jueves, 14 de enero de 2016

Debate sobre Gran Misión Vivienda desnuda naturaleza clientelar del régimen




El debate sobre la reforma a la Ley que regula la Gran Misión Vivienda pone en evidencia dos filosofías totalmente opuestas de la política y la economía: Propiedad privada vs. Propiedad social (o comunal como esta de moda).
Es un debate que se viene dando desde el principio del gobierno de Chávez en diferentes escenarios.
Cada vez que Chávez y su régimen trataron de forzar la barra hacia un modelo económico y político socialista se encontraron con la resistencia de sus propios aliados chavistas en las clases medias. Además del rechazo a estas ideas que surgió de la propia pequeña burguesía chavista.
El régimen ha tenido que navegar en dos aguas para tratar de llevar adelante su modelo socialista sin espantar a segmentos importantes de esa alianza policlasista que llevó a Chávez al poder en 1998.
Pero hacer una política tratando de complacer a todos termina no complaciendo a nadie.
Desde el gobierno voces como la de los ex ministros Giordani y Héctor Rodríguez advirtieron desde el principio que no se podía acabar con los pobres porque ese era el mercado electoral esencial del PSUV.
Y tenían razón.
Por eso inventaron nuevas formas de clientelismo y populismo para comprar lealtades con prebendas y dádivas. Pero eran otros tiempos. El boom del petróleo permitía esos lujos.
Uno de los diseños de la revolución para instrumentar su política clientelar fue la Gran Misión Vivienda.
En teoría concebida para atender la grave crisis habitacional ofreciendo viviendas baratas a personas de escasos recursos.
A pesar de que en la Ley no se prohíbe la venta de esos inmuebles desde el gobierno se argumentó que no se podía dar la propiedad a los beneficiarios porque eso era alentar los valores de la propiedad privada los cuales el régimen ve como una contaminación ideológica y cultural.
Algunos simplemente dijeron que no se podían vender esas casas ya que regresarían al mercado inmobiliario a precios especulativos.
En la práctica, el negarle la titularidad de las viviendas a sus beneficiarios se convirtió en un perverso mecanismo de control político para garantizarle al PSUV por lo menos 3 millones de votos automáticos.
El régimen y el PSUV nunca han disimulado el chantaje a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda. Siempre les recuerdan que no son propietarios y que conductas “contrarevolucionarias” acarrean la perdida de la vivienda.
Esa espada de Damocles no fue suficiente para amarrar todos los votos necesarios el 6D. Tal como se vio a pesar del chantaje la oposición ganó en varios centros de votación ubicados en las zonas de estos desarrollos habitacionales.
En este contexto Julio Borges acaba de presentar una propuesta de reforma a la Ley de la gran Misión Vivienda cuya novedad más importante es reconocerles la titularidad de las casas a sus beneficiarios.
En otras palabras, la ley permitiría a los beneficiarios de esas viviendas cumplir con los pagos y convertirse en plenos propietarios de esos inmuebles con capacidad para negociarlos.
Esta propuesta ataca la naturaleza clientelar de la misión vivienda al romper el chantaje que ejerce el gobierno al negar en forma indefinida la condición de propietarios a sus beneficiarios y usar esto como manipulación política.
Pero además agrega un elemento importante que choca con la concepción filosófica y política del gobierno: Reconocer la propiedad privada de los beneficiarios de la GMVV
En un régimen que reniega de la propiedad privada y del capitalismo esto se convierte en un ataque a la medula del proyecto.
Los dirigentes del PSUV están pasando trabajo tratando de explicarle a chavistas y no chavistas beneficiarios de la Gran Misión Vivienda como el ser propietarios de sus casas les perjudica.
La reforma a la Ley será aprobada por la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional.
Sera una prueba importante para ver si el gobierno acata la ley o simplemente decide no cumplirla.
Quizás el gobierno solicite la anulación de la Ley ante el TSJ. Y quizás el TSJ complazca al gobierno.
Aun así, el régimen quedara una vez más en evidencia como enemigo declarado de las clases populares que dice defender.-