traerá más ingobernabilidad al excluir la participación del 80% del país. Este evento abrirá un periodo de inestabilidad e incertidumbre definido por el quiebre del consenso social, donde el militarismo y la violencia serán las constantes en la ecuación del caos.


Una vez más, el reto que tiene el liderazgo opositor es caracterizar correctamente la coyuntura para definir la estrategia política más eficiente que permita recuperar la república y conquistar la libertad. Hemos quedado atrapados en el dilema gramsciano citado varias veces por el propio Chávez: Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese oscuro e indefinido punto entre la vida y la muerte, la única certeza es que nada volverá a ser igual que antes en Venezuela. Dependiendo de cómo se aborde, puede ser una tragedia. O una oportunidad.


 


@humbertotweets      


domingo, 7 de mayo de 2017

El régimen prefiere quemar el país

La base de apoyo del régimen ha disminuido drásticamente hasta solo quedar montado en los militares y los colectivos paramilitares como agentes de la represión. El PSUV como partido no existe. Los partidos del Polo Patriótico han sido arrastrados por el deslave chavista y solo van a la caza de las migajas que va dejando el PSUV. Las últimas movilizaciones del chavismo oficialista en el centro de Caracas y la Av. Bolívar solo han sido posibles gracias a la participación obligatoria de los empleados de PDVSA La Campiña y de efectivos de la Guardia Nacional vestidos de civil. La debacle del chavismo es inocultable.
Todo esto confirma lo que dicen las encuestas. El rechazo al régimen ya supera el 80% lo cual le deja una base de apoyo de un 20% o menos integrada por la clientela de las misiones, empleados públicos y, por supuesto, las fuerzas armadas. Aquella formidable alianza electoral  y social que construyó Chávez en 1998 y que profundizó en los primeros años de su gobierno ha sido destruida por sus herederos. El gobierno ha perdido completamente el apoyo en las clases medias y bajas del país al extremo de recibir los más estruendosos cacerolazos en las barriadas populares más emblemáticas de Venezuela tales como Petare, El Valle y el 23 de enero.
Así es virtualmente imposible que el régimen gane ninguna elección. Ni elección de gobernadores, ni elección general, y menos una Constituyente. Hasta comienzos de este año el cogollo chavista estaba convencido que la crisis de su gobierno era coyuntural y que lo único que necesitaba era ganar tiempo y diferir cualquier elección hasta el 2018 cuando las condiciones podrían mejorar. Pero todo apunta que cada día la crisis se profundiza llegando a un nivel que escapa a la capacidad de maniobra del régimen para recuperarse electoralmente.
Luego de la sentencia del TSJ intentando anular a la Asamblea Nacional y la ola de protestas que se desencadenaron el gobierno cambió su valoración del conflicto a una que admite que la recuperación política y electoral del chavismo no es posible y plantea la necesidad de mantener el poder “como sea.”
Sobre este diagnóstico el régimen lanza la fórmula suicida de la Constituyente Comunal que podría ser electa con la base electoral chavista del 20%. En medio de la prisa y la desesperación por despachar esta elección fraudulenta para Junio de este año el gobierno no ha podido explicarle al país y menos a su base chavista porque la solución a los males del país es liquidar la Constitución de Chávez. Para asombro de todos Maduro argumentó que la"...actual Constitución es causal de alta impunidad y de modelo económico rentista...".

La convocatoria de una ANC no oculta la intención de crear una situación de facto con barniz pseudo legal para nunca más entregar el poder por la vía democrática. Esto lanzará al país los hasta ahora desconocidos caminos de una guerra civil que por su crueldad y brutalidad jamás se podrá comprar con las jornadas más violentas de Ezequiel Zamora. La minoría fanática en el poder prefiere quemar el país y su gente que entregar pacíficamente el gobierno. Sera una batalla definitiva entre la civilización y la barbarie por el alma de la república. @humbertotweets

miércoles, 3 de mayo de 2017

La crisis terminal del socialismo del siglo XXI

La propuesta de Hugo Chávez, que pretendía abrir caminos a un nuevo modelo político y económico ha quedado reducida a una mezcla de citas inconexas y prácticas erráticas e improvisadas, absolutamente ineficaz para guiar la conducta de quienes hoy no saben qué hacer con la conducción del Estado. Los signos que muestran el colapso de este modelo son evidentes.

Corrupción. Adjetivar el socialismo como “del siglo XXI’ le permitió a Chávez ensayar un socialismo a la venezolana, donde la abundancia de petróleo y el saqueo de los recursos del Estado crearon una nueva casta de corruptos privilegiados del régimen, conocida como “Boliburgueses”. Estos operadores civiles y militares, junto con sus familias, crecieron y se multiplicaron bajo la sombra del propio Chávez cuando estaba vivo, y aumentaron su poder e influencia en el gobierno de Nicolás Maduro. Esta casta simboliza la quiebra moral de la llamada revolución bolivariana.

Colapso económico. Mientras hubo suficiente ingreso petrolero, el gobierno pudo disimular los devastadores efectos de una política que desmanteló complemente la economía, su industria, comercio y agroindustria. Desde hace muchos años, Venezuela no produce lo que come. Pero ahora es peor, porque no hay dólares para importar comida ni medicinas. El dinero que le entra al país por concepto de petróleo va directo al pago de la deuda externa y sus intereses causados por la voracidad de una mafia cambiaria que hoy sigue exprimiendo hasta el último dólar de las reservas del país. Este es el precio que el gobierno paga para no declararse en default y no acelerar su caída.

Alianza cívico-militar. Esta sospechosa unión de civiles y militares fue propuesta para darle forma al partido militar del chavismo. Pero esto no se concretó, y hoy ha degenerado en un pacto antinatural, donde Generales de los ZODI coordinan acciones represivas con los colectivos armados paramilitares y organizan escuálidos desfiles cuyos protagonistas son las milicias armadas con fusiles de madera.

Crisis militar. Aunque nadie sabe exactamente lo que pasa en esa caja negra llamada FANB, se sabe que tropa y oficiales han perdido fe y respeto a sus superiores por los groseros niveles de corrupción. Oficiales son perseguidos por denunciar irregularidades. A esto se agrega el estado de abandono de equipos e instalaciones, y las pésimas condiciones de vida de los militares que no están enchufados. La partidización de las fuerzas armadas ha minado su capacidad profesional y operativa, al privilegiar en posiciones de comando a militantes políticos en lugar de militares de carrera.

El fracaso de las comunas. Chávez propuso el poder comunal administrado por las juntas comunales como un modelo de poder paralelo a instituciones del Estado establecidas, como la Asamblea Nacional. Las comunas fracasan porque el jefe del PSUV en cada zona se convirtió en el mafioso local, centralizando el cobro de comisiones por la fiscalización de obras, y últimamente cobrando peaje por el reparto de bolsas de comida. Las juntas comunales se convirtieron en otro foco masivo de corrupción y chantaje para extorsionar a los mismos chavistas.

Trabajadores. Durante el llamado gobierno socialista de Chávez, y el del “presidente obrero”, Nicolás Maduro, nunca los trabajadores venezolanos del sector público y privado habían sufrido, tanto como ahora, el arrebato de sus derechos. No solo es la devaluación lineal del valor del salario; es el retroceso en las conquistas laborales, la arremetida en contra de la contratación colectiva y la capacidad de organizarse para defender sus derechos. Más del 70% de los trabajadores de empresas públicas y básicas del Estado no apoyan al gobierno, porque han sido víctimas de sus atropellos.

Pueblo. El retroceso de esta revolución ha llegado al punto de tener que renegar de sus orígenes. Ahora es una revolución sin pueblo, sin apoyo en las clases populares y clases medias de Caracas y de las principales ciudades del país. El PSUV y los partidos aliados del gobierno han perdido total presencia en la calle. Lo que le queda al régimen para sostenerse son las FANB, el TSJ y el CNE. Esas instancias secuestradas por el régimen, y no el pueblo, son los nuevos ejes de poder político de la revolución y su único sustento.

Elecciones. La contradicción más dramática de todas es que, derivado de la pérdida de apoyo popular, el régimen ahora maniobra para evitar cualquier tipo de elección porque sabe que, si participa, pierde. Por eso se debaten entre no hacer elecciones definitivamente o hacerlas en un clima controlado, previa purga del registro electoral e inhabilitación de los partidos políticos de oposición. Aquí el gobierno podría animarse a buscar una solución tipo Nicaragua. Pero mientras resuelve si va o no a elecciones, el régimen juega a lo único que le queda para sobrevivir: ganar tiempo mediante estratagemas como el diálogo y negociaciones en términos lo suficientemente imprecisos como para seguir estirando la agonía.

La pérdida de apoyo popular del chavismo no es un simple malestar temporal que se pueda curar con prebendas o promesas, como pareciera creer el gobierno. No es malestar lo que hay en la calle. Lo que hay es un rechazo e indignación profunda y militante contra el régimen que se expresará con furia en la primera oportunidad que el pueblo sea convocado. Teóricos y operadores chavistas quisieran creer que se trata de una crisis coyuntural y que podrían vencer si tan solo tuvieran unos meses más en el poder.

Todo indica que la situación económica, política y social del país va a seguir empeorando, agudizando las contradicciones y las condiciones objetivas que permitirían abonar el terreno para derrocar a la dictadura. El socialismo del siglo XXI enfrenta una crisis orgánica, final y definitiva por su incapacidad para salvar al país y salvarse a sí mismo.