Como un eco lejano de lo que ya todos sospechábamos, la reciente decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de prohibir a Venezuela cualquier acto que altere el status quo en el Esequibo —incluidas las elecciones del 25 de mayo para autoridades del fantasmagórico “Estado Esequibo”— no hace sino confirmar lo que se cocina a fuego lento en La Haya: una sentencia adversa, envuelta en ropaje jurídico, pero cocinada con ingredientes netamente geopolíticos.
Conviene
recordar, con el dedo índice extendido, que el verdadero viraje de la posición
venezolana no vino por presión extranjera ni por malabares de Georgetown, sino
por una de las tantas imprudencias del difunto Hugo Chávez. Fue él quien, con
su habitual tono mesiánico y su desconocimiento olímpico del derecho
internacional, propuso al entonces presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, que
ambos países explotaran “juntos” los recursos del Esequibo. Aquella frase,
dicha como quien ofrece un café, fue el disparo de salida para que Guyana
comenzara a trazar su ruta diplomática: primero se fue al Consejo de Seguridad
de la ONU, luego a la Secretaría General y finalmente consiguió lo impensable:
que la ONU, rompiendo con su propio papel de “buenos oficios”, remitiera el
caso a la CIJ.
¿Y Venezuela?
Callada. Sumisa. En manos de una casta de pseudorevolucionarios desinteresados
en la soberanía pero obsesionados con la dominación interna. El chavismo jamás
se tomó en serio la defensa del Esequibo. Porque no se defiende una patria que
ya no se siente propia.
Venezuela
posee títulos históricos y jurídicos incontestables: desde el uti possidetis
iuris hasta las pruebas cartográficas que desmontan la farsa del Laudo Arbitral
de 1899. Pero todo eso resulta irrelevante cuando el tribunal se sienta sobre
la lógica de la conveniencia. En sus decisiones preliminares, la CIJ ha dado
señales claras de por dónde irá la cosa: más que hacer justicia, quiere cerrar
el expediente, complacer a las potencias interesadas en el petróleo offshore
guyanés y enviar un mensaje “civilizatorio” a los países que aún creen en la
fuerza de los títulos coloniales.
La última
decisión, tomada por unanimidad, habla por sí sola. No es solo una medida
cautelar; es una advertencia disfrazada de prudencia jurídica. Y lo que
anticipa es un despojo con apariencia de fallo justo.
Mientras
tanto, el régimen organiza elecciones en un “estado” que no controla y no puede
visitar. Una jugada de propaganda interna, sí, pero también un desafío directo
al tribunal. ¿Bravuconada o estrategia? Más bien lo primero. Porque el
chavismo, experto en sofocar manifestaciones pacíficas y reprimir a civiles, ha
mostrado nula disposición de enfrentar al enemigo real: un país que le disputa
más de 150 mil kilómetros cuadrados.
Más temprano
que tarde —y esa hora se acerca— el régimen tendrá que decidir si sus tanques
son para intimidar estudiantes en Caracas o para proteger las fronteras
nacionales. La disyuntiva no es menor. Porque cuando llegue la sentencia —y
todo indica que será contraria— la historia no acusará solo al tribunal
parcial, sino al poder que prefirió dominar a su pueblo antes que defender su
territorio.
Lo del
Esequibo no es solo una pérdida territorial. Es una metáfora perfecta de lo que
ha hecho el chavismo con Venezuela: regalar lo propio, traicionar lo histórico
y, encima, exigir aplausos por su falso "patriotismo". @humbertotweets
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