Estos 25 años de chavismo han transcurrido en un predecible ciclo vicioso de negociaciones-elecciones-negociaciones. La dinámica inspirada en la vieja lógica de la zanahoria y el garrote más o menos funciona así: El chavismo le aprieta el cuello a sus opositores cooperantes, pero sin dejarlos ahogar hasta que ellos renovan su lealtad con el sistema. Luego viene un periodo de distensión y zanahorias cuando se les otorgan cargos y se emprenden nuevas negociaciones bajo la promesa reciclada que esta vez será diferente y ahora sí habrá elecciones competitivas.
Este
había sido el modus vivendi de esa
cohabitación política entre el régimen chavista y su falsa oposición colaboracionista
hasta el momento en que el chavismo resuelve que no está satisfecho con esa
oposición sino que quiere otra que sea incluso más servil y genuflexa.
Es
este giro lo que lleva al chavismo a emprender un proceso de tomar el control
“legalmente” de las franquicias de los partidos opositores. Incluso en los
mejores momentos de las negociaciones de México ya el Tribunal Supremo de
Justicia había intervenido a la casi totalidad de los partidos que en ese
momento estaban negociando con el régimen.
Hoy
la mayoría de los partidos de la PU/MUD están inhabilitados para postular menos
Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Los partidos más emblemáticos de la falsa
oposición tales como Acción Democrática, Voluntad Popular, y Primero Justicia
tienen directivas designadas por el TSJ chavista lo que ha significado una
partición de hecho de la falsa oposición entre “judicializados” (despojados de
la franquicia) y “alacranes” (los nuevos dueños de la franquicia).
Sin
embargo, la falsa oposición del ala judicializada (PU/MUD), con la
incorporación de María Corina Machado luego de la Primaria, se ha aferrado a
las negociaciones de México y al llamado Acuerdo de Barbados como un clavo
ardiente. Ese proceso de negociaciones fue justificado como un esfuerzo para
lograr condiciones y garantías para unas elecciones competitivas. En su
desarrollo el chavismo logró que liberaran a los narcosobrinos, que Estados
Unidos levantara las sanciones y además devolviera sano y salvo al
“diplomático” Alex Saab. A cambio el chavismo no cumplió nada de lo ofrecido.
Por el contrario, le arrebató el derecho a la PU/MUD de postular su candidato y
confirmó la confiscación judicial de los partidos negociadores.
¿Hacia
dónde va todo esto? El chavismo está urgido en pasar cuanto antes la página de
lo electoral para atender graves crisis internas que se están desarrollando en
su sector militar. El desmantelamiento de la industria y el comercio impactarán
la capacidad del régimen para acceder a recursos que paguen por los servicios a
sus militares y una eventual derrota militar con Guyana podría terminar por
implosionar a un régimen que sin apoyo popular sólo se sostiene por las armas.
Para
la nueva etapa, que demanda de sus propios operadores lealtad absoluta, el
chavismo necesita liquidar cualquier sospecha de rebelión interna e igualmente
requiere de una falsa oposición más colaboracionista y entreguista que la
anterior.
Con
la firma del llamado Acuerdo de Caracas, suscrito por los opositores
“alacranes” el 28 de febrero de 2024, y el desconocimiento del Acuerdo de
Barbados el régimen chavista ha resuelto eliminar literalmente, a los
opositores judicializados quitándoles sus tarjetas y su capacidad para postular
candidatos en el futuro. Esto no cambiará para las elecciones regionales del
próximo año y define el inicio de una etapa para el chavismo con una nueva
falsa oposición más a su medida.
Ya
Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro lo declararon sin el mayor rubor: El Acuerdo
de Caracas sustituye al de Barbados. Lo que quisieron decir es que el sector de
la falsa oposición con el cual venían negociando ya no será reconocido como
tal.
Además
¿para qué negociar con ellos si el chavismo puede negociar directamente con los
Estados Unidos? @humbertotweets
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