Ya no se discute si el régimen venezolano es o no una dictadura.
Lo es, lo ha demostrado una y otra vez.
Del haraposo velo democrático que trataba de disimular su naturaleza autoritaria y despótica ya que da muy poco.
Ahora se discute qué tan lejos está la dictadura dispuesta a llegar.
Hasta donde sus operadores están dispuestos a comprometer su responsabilidad penal para seguir avalando delitos en formas de violaciones flagrantes a la Constitución y las leyes.
En la calle ya no hay ilusiones.
Muy pocos esperan que el gobierno cumpla con la Constitución por su propia voluntad.
Solo la presión popular podrá torcer la intención de régimen de violar la Constitución.
Mientras tanto el gobierno sigue ensayando fórmulas falaces para seguir burlando el estado de derecho.
Las decisiones en el TSJ que esperan por un aval para violar la Constitución se acumulan por resmas.
El gobierno espera que el TSJ le siga suministrando soporte pseudo legal para gobernar arbitrariamente en nombre de una Constitución cuyo uso ha sido degradado a menos que papel higiénico.
En el TSJ están pendientes las decisiones de allanar la inmunidad parlamentaria del Presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos, suspender el Revocatorio por supuesto fraude cometido por la MUD y ahora llega la solicitud de Maduro de aprobar el presupuesto de 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional como corresponde.
El régimen le seguirá pidiendo muestras de lealtad a sus operadores civiles y militares aunque estas muestras de lealtad signifiquen cometer delitos para justificar a la dictadura.
Hasta donde van a llegar es algo que sabremos en las próximas semanas.
Por ahora el gobierno se empeña en ser más dictadura cada día.
Para que no quede duda.
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