domingo, 25 de junio de 2017

¿Podremos detener el fraude Constituyente?

El grave conflicto político interno que hoy vive Venezuela no es una confrontación típica. Al régimen no se le puede catalogar como una dictadura clásica porque usó los mecanismos del poder público para burlar la legalidad y obtener el poder por la vía electoral”. Tampoco se puede establecer que se vive una situación convencional de guerra civil ya que no hay dos o tres pedazos de la república enfrentados entre sí. Más bien se trata de una confrontación asimétrica donde una oligarquía política y militar ejecuta un magnicidio sin precedentes en América latina para mantenerse en el poder.
Quizá sea por lo atípico de este conflicto que los dirigentes de la oposición, casi todos formados en la ideas del civilismo y la democracia, dudaron a la hora de establecer una agenda de lucha efectiva contra el régimen. A la oposición venezolana le tomó más de 16 años entender que lo que tenía frente a sí era una dictadura con velo democrático. Y una vez que lo hizo se encontró con el grave reto de enfrentar ese régimen antidemocrático dentro de las “formas democráticas” que el propio régimen permitía.
El triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015 usando el sistema viciado del Consejo Nacional Electoral tomó por sorpresa al régimen que estaba seguro de ganarlas con sus habituales mecanismos fraudulentos. Pero esa victoria también generó la falsa esperanza en la oposición que si era posible derrotar al régimen por la vía democrática y electoral. Con base a esto la oposición se embarcó en todas las opciones legales y jurídicas posibles para tratar de provocar un cambio institucional dentro de la legalidad Constitucional.
Desde la Asamblea Nacional se plantearon diversas fórmulas para tratar de controlar legalmente al régimen y cada una fue burlada por los otros poderes públicos secuestrados por la dictadura. La oposición no entendió que la dinámica política planteaba un viraje táctico inmediato para cambiar de la lucha jurídico-institucional a una político-militar para derrocar a la dictadura. Allí se perdieron meses que han podido invertirse en la organización ciudadana de la resistencia al régimen a todos los niveles y en todos los sectores.
Ahora nos encontramos en un punto donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha logrado un mínimo de consenso entre sus factores para impulsar la lucha política sin aun abandonar la esperanza de la lucha jurídico-institucional. Aunque el llamado de la MUD para ejercer las garantías establecidas en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional fue contundente, la manera de hacerlo no ha sido tan clara. En el comunicado leído por Freddy Guevara hay entrelíneas un llamado a organizarse por centros de votación para impedir la Constituyente. Aunque este sería el paso lógico en esta estrategia de lucha sería una aventura dejarlo a la interpretación de cada quien y sin el menor esfuerzo logístico y organizativo.
Con toda razón la analista Rocío San Miguel alertó: “No puede entregársele a los venezolanos la responsabilidad de enfrentarse a soldados del Plan República armados con Kalashnikov…” En esta coyuntura es legítimo para los factores democráticos preguntarnos: ¿Estamos organizados y preparados para detener el fraude Constituyente? Y de ser así, ¿cómo?






jueves, 22 de junio de 2017

Ellos o nosotros

Aunque parezca increíble, no es exagerado afirmar que al día de hoy no hay posibilidades de encontrar una solución jurídica dentro del marco legal vigente a la crisis política en Venezuela. No hay legalidad y el régimen ha ultrajado deliberadamente  todas las reglas del juego político democrático. Es imposible encontrar una solución institucional cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la cúpula las Fuerzas Armadas actúan como sostenes del régimen. No hay ninguna instancia del poder público nacional que pueda arbitrar la solución a esta confrontación.
Hay quienes aún abogan por una negociación cuerpo a cuerpo entre la oposición y el régimen como fórmula para resolver la crisis. Eso es imposible porque el régimen no está interesado en negociar, está interesado en crear escenarios para emboscar a la oposición y aniquilarla. No se puede negar la racionalidad de la negociación política cuando las partes actúan con una lógica que al menos apunta a proteger la vida humana. Este no es el caso. Aquí estamos en presencia de una pandilla suicida que hace tiempo decidió en un pacto diabólico si “Venezuela no es de nosotros, no sera de nadie.” Y así decretaron la destrucción de la república.
También hay quienes escandalizados por los horrores que comete el régimen contra la población civil dicen que no podemos rebajarnos a ser tan inhumanos como ellos. Este enfoque es absolutamente racional y políticamente correcto. Además, eso eso lo que habría que decir en condiciones normales. Pero lamentablemente la situación de Venezuela ni es normal ni se le puede comparar con experiencias en otros países.
La realidada de la calle es que mientras el pueblo trata de manifestar en forma democrática y pacífica las fuerzas militares, policiales en contubernio con los colectivos están reprimiendo y asesinando sin piedad  a cada venezolano que se les atraviesa en el camino. Según cifras oficiales ya van 62 asesinados. ?Como se puede negociar civilizadamente con quienes han ordenado estos asesinatos y llevan adelante un detallado plan de aniquilación física de la población civil?
Es cierto que la minoría gobernante tiene el control temporal de las armas para chantajear al resto de la sociedad. Pero el resto de los  venezolanos, el 80% de los ciudadanos tenemos una enorme ventaja cuantitativa  que podemos hacer valer. Somos la mayoría contundente por encima de quienes usan las armas para defender la dictadura. En esa mayoria tambien entran amplios sectores de militares que están asqueados y desmoralizados con la conducta de sus superiores. Además contamos con la ventaja cualitativa de saber que la razón, la justicia y la ley están de nuestro lado.
El gobierno ha usado la represión para tratar de inhibir la movilización popular. El perverso metamensaje es “Tienes razon, pero aunque seas mayoria, vas preso.” Y por eso hay quienes después de más de setenta días de lucha se comienzan a preguntar si todo este sacrificio tiene un sentido.
Estos son los instantes definitorios de la lucha política cuando la dirección opositora de la MUD debe no solo hacer un llamado a calle y mas calle sino a prepararse para defender el derecho universal a la vida. Esto lo han entendido más rápido las comunidades que sin ningún tipo de orientación les ha tocado que aprender e improvisar estrategias para repeler los asaltos de las bandas uniformadas del régimen. Los millones de venezolanos que se oponen al régimen aman la paz, pero esto no puede significar sucumbir estoicamente ante una masacre anunciada.
Hemos llegado a este horror porque discutimos asuntos complejos de vida o muerte. Para el oficialismo la sola posibilidad de entregar el poder produce vértigo. Solo pensar en rendir cuentas luego de 18  años de violaciones y saqueos produce pánico y lleva a buscar con desesperación atajos suicidas. La posibilidad de ir a la cárcel por los delitos cometidos ha tejido una inmensa red de complicidades entre operadores civiles y militares del régimen.
Para el resto de nosotros se trata de luchar por el alma de la república y su recuperación de las garras de la tiranía.
Si logramos salir de esto y nos ponemos de acuerdo en Venezuela podremos vivir ciudadanos de diferentes credos políticos, de izquierda o de derecha,  respetandonos las diferencias. Lo que no podemos es negociar o convivir es con quienes saquearon el país y cometieron crímenes de lesa humanidad convencidos de que jamás pagarían por sus crímenes. Con ellos la lucha es frontal. Ellos o nosotros.




domingo, 18 de junio de 2017

La hora de la huelga política

Al hacer una valoración de la correlación de fuerzas entre la oposición y la dictadura se puede apreciar el masivo rechazo al régimen en la calle. De hecho el chavismo ha sido literalmente expulsado de las calles de Venezuela. Ya el PSUV no llena ni una cuadra del centro de Caracas pasando lista a los becados de PDVSA. Sin embargo, en esta guerra asimétrica el gobierno se mantiene atornillado al poder gracias a la represión de las FANB sobre la población civil.
Todas las opciones legales y Constitucionales para lograr una salida política a la crisis en Venezuela se estrellan con una realidad: La institución militar actúa amarrada por miedos y complicidades en defensa de un régimen que perdió apoyo popular. Infructuosos han resultado los esfuerzos de la oposición para tratar de sacar a los militares de ese estado de embrutecimiento colectivo que los lleva a defender ciegamente un régimen genocida y criminal. Muchos de estos Generales y efectivos actúan convencidos que nunca tendrán que rendir cuentas de sus crímenes.
A estas alturas la oposición debe pararse en la realidad y admitir que tratar de hacer entrar en razón  a los altos mandos militares es prácticamente imposible. Lo que sí es viable, y ya hemos visto numerosos ejemplos de ello es que jóvenes oficiales, tenientes y capitanes, se sigan pronunciando individualmente en contra de la dictadura. Sin embargo esas manifestaciones de rebeldía tendrían que reproducirse masivamente para desmontar la viciosa estructura que hoy controla a la FANB.
La fuerza política de la oposición está en la calle, pero no en la protesta a cielo abierto en una autopista que expone innecesariamente a los más jóvenes a caer sacrificados ante las balas asesinas del gobierno. Lo que podría re-equilibrar esta guerra es una acción de calle masiva y envolvente como una huelga política nacional que paralice al país y derroque la dictadura.
El objetivo político inmediato de la huelga general es lograr por la vía de la presión colectiva paralizar todas las funciones políticas y administrativas del régimen hasta el punto de provocar en su seno una crisis profunda y terminal.
Si efectivamente la MUD se decide a impulsar esta opción debe entender que una huelga política no se convoca, se organiza y en eso tendría que invertir sus energías para garantizar que su desarrollo será nacional, decisivo y con el menor daño a la población civil. La huelga política es una acción civil colectiva de fuerza al amparo de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente. Es previsible que la respuesta del régimen será cruel y violenta como ya se vio en el ataque a Los Verdes donde las fuerzas represivas ensayaban en menor escala el asalto a la población civil.
De todos los escenarios de confrontación planteados, el alto mando militar y el CEOFANB temen más a una huelga política general. Según reportes de inteligencia las FANB no tendrían la capacidad operativa ni logística de restablecer el orden en cada rincón del país si la huelga estalla el mismo día, a la misma hora y con la misma intensidad.

La hora de la huelga política

Al hacer una valoración de la correlación de fuerzas entre la oposición y la dictadura se puede apreciar el masivo rechazo al régimen en la calle. De hecho el chavismo ha sido literalmente expulsado de las calles de Venezuela. Ya el PSUV no llena ni una cuadra del centro de Caracas pasando lista a los becados de PDVSA. Sin embargo, en esta guerra asimétrica el gobierno se mantiene atornillado al poder gracias a la represión de las FANB sobre la población civil.
Todas las opciones legales y Constitucionales para lograr una salida política a la crisis en Venezuela se estrellan con una realidad: La institución militar actúa amarrada por miedos y complicidades en defensa de un régimen que perdió apoyo popular. Infructuosos han resultado los esfuerzos de la oposición para tratar de sacar a los militares de ese estado de embrutecimiento colectivo que los lleva a defender ciegamente un régimen genocida y criminal. Muchos de estos Generales y efectivos actúan convencidos que nunca tendrán que rendir cuentas de sus crímenes.
A estas alturas la oposición debe pararse en la realidad y admitir que tratar de hacer entrar en razón  a los altos mandos militares es prácticamente imposible. Lo que sí es viable, y ya hemos visto numerosos ejemplos de ello es que jóvenes oficiales, tenientes y capitanes, se sigan pronunciando individualmente en contra de la dictadura. Sin embargo esas manifestaciones de rebeldía tendrían que reproducirse masivamente para desmontar la viciosa estructura que hoy controla a la FANB.
La fuerza política de la oposición está en la calle, pero no en la protesta a cielo abierto en una autopista que expone innecesariamente a los más jóvenes a caer sacrificados ante las balas asesinas del gobierno. Lo que podría re-equilibrar esta guerra es una acción de calle masiva y envolvente como una huelga política nacional que paralice al país y derroque la dictadura.
El objetivo político inmediato de la huelga general es lograr por la vía de la presión colectiva paralizar todas las funciones políticas y administrativas del régimen hasta el punto de provocar en su seno una crisis profunda y terminal.
Si efectivamente la MUD se decide a impulsar esta opción debe entender que una huelga política no se convoca, se organiza y en eso tendría que invertir sus energías para garantizar que su desarrollo será nacional, decisivo y con el menor daño a la población civil. La huelga política es una acción civil colectiva de fuerza al amparo de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente. Es previsible que la respuesta del régimen será cruel y violenta como ya se vio en el ataque a Los Verdes donde las fuerzas represivas ensayaban en menor escala el asalto a la población civil.
De todos los escenarios de confrontación planteados, el alto mando militar y el CEOFANB temen más a una huelga política general. Según reportes de inteligencia las FANB no tendrían la capacidad operativa ni logística de restablecer el orden en cada rincón del país si la huelga estalla el mismo día, a la misma hora y con la misma intensidad.

jueves, 15 de junio de 2017

La jugada de la Fiscal

Sería ingenuidad o miopía ver una acción meramente jurídica en el recurso contra la Constituyente de Maduro presentado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En un país donde no hay estado de derecho, el recurso de la Fiscal tiene un efecto absolutamente inocuo. Es en el escabroso ámbito de la lucha por el poder donde la iniciativa de la Fiscal adquiere todo su significado. Por eso más que una simbólica acción legal dentro del podrido sistema judicial venezolano, lo que acaba de hacer la Fiscal hay que verlo como una impecable jugada política, cuyo alcance aún es muy temprano determinar.

Todo comenzó en diciembre de 2015 con el derrumbe electoral del chavismo. Frente a esa derrota, el PSUV y el alto mando civil y militar del régimen optaron por meter la cabeza en la tierra y desconocer la realidad. La dirigencia oficialista nunca quiso debatir las causas de la derrota y los signos evidentes del derrumbe del movimiento chavista. La mayoría de los operadores oficialistas se refugiaron en la retórica defensiva para atribuir su fracaso a la guerra económica y negarse a cambiar sus políticas.

Desde ese momento era evidente que la estrategia del gobierno sería usar la Sala Constitucional del TSJ —la cual fue plagada con militantes del PSUV— para bloquear a la nueva Asamblea Nacional y darle un barniz legal a las decisiones ilegales e inconstitucionales que emanaran del gobierno.

Por el contrario, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, intachable representante del chavismo originario, iniciaría uno de los ejercicios políticos más brillantes en la historia política venezolana. En su posición de representante del Ministerio Público y sin necesidad de renegar de su pública filiación chavista, la Fiscal Ortega Díaz desarrolló una política de reconocer a la AN como poder público constituido. La presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional en enero de 2016 y sus reiterados contactos institucionales, evidenciaban un viraje del funcionario que meses antes había convalidado el cuestionable papel instrumental de fiscales del ministerio público en la condena de cientos de presos políticos, siendo algunos de los más emblemáticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Luego vendrían las acciones que marcarían el deslinde definitivo entre el madurismo y el chavismo originario. Dos sentencias apuradas y mal redactadas del TSJ desconociendo a la Asamblea Nacional, le permitieron a la Fiscal Ortega Díaz declarar que el hilo Constitucional se había roto en Venezuela. Semanas más tarde, la Fiscal se encargaría de demoler los argumentos del Presidente de la República y su CNE para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en fraude a la Constitución.

¿Por qué la Fiscal convalida con esta acción de nulidad un TSJ ilegítimo e ilegal? ¿Por qué intenta este recurso a sabiendas de que será negado por el TSJ? Seguramente porque la Fiscal entiende, más que nadie, que el grave conflicto interno que vive Venezuela solo se podrá resolver por vías políticas, no jurídicas. Por eso la Fiscal, aun sabiendo que su petición será negada, oculta la verdadera potencia de su arma, cuando en la misma acción de nulidad llama a los venezolanos a invocar el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.

A diferencia de las juntas directivas de la AN en el 2016 y 2017, la Fiscal Luisa Ortega Díaz no se detuvo a preguntarse cómo hacer valer el ejercicio de sus atribuciones. Tampoco la Fiscal se puso a averiguar cuántos generales chavistas la acompañarían en esta jugada. Simplemente evaluó sus atribuciones legales y Constitucionales y las ejerció, sin pedirle permiso y sin negociar con nadie.

La Asamblea Nacional también tuvo no una, sino mil oportunidades de ejercer a plenitud sus atribuciones legales y Constitucionales desde enero de 2016 y hasta la fecha para destituir al TSJ, renovar el CNE e invocar el 333 y el 350. Con diferentes excusas nunca lo hicieron. Luisa Ortega Díaz solo tuvo una oportunidad, y la aprovechó.

La falta de una visión estratégica de la lucha política por parte de la MUD, los ha llevado a ver en la jugada de la Fiscal el recurso final para enfrentar al régimen de Maduro. De la noche a la mañana toda la organización y logística de los partidos de la MUD está al servicio de pedir firmas para adherirse al recurso de la Fiscal. En forma irreflexiva e irresponsable, la MUD está poniendo todo un capital político de luchas y sacrificio en manos de un representante del chavismo, si admitimos que la naturaleza real de su acción es política, no jurídica.

Esto nos lleva a la parte más perversa y perniciosa de la jugada de la Fiscal. Su misión es proteger el legado de Chávez, promover una transición política que signifique un cambio de gobierno, pero que deje intacto el modelo de Estado chavista, y que eventualmente permita el regreso al poder de un chavismo más atemperado, pero chavismo, al fin y al cabo. Luisa Ortega Díaz jamás ha ocultado sus intenciones.  Independientemente de lo que pase de aquí al 30 de julio, no hay duda de que la salvación del chavismo como movimiento político está hoy en las manos de Luisa Ortega Díaz.

Si la jugada política de la fiscal logra sumar decisivos apoyos del chavismo en el seno de las FANB, se darían las condiciones para hacer retroceder a Nicolás Maduro con su Constituyente. Este evento podría provocar el inicio de una transición de gobierno, del madurismo hacia uno de “salvación nacional”, con el apoyo de la MUD y el chavismo originario, aislando a factores “radicales” de ambos polos. Luisa Ortega Díaz estaría en la posición única de recibir el respaldo y la confianza de ambos bloques para asegurar que los acuerdos de convivencia sean respetados, incluyendo el modelo perverso de Estado chavista que hoy nos ha traído al borde de la disolución de la república.




domingo, 11 de junio de 2017

Chavismo, entre Constitución y Constituyente


El rechazo el 80% de la población a Maduro no es ficción. Esta realidad se ha confirmado luego de más de dos meses continuos de protestas que han convulsionado al país y que parece seguirán en aumento a pesar de la escalada represiva del régimen. El caos político, social y económico sumado a la más brutal represión contra la población civil ha puesto a Venezuela en una situación de guerra civil donde una minoría con el apoyo de sectores inmorales de las fuerzas armadas intenta imponerse sobre el resto de la sociedad que es la mayoría.
Sabiendo que cuenta con los resortes básicos para mover a los militares en su favor el gobierno ha llegado al descaro de asumir su cualidad de minoría política e intenta gobernar en tal condición. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y sin referéndum popular consultivo pretende darle un piso legal a un  régimen que impúdicamente admite que ha perdido toda legitimidad frente al pueblo. Esta búsqueda afanosa de una legalidad “a la fuerza” los ha llevado a convocar una Constituyente express pasando por encima de la propia Constitución y admitiendo que quizás no voten ni siquiera cien mil personas.
La locura de Nicolás Maduro, secundada por la camarilla Cabello, El Aissami, y Rodríguez ha creado un cisma en el chavismo donde se enfrentan dos posiciones distintas e irreconciliables: Constitución vs. Constituyente. Los primeros defienden mantener intacta la Constitución vigente como legado directo de Hugo Chávez. Los segundos alegan que hay que cambiarla aunque en realidad se ve claramente la intención de alterar violentamente las reglas del juego político para asegurar su permanencia en el poder a pesar de ser minoría.
Este debate es crítico para prever el desenlace de esta crisis ya que su resultado podría cambiar la correlación de fuerzas en el sector militar mayoritariamente chavista. Allí también se confrontan ambas tesis pero, a diferencia de la discusión civil, en el sector militar las desavenencias serán dirimidas en un conteo preliminar de batallones y guarniciones.
A pesar de los vergonzosos niveles de corrupción que corroen hoy a las FANB allí parece existir un sentimiento genuino de lealtad a la Constitución de 1999 como legado histórico directo de Hugo Chávez. Entonces para los militares el debate entre Constitución Vs. Constituyente cobra una especial importancia existencial porque va más allá de proteger los intereses de la cúpula  o los delitos de narcotráfico, corrupción y de lesa humanidad cometidos por altos oficiales. Para estos militares en el seno de las FANB lo que está en juego es el legado de Chávez, la integridad de la república y el futuro mismo de las FANB.
Una Constituyente como la ha convocado Maduro acabaría con el chavismo como fuerza política, aceleraría el derrumbe de la república y destruiría lo que queda de las FANB. Pero en el chavismo militar la confrontación Constitución Vs. Constituyente parece esconder otra más visceral: la de supervivencia vs. complicidad. @humbertotweets


jueves, 8 de junio de 2017

Siria en América Latina

Hugo Chávez comparte el honor, junto a Bashar al-Ásad, de ser precursor de un novedoso modelo de tiranía caracterizada como una dictadura de nuevo tipo.

Hasta 1999, políticos y analistas coincidían en que el modelo clásico de la dictadura civil o militar implicaba el desconocimiento expreso de los poderes públicos, a través de la supresión arbitraria de leyes e instituciones democráticas por parte del dictador o tirano. Por la vía de los hechos o “de facto”, el nuevo poder desconocía en su propio nombre el ordenamiento jurídico e imponía su voluntad con el apoyo de las fuerzas militares.

Luego de la llegada de Chávez al poder en Venezuela, en medio de una profunda crisis política y de gobernabilidad, el recién electo presidente propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución como solución a la crisis coyuntural. No sólo era innecesaria una nueva Constitución para resolver problemas de política interna, sino que además se convocó a una Constituyente a prisa e improvisada en contra de la Constitución vigente para el momento.

Esa Constituyente, convocada en 1999 en forma fraudulenta, se convirtió en una forma novedosa de golpe contra el estado de derecho y la institucionalidad democrática, aunque esto haya ocurrido con respaldo popular.

La Constituyente de 1999 eliminó el sistema de pesos y contrapesos de la democracia para concentrar todo el poder en manos del presidente de la república, en detrimento de los otros poderes públicos. Desde entonces, se inicia en Venezuela una dictadura de nuevo tipo, una que no necesita desconocer de facto la institucionalidad; sino que, por el contrario, usa las propias instancias del poder público para secuestrarlo y refrendar el fraude y la ilegalidad.

Esta dictadura usa formas más sofisticadas de manipulación y control para darse un barniz de presunta legitimidad. En Venezuela, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, ha sido clave para organizar elecciones en una forma que favorece a los candidatos oficialistas. Con esta ayuda, Chávez ganó todas las elecciones que quiso, y el chavismo controló desproporcionadamente el parlamento, hasta que en 2015 el sistema electoral que había sido diseñado para abultar los votos chavistas colapsó.

El descontento de más de un 70% del país superó las previsiones de los algoritmos viciados del CNE y le otorgó a la oposición una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, que solo pudo ser arrebatada por otro fraude fraguado desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Así como Ásad en Siria, Chávez en Venezuela descubrió las bondades de instalar un régimen autoritario con apariencia democrática y legal, suficiente para evitar el escrutinio de la comunidad internacional ante evidentes delitos de narcotráfico y de lesa humanidad.

Siria y Venezuela tienen regímenes dictatoriales sofisticados, sustentados en altos niveles de represión policial y militar, que se protegen en el concepto de soberanía para evadir sus responsabilidades internacionales con los derechos humanos. Estas dictaduras de nuevo tipo cometen atrocidades contra la población civil y se amparan en formas democráticas fraudulentas para evitar ser etiquetadas como “dictadura.”

En el caso de Venezuela, bajo el mandato de Chávez, el régimen alentó una política de “zanahoria y garrote” para lograr cierto nivel de cohabitación política con la oposición y reforzar su legitimidad sobre todo a escala internacional. Así, al tiempo que Chávez desarrollaba sus políticas represivas, le permitía ciertos espacios a la oposición, siempre muy por debajo de su nivel real de influencia electoral. Esto le permitió a Chávez y al régimen jactarse de “ganar 17 elecciones seguidas con el sistema electoral más perfecto del mundo”. En esa lógica chavista, una dictadura que gana elecciones, no merecía llamarse dictadura.

Pero el modelo de Estado que se establece en la Constitución de 1999 fue creado a la medida de Hugo Chávez y de sus caprichos megalómanos. La eliminación del Congreso, de la bicameralidad; la creación del Consejo Moral, la influencia del partido de gobierno en las Fuerzas Armadas, partían de la premisa que solo un hombre con las características de Chávez estaría siempre a la cabeza de ese Estado.

Con la muerte de Chávez en el 2013, se inicia la implosión del modelo de Estado chavista con todas sus perversiones, ante la evidente incapacidad de Nicolás Maduro y de los otros hijos putativos de Chávez para maniobrar, con la misma habilidad, la política del “garrote y la zanahoria”. Con Nicolás Maduro y la nueva pandilla gobernante (Cabello, El Aissami, Rodríguez) se inicia una nueva política fundamentalista del “todo o nada” que liquida cualquier posibilidad de gobernabilidad, y lanza al país por el abismo del caos y al borde de una guerra civil.

La grave crisis política, social y económica, y el masivo rechazo popular, han hecho retroceder al régimen a las formas de una dictadura clásica que no tiene otra salida que hacerse valer por la vía de la represión policial y militar, y el desconocimiento “de facto” de su propia legalidad. El momento clímax de esta contradicción fue la convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la constitución que Chávez les había encomendado como su más preciado legado. Esta vez el objeto de la reforma Constitucional es cambiar la forma del estado y su estructura a una que les permita “legalmente” eliminar la alternabilidad y nunca más entregar el poder.   

Como Siria, la dictadura venezolana no tiene otro recurso para sostenerse en el poder que reprimir a su población civil y forzar por la vía de los hechos un evento como la Constituyente, aunque no participen en esa elección ni siquiera el 5% de los electores.  De aquí en adelante solo podemos esperar formas más primitivas y brutales de represión y fraude político. 

Si instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos siguen haciendo concesiones a la indecisión, y fallando en caracterizar correctamente al régimen venezolano como una dictadura, muy pronto tendremos no una, sino varias Siria en América Latina. Todas alentadas por la falta de compromiso y firmeza de los países en la región en defensa de la democracia y la libertad.