lunes, 1 de febrero de 2016

¿Tiene poder político la Asamblea Nacional?


Los miembros de la Asamblea Nacional fueron electos por una mayoría abrumadora, indiscutible, de los venezolanos.
En unas elecciones limpias. Las mas trasparentes del mundo según el CNE.
Pero la fuerza social y la legitimidad lograda mediante el voto no han sido suficiente para darle plena fuerza política y jurídica a la Asamblea Nacional.
Desde un principio el gobierno mostró su intención de no solo sabotearla, sino además de tratar de anularla y seguramente, de ser posible, eliminarla.
El desconocimiento de la AN por parte del resto de los poderes públicos secuestrados por el régimen es una situación inédita.
En la práctica hay una confrontación que mantiene tensados los hilos de estabilidad política y cuyo desenlace no es fácil pronosticar al día de hoy.
La Asamblea ha decidido asumir las tareas de legislación, control y fiscalización propias del poder legislativo a pesar de las amenazas del régimen de desconocer sus decisiones.
El gobierno sigue jugando en su terreno predilecto: El de la semi-ilegalidad.
Esto es provocar situaciones difusas que aunque no sean enteramente legales o Constitucionales dejan un amplio margen para la interpretación jurídica y ofrecen buen camuflaje a su intención última de desconocer a la AN.
En esa estrategia de la semi-ilegalidad Nicolás Maduro acude a presentar su memoria y cuenta ante la AN e incluso envía el decreto de emergencia económica para su revisión.
Ambas acciones son un reconocimiento claro al poder político de la AN.
Pero al mismo tiempo ordena a sus ministros no comparecer ante la AN para explicar los alcances del decreto de emergencia económica en abierto desacato a la autoridad de la AN. Esto al costo político sabotear sus propias políticas.
Otras acciones en el marco de la semi-ilegalidad han sido aquellas que pretenden la instalación del parlamento comunal con la presunta intención de sustituir a la AN.
A esto se suma la insólita conducta del Ministro de la Defensa visitando guarniciones y arengando a los soldados en contra del Presidente de la AN y llamando a un abierto desconocimiento de la AN.
Todo esto ha creado un clima propicio ara legitimar un desacato  en la práctica de la autoridad de a AN como expresión del pueblo.
Sin embargo, los espacios para la semi-ilegalidad se agotan.
Poco a poco llega el momento de definiciones más puntuales.
Por ejemplo, es muy clara la obligación que tienen los ministros de acudir a una interpelación ante  la AN.
No se trata de una invitación. Es un mandato Constitucional.
Lo contrario, no asistir, es simplemente un desacato con consecuencias políticas y jurídicas.
Hasta ahora varios ministros y altos funcionarios han sido invitados a comparecer ante la AN y ninguno ha asistido. Pero tratando de estirar un poco el marco de la semi-ilegalidad ofrecen excusas tales como confusión en la hora, conflictos de agenda, etc.
En otras palabras, no han asistido porque hubo algún motivo que lo impidió y de alguna manera tratan de escudarse en esa situación para no asumir las consecuencias del desacato.
El problema para el gobierno y sus ministros es que la lista de excusas se acaba e irremediablemente van a tener que ir o no ir y asumirlo.
Todo este escarceo es parte de la estrategia del régimen de minar el poder de la Asamblea y apostar a su desconocimiento.
Pero este desconocimiento de la AN por parte de los otros poderes públicos no le resta fuerza legal o Constitucional.
El hecho de que la AN no tenga el reconocimiento de los otros poderes públicos para hacer valer sus decisiones le resta eficacia a sus actos pero no legalidad ni legitimidad.
La AN debe activar todos los mecanismos que le otorga la Constitución para encuadrar  en el marco legal a un gobierno forajido y renuente a ajustar su conducta al estado de derecho.
En esta situación inédita de confrontación de poderes públicos la única estrategia posible para la AN es seguir ejerciendo plenamente sus facultades Constitucionales y prepararse para el inevitable desenlace de esta confrontación jurídico-política.
Frente a este desenlace la AN debe mantenerse movilizada en la calle y en sintonía perfecta con la sociedad, con el pueblo, explicando la naturaleza de la crisis inducida por el régimen.
Porque en definitiva será el pueblo, en la calle, mediante mecanismos Constitucionales como el referéndum revocatorio quien resuelva esta grave confrontación política.-