Una mayoría contundente y determinante de venezolanos
repudiaron al régimen el pasado domingo 16 de julio. Millones se movilizaron en
todo el país, desafiando el chantaje y la represión de la dictadura, para dar
—de forma inequívoca— un mandato de cambio de gobierno, urgente e inmediato.
La consulta popular fue la concreción, en el terreno de los
hechos, de las garantías políticas consagradas en la Constitución Nacional.
Aunque la redacción de las tres preguntas de la consulta podría entretener a
abogados y teóricos, lo esencial es que por primera vez desde que estalló esta
crisis, el soberano pueblo de Venezuela tuvo la oportunidad única de expresar
claramente su voluntad de romper con la llamada revolución chavista.
El rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente que defrauda a la Constitución, se traduce en una orden expresa a
todos los ciudadanos de la república para que, con amparo de los artículos 333
y 350 de la carta magna, agoten todos los esfuerzos e impidan la consumación de
esa estafa.
Aunque el fraude que se está montando para el 30 de julio
cuente con el aval del Consejo Nacional Electoral, es legítimo — y ahora legal—
que cualquier ciudadano civil o militar en ejercicio de ese mandato trate de
detenerlo.
La segunda parte de la decisión soberana del pasado 16 de
julio es una orden a las Fuerzas Armadas para que acaten la Constitución, y
replanteen su obediencia a la expresión genuina del poder civil que es la
Asamblea Nacional. Antes, cualquier oficial podía argumentar que actuaba
siguiendo órdenes presuntamente legales. Ahora, el pueblo — en forma
contundente y soberana— les ha hablado a esos oficiales para recordarles que
ninguna orden de un superior podrá estar por encima de la Constitución.
En nombre de esa Constitución y cumpliendo un expreso
mandato popular, cualquier militar podrá declararse en rebeldía contra la
tiranía y sus mecanismos, sean civiles o militares.
La última parte del mandato popular ordena una renovación de
todos los poderes públicos, la celebración de elecciones libres y la
conformación de un gobierno de unidad nacional. Quizá por razones semánticas y
no políticas, quienes redactaron la tercera pregunta invirtieron el orden del
proceso.
Una vez verificado y validado el resultado de la consulta
popular, le corresponde a la Asamblea Nacional ejecutar ese mandato en forma
inmediata. Esto implica declararse en sesión permanente esta misma semana para
decidir la destitución de Nicolás Maduro como Presidente de la República, y
proceder de inmediato a la conformación de un gobierno de unidad nacional. Al
mismo tiempo, la AN tendría que decidir, sin demoras, la nueva conformación del
Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para luego ir a
un proceso de elecciones transparentes.
La asimetría meramente coyuntural de no contar con la
totalidad de las Fuerzas Armadas en las primeras horas de esta confrontación,
debe ser resuelta —como lo anunció la Mesa de la Unidad Democrática— declarando
el inicio de la Hora Cero inmediatamente después de la Consulta popular, y
convocando una gran huelga general nacional. Este sería el punto de no retorno
y la única medida de fuerza al alcance de los ciudadanos para obligar a los
militares a respetar el mandato popular del 16 de Julio.
La huelga general nacional es la fase lógica en el esquema
de lucha contra la dictadura que ha propuesto la MUD, y que fue apoyado por
millones de venezolanos en la consulta popular. Esta acción buscaría dos
objetivos políticos: Primero, lograr la paralización total del país y sus
sistemas de comunicaciones y servicios, para ratificarle a los militares que,
aunque el pueblo no tenga las armas, utilizará todos los medios a su
disposición para hacer respetar la Constitución y las leyes.
El segundo objetivo es provocar una crisis en el sector
militar que cambie la correlación de fuerzas en favor del pueblo; que acorrale
y expulse de su seno a la minoría suicida que quiere desmantelar al mismo
tiempo a las FANB y la república.
Solo si se cumple el mandato popular del 16 de julio será
posible lograr el cambio político antes del 30.
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