jueves, 17 de agosto de 2017

La cohabitación entre la dictadura y la MUD

Los días que siguieron al 16 de julio fueron de dramática agonía para los venezolanos. La dirigencia de la MUD comenzaba a lanzar sus globos de ensayo antes de la elección constituyente, para “preparar” a su audiencia frente a una lastimosa secuencia de saltos acrobáticos y piruetas políticas, justificados con “jugar ajedrez en varios tableros” y “no dejarle espacios al régimen”. En otras palabras, un cambio radical en la estrategia de la oposición y una traición a lo aprobado por millones de ciudadanos en la consulta popular (renovación de poderes públicos y la conformación de un gobierno de unidad nacional).

Pero sería el 30 de julio, no el 16, cuando se iniciaría una nueva fase de lucha contra la dictadura, una vez conocidos los resultados del fraude Constituyente. A nadie, ni siquiera a los medios de comunicación, le interesaba saber quiénes habían sido electos. Eso en verdad era irrelevante. La noticia que reclamaba confirmación es que efectivamente, tal como tantas veces el gobierno lo había anunciado, la constituyente oficialista había sido electa contra más del 80% del país. Esto significa que el régimen seguía avanzando en su proyecto de estructurar un estado totalitario de nuevo tipo, soportado por las fuerzas militares y, ahora, con una oposición controlada.

Frente a esta nueva realidad, la MUD adoptó una nueva política que expresa su nueva estrategia de supervivencia: La cohabitación con el régimen. Sin ni siquiera convocarse para un análisis de la coyuntura o rendir cuentas de su actuación pivotaron sin pestañear a la jugada siguiente. Pretendiendo dominar las oscuras artes de los “zorros políticos”, anunciaron que por consenso habían decidido ir a unas elecciones regionales de las cuales tan solo unas semanas simulaban rechazar.

La nueva política de cohabitación con el régimen ha producido una división de hecho de la oposición venezolana. Ya no habrá más unidad hipócrita en torno a las agendas particulares de cada partido de la MUD. De ahora en adelante habrá una oposición oficialista, controlada por el régimen y con carta de buena conducta como generosamente lo ofreció Diosdado Cabello. Y la otra oposición, la que gobierno y MUD coinciden en llamar “radical”, pero que pondrá los presos y los muertos en las faenas que vienen.

La MUD cree que siendo dócil y complaciente con el régimen logrará sobrevivir y pasar agachada durante estos años, hasta que el colapso económico logre lo que ellos políticamente no pudieron. Al menos eso espera. Pero esa apuesta por pelear “dentro del sistema” tiene muchos riesgos. Y uno de ellos es la incertidumbre de no saber si el régimen cumplirá su palabra y no los eliminará cuando llegue el momento. La MUD prefiere aferrarse a esa ficción antes que recordar las innumerables ocasiones en las cuales el gobierno prometió, engañó y no les cumplió.

Pero además, para satisfacer al régimen, la MUD tendrá que tragar grueso, asumiendo que eso sea una incomodidad moral para ellos. Una vez que los partidos de la alianza electoral comunicaron oficialmente su intención de participar en las regionales, el gobierno no tardó en  responder como corresponde a una dictadura: 1) Le prohíbe a la MUD participar en 7 estados; 2) Adelanta las regionales para Octubre, y así le impide a la MUD hacer primarias; 3) Saca al rector Rondón temporalmente del CNE para luego reincorporarlo en condiciones de absoluta sumisión; y 4) Separan las elecciones de gobernadores de la de los Consejos Legislativos regionales, para compensar el poder que perderán en algunos estados que le reconocerán a la “oposición”.

No digamos que por dignidad, porque esto es un asunto entre políticos. Pero por elemental pragmatismo, la MUD ha podido condicionar su participación a una reestructuración del CNE donde haya equilibrio y al menos al respeto de la ley electoral vigente. Pero ya los afiches salían de la imprenta y la campaña de los aspirantes a gobernadores rodaba por las redes sociales.

Esto significa que la MUD no solo aceptó las condiciones de fraude para las regionales de Octubre. Igualmente esta alianza electoral aceptará cualquier migaja que el régimen le tire y la exhibirá orgullosamente como “una victoria histórica contra el fraude del gobierno, y prueba que la única vía para sacarlos es la electoral”; no sin antes propinarle una buena dosis de chantaje emocional al pueblo opositor, a quien soterradamente culparán de la derrota por no haber sido partícipe del engaño de la MUD.

Los gobernadores de la oposición que sean aceptados por el régimen serán minusválidos políticamente. Estarán sometidos a la tutela de los Generales de las ZODI donde realmente estará el poder. Tendrán que resignarse, guardar silencio ante estos militares o soportar los mismos empujones que el infame coronel Lugo le propinó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Y quienes se atrevan a levantar la voz o encabezar una protesta contra el gobierno, ya sabe que le espera la cárcel sin retorno. Y tampoco habrá poder que los defienda. Menos, por supuesto, una Asamblea Nacional, que para complacer al régimen — bien temprano, en el 2016— renunció a su poder soberano y fue incapaz de defender la integridad de sus dos terceras partes.

La cohabitación política entre el gobierno y la MUD representa únicamente los intereses de una oligarquía de partidos de izquierda y de derecha. Allí no están representados los intereses de los ciudadanos. A esa oligarquía hay que combatirla con la misma intensidad que a cualquier otra tiranía.

jueves, 10 de agosto de 2017

La emboscada de los “pie de página”

En mis cinco años como estudiante de derecho en la Universidad Católica del Táchira nunca tuve un profesor que hiciera preguntas capciosas. Pero siempre escuchaba relatos de otros estudiantes quejándose de que a tal o cual profesor le gustaba sorprender a sus estudiantes con preguntas engañosas o rebuscadas de los textos. Sobre todo, eran particularmente conocidos aquellos que preferían estructurar sus preguntas tomando conceptos ocultos en los “pie de página” que usualmente uno acostumbraba a esquivar.

Esos “pie de página” se parecen en su forma, complejidad y tamaño, a las cláusulas de algunos contratos de garantía de electrodomésticos, redactados en forma tan enrevesada y en letra tan pequeña como para que nadie logre descifrar su contenido.

Cuando leí la tercera pregunta propuesta por la MUD en la consulta popular del 16 de julio, me llamó la atención que, a diferencia de las otras dos, su redacción no era clara en una primera lectura: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?”

Es el tipo de pregunta que hay que leer varias veces para entenderla. Luego de hacerlo, pensé que había entendido su contenido y voté con toda confianza al igual que millones de venezolanos.

Deduje que estaba votando para ratificar mi mandato a la Asamblea Nacional: la renovación inmediata de los poderes públicos, específicamente el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Aun cuando esto no se decía expresamente —y de hacerlo haría la pregunta mucho más larga— pensé que a eso se refería, porque la mayoría de los integrantes de ambos poderes tienen su mandato vencido.

También supuse que después de la renovación de estos poderes y de la designación de un gobierno de unidad nacional, entonces se convocarían unas elecciones libres. Aunque tampoco se especificaba cuáles, pensé que serían comicios generales para elegir presidente de la República, Asamblea Nacional, Gobernadores y Alcaldes.

Aunque no me gustaba la secuencia establecida en la tercera pregunta (renovar poderes, hacer elecciones, gobierno de unidad), no le di mayor importancia. Pensé que era un aspecto meramente formal, y que quien redactó la pregunta en realidad se refería a un proceso lógico y político de renovar poderes primero, conformar un gobierno de unidad después, y finalmente, ir a unas elecciones libres supervisadas por ese nuevo gobierno.

Como el mandato se le estaba dando en forma expresa a la Asamblea Nacional, no le pregunté a ningún diputado si sería la misma Asamblea la que tomaría todas esas acciones, pues parecía implícito que lo haría el poder legislativo.

Como estamos en situación de guerra, pensé que, por la urgencia del momento, era una impertinencia pedir a los representantes de la MUD que promovieran un debate previo al plebiscito para explicar el significado y el alcance de las preguntas en la consulta popular; sobre todo de la tercera. Además, se trataba de temas que se venían discutiendo públicamente desde hace varios meses; algunos de los cuales, inclusive, fueron ventilados en la propia Asamblea Nacional, como la destitución del Presidente Nicolás Maduro.

Convencido de lo anterior, voté afirmativamente a las tres preguntas, seguro de que le estaba renovando mi apoyo a la MUD y a la Asamblea Nacional que tal vez por falta de apoyo, luego de un año de electa, aun no tomaba esas decisiones.

Una vez conocidos los extraordinarios resultados de la consulta popular del 16J, el discurso político dio un giro de 180 grados. El primero en practicar el malabarismo fue Julio Borges, Coordinador de Primero Justicia, quien, con la mayor espontaneidad y desenfado, le declaró a César Miguel Rondón que “la Asamblea Nacional no está para eso” ¿Para qué? Para nombrar un gobierno de Unidad Nacional tal como millones de venezolanos lo aprobamos en la consulta popular. Y así, con voz grave y serena, explicó que la lucha de ellos era para que fueran los venezolanos quienes eligieran su gobierno, no la Asamblea. Generoso acto de desprendimiento con el cual trataba de evadir lo expresamente aprobado en la consulta.

Luego le tocaría el turno al prestidigitador mayor, Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, quien tres días después de la consulta —frente a la mirada atónita de miles— saca del sombrero del mago un Pacto de Gobernabilidad que no fue otra cosa sino una lista de promesas electorales y frases retóricas para unas elecciones que jamás ocurrirán durante este régimen. El pacto de gobernabilidad fue fabricado a última hora como una forma de compensar públicamente la falta de voluntad para conformar el gobierno de unidad nacional tal como había sido aprobado.

Cuando a Ramos Allup le preguntaron por el gobierno de unidad nacional, respondió escueta y lacónicamente: “Mira chico, tú no sabes lo que estás diciendo, eso no está en la Constitución”. De haberlo dicho antes, le habríamos ahorrado la molestia.

Ahora nos damos cuenta de que las preguntas de la consulta popular venían con pie de página y letra pequeña; además, redactadas en un lenguaje críptico que sólo oráculos de la política criolla como Henry Ramos Allup o Julio Borges nos podrían ayudar a descifrar. Al final, resulta que votamos por algo que no era. Pensamos que estábamos decidiendo una cosa, y ahora los magos de la política nos dicen que es otra. Si ellos lo hubiesen explicado con claridad, seguro los resultados habrían sido muy diferentes.

En Venezuela estamos luchando contra la tiranía y por la libertad. Pero también por una nueva forma de hacer política, donde los derechos de los ciudadanos no sean emboscados por las trampas leguleyas y engañosos “pie de página” de los operadores partidistas de turno.

domingo, 6 de agosto de 2017

Las costosas migajas de la MUD

La profundización de la crisis política ha redefinido con mayor nitidez las posiciones que tratan de confrontar a la tiranía. Detrás del llamado amplio y genérico de luchar contra la dictadura y la tiranía hay una variedad de fórmulas que abordan el cómo hacerlo y qué hacer luego de que se logre.
Estos enfoques diferentes se han hecho más perceptibles en las últimas semanas cuando la MUD tuvo que asumir públicamente sus diferencias. Ya para la convocatoria de la consulta popular del 16 de Julio tuvieron que hacer un enorme esfuerzo de conciliación que permitiera coexistir las tesis de la cohabitación y la confrontación con el régimen. La redacción misma de las preguntas fue hecha en forma ambigua para complacer a todos de manera que después cada parte tendría su propia interpretación de lo aprobado.
La pregunta número 3 fue deliberadamente ambigua: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?” La renovación de los poderes según lo establecido en la Constitución implicaría la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional. Siguiendo la fórmula de la pregunta luego vendrían unas elecciones bajo la dirección de esos nuevos poderes y la conformación de un gobierno de unidad nacional.
La contradicción surge al quedar claro que la designación de esos poderes no sería más que simbólica (tal como ocurrió con el nuevo TSJ) si no hay una fuerza o gobierno que haga respetar esas decisiones. Esto llevaría a invertir el orden de la fórmula planteada y designar el gobierno de unidad nacional primero, renovar los poderes después,  para luego ir a unas elecciones libres.
La gran mayoría de los ciudadanos que votaron el 16J aseguran haber entendido que su voto era para facultar a la Asamblea Nacional en la designación de un gobierno de unidad nacional o provisional en sustitución del que preside Nicolás Maduro. Sin embargo en los días siguientes declaraciones expresas de Henry Ramos Allup secretario general de Acción Democrática “Eso no está en la Constitución” y Julio Borges Coordinador de Primero Justicia “La Asamblea no es para eso” provocarían el rechazo de cientos de miles de ciudadanos que se sienten traicionados por la MUD.
La negligencia de la Asamblea Nacional en designar oportunamente a los miembros del TSJ y del CNE desde enero de 2016, e incluso luego de la consulta del 16J, y su renuencia en ejercer sus facultades políticas y conformar un gobierno de unidad nacional han generado protesta y decepción. Pero en realidad esta repulsa va dirigida contra la MUD quien en definitiva controla las acciones de la AN y hasta ahora ha mantenido la dirección de la lucha de la oposición contra la dictadura.
Reforzando su tesis de cohabitar con el régimen para derrotarlo (¿?) Ramos Allup confirmó que Acción Democrática presentará candidatos a las elecciones regionales. De un solo manotazo el secretario general de AD, y representante de un sector de la MUD, dejó a un lado la gravedad de las denuncias del megafraude electoral del CNE ahora confirmado por la empresa contratista Smartmatic. Aunque se legitime al régimen este sector de la MUD parece dispuesto a contarse en unas elecciones controladas por el mismo órgano electoral que infló los votos para la Constituyente.
La ilusión o la esperanza de esa jugada es que el régimen, para obtener cierta legitimidad nacional e internacional, no se robe todos los cargos y deje algunos para estos partidos políticos de “oposición.” Con cinismo definen la jugada como “no dejarle espacios al gobierno.” Suponiendo que el régimen cumple con lo que les ha insinuado serían las migajas más costosas de la historia política de Venezuela, porque vendrían al costo de sacrificar la libertad. Quizás por 20 años más.

jueves, 3 de agosto de 2017

El repliegue necesario

La celebración del fraude Constituyente el pasado domingo marca una nueva fase en la lucha contra la tiranía. A pesar de no contar con apoyo popular, el régimen tratará de tomar medidas para cambiar las reglas del juego y continuar en el poder. Esto implica hacerle cambios sustanciales a la actual Constitución para adecuarla al modelo de Estado chavista, y hasta darse la prerrogativa de asumir funciones de gobierno en forma transitoria.

Una Asamblea Constituyente, electa en forma fraudulenta y sin apoyo popular, tampoco logrará respaldo para su producto final. La nueva Constitución que de allí salga, será solo la expresión sectaria del dogmatismo chavista impuesta sobre el resto de la sociedad por gracia de la traición militar a los valores de la república. Al tratar de aplicar este modelo por la fuerza, se creará una crisis que no será posible superar sin un conflicto armado.

Esta nueva coyuntura que apenas inicia, obliga a analizar el balance de lo que se ha logrado, lo que ha costado, y las perspectivas de la lucha por la democracia en el corto, mediano y largo plazo.

Hasta ahora, la Mesa de la Unidad Democrática ha mantenido el monopolio del liderazgo opositor. Esta dirección política está obligada a hacer una pausa, aunque sea por unos días, y rendir cuentas de lo que ha hecho y cómo ha administrado la confianza que se le ha entregado. No se puede seguir descendiendo en un tobogán de improvisaciones, sobre todo ahora que la dinámica de la lucha política deja de ser electoral y entra en un terreno totalmente desconocido para todos nosotros.

La MUD no logró superar sus contradicciones internas ni las impuestas por su propia naturaleza de alianza electoral para lograr la causa libertaria. Esto no es decir que es culpa de la MUD que el régimen haya impuesto su Constituyente. Más bien es decir que lo que hizo la MUD no fue suficiente para lograr detener el fraude Constituyente y, por consiguiente, derrocar al régimen tirano.

Pero ese es un debate que se tiene que dar en el seno de la MUD para rendir cuentas de la misión que le entregaron más de 7 millones de venezolanos y que no pudo cumplir. Tratar de negar ese debate con el argumento de que divide a la Unidad, no ayudará a encontrar el camino más eficiente para salir de la dictadura.

Por otra parte, los grupos que se definen como “resistencia” tienen que calibrar su papel en esta nueva fase. Desde el principio esta ha sido una guerra asimétrica, donde las armas están de un solo lado. Esto ha llevado no a una guerra civil, sino a una masacre de civiles donde los valientes jóvenes de la resistencia y ciudadanos comunes han perdido sus vidas. Pero lamentablemente, aunque esta lucha épica haya mantenido activada la calle, tampoco fue suficiente para derrocar al régimen. La lucha desigual y su sangriento resultado han levantado la condena mundial, pero no hizo retroceder a la dictadura en su brutalidad y saña.

La resistencia también tiene que reevaluar la táctica de enfrentamiento a cielo abierto con las fuerzas represivas, y cambiar a métodos que no expongan innecesariamente las vidas de sus guerreros.
Para el ciudadano común que es víctima del fuego cruzado del fanatismo político, también se inicia una nueva fase marcada por la incertidumbre. Sobre todo, para quienes irse del país no es una opción. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo derrocar a la dictadura? ¿Cómo vivir en un país en caos y sin instituciones? ¿Cómo proteger la vida sin que eso se interprete como un acto de agresión al Estado represor?

Es difícil, casi imposible, tratar de responder a estas preguntas si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, como si nada hubiese cambiado. Es preferible detenerse por unos días a reflexionar y meditar lo que hemos hecho y hacia donde en realidad queremos ir. Más aún debemos reconciliar nuestras convicciones y decidir si estamos luchando por una simple transición de gobierno o por la ruptura con el modelo de Estado chavista y su Constitución.

La idea bien intencionada de mantener una tisana electoral como dirección política de la oposición, ha probado ser un desastre a la hora de establecer una agenda común de lucha política y una estrategia de poder coherente. Y es que ganar unas elecciones en un sistema autoritario permisivo no es igual a organizar la lucha ciudadana para derrocar un modelo de gobierno tirano.

Parte del balance del resultado y las perspectivas de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela hasta ahora debe incluir un proceso de sincerar las posiciones políticas de cada uno de los factores de la Unidad. Lo deseable es que este debate abra paso a una nueva alianza política y social más amplia, que refleje los intereses de la sociedad, y no los de las agendas particulares de cada partido o de cada precandidato.

Esta nueva formación no debe actuar como camisa de fuerza sobre la sociedad para “encauzar” la lucha democrática. Más bien debe potenciar las energías que ya están latentes en la calle con el objetivo de acumular fuerzas y cambiar la correlación para desmontar el modelo de Estado chavista que nos ha traído a este caos. Para decantar todo esto, es necesario un repliegue táctico, temporal. Hay momentos en la vida y en la historia que hay que hacer una pausa para luego seguir avanzando. Este es uno de ellos.




domingo, 30 de julio de 2017

La disolución de la república

Los procesos sociales tienen coyunturas desencadenantes que liberan tendencias que solo se pueden apreciar con el paso del tiempo. La crisis política que hoy vive Venezuela es un proceso que se inició en los años 90 con el colapso de la democracia de partidos y su incapacidad para lograr sus fines establecidos en la Constitución de 1961. La miseria y la corrupción, nada comparable con los niveles actuales, puso en jaque a un sistema político descrito poéticamente en la Carta Magna pero incapaz de defenderse a sí mismo de los peligros del caudillismo y el autoritarismo.
La acumulación de la desesperanza en los ciudadanos y las contradicciones entre los diferentes grupos económicos y políticos fueron hábilmente manipuladas por Hugo Chávez para lograr apoyos de la extrema izquierda, la extrema derecha y todo lo que había entre ambos extremo para ganar las elecciones de 1998. Sin embargo ya Chávez sabía que esa sería su única oportunidad para lograr el poder en unas elecciones libres. De allí en adelante solo cambiando la forma del estado y las reglas del juego político él y su camarilla podrían mantener el poder.
La Constituyente de 1999 fue ofrecida como la panacea de la revolución bolivariana para resolver todos los problemas del momento. Cabalgando aún sobre la onda expansiva de su triunfo electoral 6 meses atrás Chávez ejecuta su segundo golpe de estado, esta vez a plena luz del día y con apoyo popular. La convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1999 fue tan fraudulenta como la del 2017, su elección se celebró en desacato a la Constitución vigente de 1961 y con la traición infame de la Corte Suprema de Justicia y la elite política del momento, incapaces de ponerle un freno al temprano autoritarismo de Chávez.
Desde 1999 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo del estado democrático de derecho al debilitar todos los contra pesos institucionales y concentrar todo el poder en manos del partido único de gobierno y más específicamente en manos de su dueño de turno. El colapso del sistema de administración de justicia, el descrédito del poder electoral y la degradación de la función de las Fuerzas Armadas son solo algunos de los elementos de esta profunda crisis política. A esto hay que agregar la progresiva incapacidad del estado venezolano para cumplir con sus fines más elementales tales como asegurar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.
Incapaz de aceptar la nueva realidad política donde ha perdido todo apoyo popular el régimen no tuvo otra salida que volver a apostar por la fórmula ya usada por Chávez en 1999 de cambiar las reglas del juego político para mantener el poder. El costo de esta burda maniobra será muy alto para el país. La confrontación entre civiles y militares dejará más muertos y heridos que en la última guerra federal. Pero este parece ser un costo aceptable para el régimen.  La ex Canciller Delcy Rodríguez sentenció sin piedad: “Si tenemos que morir de hambre, moriremos.” En realidad se refería a los millones de venezolanos que el régimen está dispuesto a masacrar de varias maneras para seguir en el poder. En otras palabras, el régimen chavista está dispuesto a destruir al país, sus instituciones y ciudadanos si ese es el precio de seguir en el poder.

La necedad del gobierno se estrellará con la firme resolución de millones de venezolanos dispuestos a rebelarse contra una Constituyente fraudulenta y un adefesio jurídico como su producto espurio. El régimen no logrará imponer su constitución, sus símbolos y sus antivalores al resto de la sociedad. Habrá lucha y resistencia. Pero en el intento de hacerlo arrasará con buen parte del país dejando al final un legado de ruina, escombros y, posiblemente, la disolución de la República de Venezuela tal como la conocíamos hasta ahora. @humbertotweets

jueves, 27 de julio de 2017

La lucha después del 30 de julio

Pareciera que el régimen logrará imponer, a sangre y fuego, su Constituyente el 30 de julio. Hasta ahora, el respaldo ciego y suicida de los militares ha sido clave para aplicar una fórmula que no tiene ningún apoyo popular. La asimetría de esta confrontación también parece potenciada por dramáticos errores que ha cometido la oposición electoral, incapaz de formar un frente amplio de lucha que vaya más allá de los partidos que la conforman y logre derrocar la dictadura.

Pero que el gobierno consiga imponer su fraude Constituyente no significa necesariamente una victoria para el régimen y una derrota para las fuerzas opositoras. Este evento será una instancia decisiva — más no definitoria— en la lucha contra la tiranía. La crisis ahora será más aguda. Por una parte, el gobierno se desprenderá de algunas limitaciones y formalismos para desarrollar su modelo despótico en medio del caos. Es lo que de hecho ya está ocurriendo, pero ahora será una dictadura refrendada por un poder constituyente viciado y sin ningún tipo de limitaciones políticas o jurídicas.

Por otra parte, la oposición al régimen no aceptará la dictadura de la minoría, aunque esté bautizada por un adefesio constitucional. Desde el punto de vista de la confrontación política y militar, la lucha será continuada, pero ahora en un escenario de mayor caos e incertidumbre.

Más por miopía que por estrategia, el régimen se abrazó a la tesis del caos social como una vía para lograr su salvación. Desde el alto gobierno se alientan políticas y decisiones que contribuyen al colapso del mismo Estado chavista y sus instituciones. Este deterioro viene con un alto precio que se multiplicará justamente cuando la Constituyente comience a funcionar y a operar como un Estado colectivo dentro del Estado. Nada de lo que decida esa Constituyente será acatado por el 80% de los venezolanos. Y aunque el régimen controle las estructuras represivas, no podrá someter por la vía de las armas al resto de la sociedad.

Entonces, ¿qué viene? Salvo que exista una fuerza política o militar que lo impida, lo que viene es el colapso inevitable del modelo de Estado chavista, incapaz de hacer otra cosa para sostenerse que no sea el uso de la violencia. Lo que viene es una situación donde la mayoría de los ciudadanos actuarán en rebeldía y no aceptarán un Estado y leyes que considera absolutamente ilegales e ilegítimos.

La ausencia de árbitros confiables tales como un poder electoral, o un poder judicial independientes, o de una fuerza armada profesional, deja al país a la deriva y a merced de la eventualidad. En estas condiciones, es poco menos que ingenuo hablar de una transición de un modelo de Estado que está en vías de extinción a otro que tampoco existe.

Es previsible que la situación económica va a empeorar, y también se sumarán otros factores de tipo social y político, los cuales harán totalmente inviable el modelo comunista y totalitario que trata de agenciar la constituyente de Maduro.

Para la oposición, en su sentido más amplio, es un doble reto. Por una parte, trata de luchar contra un régimen tirano y, al mismo tiempo, intenta detener el proceso acelerado de disolución de la república. Desde enero del 2016, la oposición — liderada por la MUD— ha podido hacer mucho por ambas causas. Lamentablemente, el tiempo y los esfuerzos se diluyeron en marchas, contramarchas, temores y retórica, que le impidieron a la Asamblea Nacional ejercer soberanamente su autoridad y llenar el vacío de liderazgo y autoridad que dejaba el ya colapsado régimen madurista en forma oportuna.

A pesar de esos zigzagueos, los ciudadanos hemos sido permisivos, pacientes y solidarios con la MUD. Hemos atendido a cada convocatoria, asistido a cada marcha y respaldado cada iniciativa presentada para enfrentar al régimen. Incluso hemos apoyado aquellas que, abiertamente, han sido dramáticos errores estratégicos de la MUD. Y la razón es que con toda justicia hay que decir que, a pesar de todos sus errores, la MUD siempre propuso algo concreto, y hasta ahora ha sido la única formación política con la cual se contaba para salir de la dictadura.

Pero eso tiene que cambiar después del 30. Es evidente que todos los esfuerzos desplegados por la MUD desde enero de 2016 para salir de este régimen, han fracasado. La situación de la lucha ciudadana hoy, no es mejor que hace año y medio. Entonces la idea de otorgarle a la MUD y sus partidos un cheque en blanco para administrar la oposición al régimen debe llegar a su fin.

La lucha contra la dictadura a partir de ahora será más dura y cruel. Será necesario articular un nuevo eje de la oposición que vaya más allá de los partidos políticos, y considere todos los métodos de lucha ciudadana para derrocar a la dictadura. La MUD — limitada por su agenda contradictoria y sus prematuros precandidatos presidenciales— no está en condiciones de asumir esta nueva fase de la batalla contra el régimen; la que se inicia el próximo 30 de julio.




domingo, 23 de julio de 2017

La política en un estado fallido

Por razones o por intereses a la oposición venezolana le tomó casi diecisiete años en calificar al régimen de Chávez como una dictadura. El cortoplacismo, la subestimación del adversario y la miopía siguen marcando la conducta de la oposición electoral reunida en la MUD. Pero de todas quizás la más grave es la miopía o la incapacidad para leer correctamente la coyuntura histórica que se vive. Y es la más grave porque con su lectura equivocada embarca a las masas por senderos de lucha inciertos y le concede al régimen ventajas inmerecidas.
En Venezuela se ve cada dia a cada hora un proceso indetenible de desintegración de la república. El fracaso de las instituciones y la ausencia de estado de derecho ha dejado a la sociedad indefensa en manos de un estado forajido que comete crímenes contra sus ciudadanos para sostenerse. La ausencia de autoridad y el desprecio por la ley es deliberadamente auspiciado por el gobierno para reinar en el caos y además poner el territorio venezolano a la orden de los carteles internacionales de droga quienes son los beneficiarios primarios de la ausencia de leyes e instituciones.
Esta no es una crisis de gobierno como cualquier otra que podría ser resuelta simplemente con un cambio de administración. Es preciso provocar un cambio dramático de régimen político para salvar a la república y lo que quedan de sus instituciones.
Esto parece ser lo que la Mesa de la Unidad Democrática no ve o no entiende. Existe de parte de la MUD un empeño retórico para tratar de enfocar el problema en términos de un simple cambio de gobierno. Un cambio de caras en el gobierno dejando intacta la esencia del estado chavista corrupto y despótico no resolverá la profunda crisis política. Pero ellos siguen centrados en el tema de la gobernabilidad cuando quizás ya no haya país para gobernar.
El reciente documento que presentó la MUD como pacto para gobernabilidad no es más que un programa de gobierno para un país y un tiempo en situación de normalidad, donde se respeten los derechos y las instituciones funcionen. Ese país hoy no es Venezuela. De no existir un cambio en los poderes públicos y en la forma del estado cualquier propuesta de gobernabilidad es absolutamente inviable.
Esta postura miope de la MUD se complementa con su empeño en tratar de buscar soluciones jurídicas y legalistas a una crisis política y en ausencia total del estado de derecho. Cuando a la Asamblea Nacional se le reclama porque no ha nombrado a los magistrados del TSJ y del CNE responden que las formalidades no se han cumplido. Cuando se les reclama cuando nombraran al gobierno de la transición dicen que eso no está en la Constitución. No entienden que el pueblo le otorgó un mandato expreso a la Asamblea Nacional que debe cumplirse al margen de una legalidad que en la práctica no existe.
Mientras la MUD se entrampa y nos entrampa con su visión cortoplacista y electoralista de la crisis, la ausencia de instituciones que aseguren la convivencia y de condiciones materiales para la vida hacen de Venezuela un estado fallido incapaz de garantizar ningún derecho a sus ciudadanos.
La casi inevitable consumación del fraude Constituyente por parte del régimen sólo aumentará el caos en un país donde la lucha por la supervivencia básica obligará a agruparse informalmente en territorios al margen de un estado inexistente. ¿Como se hace política en medio del caos? ¿Cómo se recompone la república? ¿Es acaso posible? Estas son la interrogantes para quienes quieren seguir haciendo política en medio de un estado fallido.