La disolución de la república

Los procesos sociales tienen coyunturas desencadenantes que liberan tendencias que solo se pueden apreciar con el paso del tiempo. La crisis política que hoy vive Venezuela es un proceso que se inició en los años 90 con el colapso de la democracia de partidos y su incapacidad para lograr sus fines establecidos en la Constitución de 1961. La miseria y la corrupción, nada comparable con los niveles actuales, puso en jaque a un sistema político descrito poéticamente en la Carta Magna pero incapaz de defenderse a sí mismo de los peligros del caudillismo y el autoritarismo.

La acumulación de la desesperanza en los ciudadanos y las contradicciones entre los diferentes grupos económicos y políticos fueron hábilmente manipuladas por Hugo Chávez para lograr apoyos de la extrema izquierda, la extrema derecha y todo lo que había entre ambos extremo para ganar las elecciones de 1998. Sin embargo ya Chávez sabía que esa sería su única oportunidad para lograr el poder en unas elecciones libres. De allí en adelante solo cambiando la forma del estado y las reglas del juego político él y su camarilla podrían mantener el poder.

La Constituyente de 1999 fue ofrecida como la panacea de la revolución bolivariana para resolver todos los problemas del momento. Cabalgando aún sobre la onda expansiva de su triunfo electoral 6 meses atrás Chávez ejecuta su segundo golpe de estado, esta vez a plena luz del día y con apoyo popular. La convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1999 fue tan fraudulenta como la del 2017, su elección se celebró en desacato a la Constitución vigente de 1961 y con la traición infame de la Corte Suprema de Justicia y la elite política del momento, incapaces de ponerle un freno al temprano autoritarismo de Chávez.

Desde 1999 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo del estado democrático de derecho al debilitar todos los contra pesos institucionales y concentrar todo el poder en manos del partido único de gobierno y más específicamente en manos de su dueño de turno. El colapso del sistema de administración de justicia, el descrédito del poder electoral y la degradación de la función de las Fuerzas Armadas son solo algunos de los elementos de esta profunda crisis política. A esto hay que agregar la progresiva incapacidad del estado venezolano para cumplir con sus fines más elementales tales como asegurar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.

Incapaz de aceptar la nueva realidad política donde ha perdido todo apoyo popular el régimen no tuvo otra salida que volver a apostar por la fórmula ya usada por Chávez en 1999 de cambiar las reglas del juego político para mantener el poder. El costo de esta burda maniobra será muy alto para el país. La confrontación entre civiles y militares dejará más muertos y heridos que en la última guerra federal. Pero este parece ser un costo aceptable para el régimen.  La ex Canciller Delcy Rodríguez sentenció sin piedad: “Si tenemos que morir de hambre, moriremos.” En realidad se refería a los millones de venezolanos que el régimen está dispuesto a masacrar de varias maneras para seguir en el poder. En otras palabras, el régimen chavista está dispuesto a destruir al país, sus instituciones y ciudadanos si ese es el precio de seguir en el poder.

La necedad del gobierno se estrellará con la firme resolución de millones de venezolanos dispuestos a rebelarse contra una Constituyente fraudulenta y un adefesio jurídico como su producto espurio. El régimen no logrará imponer su constitución, sus símbolos y sus antivalores al resto de la sociedad. Habrá lucha y resistencia. Pero en el intento de hacerlo arrasará con buen parte del país dejando al final un legado de ruina, escombros y, posiblemente, la disolución de la República de Venezuela tal como la conocíamos hasta ahora. @humbertotweets