Cuando el
chavismo anunció, con rostro grave y discurso patético, un nuevo “decreto de
emergencia económica”, nadie se sorprendió. Después de todo, Venezuela vive en
estado de excepción permanente, sea este formal o fáctico. Lo verdaderamente
revelador, sin embargo, fue la excusa: la caída del 20% en las exportaciones
petroleras durante abril tras la reimposición de sanciones por parte de los
Estados Unidos. Así, el régimen de Nicolás Maduro pretende convencer a los
incautos de que la causa de sus males es externa, reciente y ajena a su
voluntad. Un discurso cómodo y también profundamente falso.
Es cierto que
las sanciones impuestas —y ahora restablecidas— por Washington tienen un efecto
directo en la economía venezolana. Eso es innegable. La suspensión de licencias
a empresas como Chevron, la reducción en la compra de crudo, el cerco a las
operaciones financieras vinculadas al petróleo, todo ello tiene un impacto
tangible. Pero aquí es donde conviene aplicar un mínimo de honestidad
intelectual: ni todas las sanciones del mundo juntas pueden compararse con el
daño infligido por el chavismo a PDVSA desde adentro, con paciencia de termita
y precisión de cirujano ebrio.
Durante más de
dos décadas, el chavismo desmanteló la industria petrolera nacional como parte de
su proyecto de control total. Primero, expulsó a la meritocracia con la excusa
de “democratizar” la empresa. Luego, la convirtió en botín político y caja
chica de una élite corrupta disfrazada de revolucionaria. Sacaron a patadas a
los ingenieros y llegaron los comisarios. Se fueron los técnicos, llegaron los
escoltas. Se fueron los contratos de inversión, llegaron los convenios opacos
con países “hermanos”. El resultado está a la vista: una producción que en 1998
superaba los 3 millones de barriles diarios y que hoy apenas si araña el
millón, cuando lo logra.
La
reimposición de sanciones ha servido, más bien, como excusa de última hora para
justificar un colapso que lleva décadas en marcha. El chavismo ahora culpa al
“bloqueo” —una palabra tan imprecisa como útil— de lo que en realidad es
producto de su gestión. Es como si el pirómano culpara a la lluvia por no
apagar el incendio que él mismo encendió.
Y, sin
embargo, el decreto de emergencia económica no solo es una maniobra
propagandística: también es una herramienta legal peligrosa. A través de este
nuevo régimen de excepción, el Ejecutivo se atribuye poderes extraordinarios
para manejar inversiones, firmar acuerdos, reorganizar ministerios, imponer
controles y disponer del presupuesto sin pasar por el mínimo trámite
parlamentario. En otras palabras: más discrecionalidad para quienes han
demostrado que lo que menos saben hacer es administrar recursos.
Se dice que el
decreto busca “atraer inversión extranjera” y “controlar la inflación”. Lo
primero suena a chiste: ¿qué inversor serio colocará dinero en un país que no
respeta contratos, carece de Estado de derecho y donde todo depende de los
caprichos de un caudillo? Lo segundo es una ilusión: no se controla la
inflación con discursos ni con más intervencionismo, sino con confianza,
productividad y un mínimo de estabilidad institucional. Tres cosas que en
Venezuela jamás existirán mientras el chavismo siga en el poder.
Lo que hay
detrás, más bien, es una vieja jugada: decretar la emergencia para legalizar la
arbitrariedad. Convertir la crisis en oportunidad, pero no para reformar, sino
para acumular más poder…y saquear. Es un guión ya ensayado muchas veces, y que
ahora se reedita con la excusa de las sanciones. Sanciones que, si bien no
ayudan, tampoco son el origen del desastre. Ese crédito —hay que decirlo—
pertenece enteramente al chavismo.
Aquí,
entonces, no se trata de defender las sanciones por principios ideológicos.
Tampoco de ignorar su impacto económico. Se trata, más bien, de no permitir que
un régimen que destruyó su principal fuente de ingresos ahora pretenda lavarse
las manos con un argumento geopolítico. Si la economía venezolana se tambalea
por una reducción de 20% en las exportaciones petroleras, es porque ya estaba
al borde del abismo desde hace años. Porque la riqueza petrolera fue saqueada,
no bloqueada. Porque el colapso fue interno antes que externo.
Mientras
tanto, Maduro vuelve a vestirse de víctima, firmando decretos con aires de
estadista, mientras el país sobrevive a punta de remesas, bodegones y salarios
devaluados. La emergencia económica, más que una respuesta a las sanciones, es
la confesión tácita de un fracaso. Un fracaso que ni los discursos, ni los
decretos, ni los culpables importados pueden maquillar.
Al final, el petróleo no se fue. Los chavistas lo echaron de Venezuela. @humbertotweets
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