La dictadura de Nicolás Maduro, apoyada únicamente en la
brutal represión policial y militar, es víctima de sus propias falacias. En su
absoluta desconexión con la realidad, se han convencido a sí mismos de que el
origen democrático-electoral del gobierno es un cheque en blanco que les
permite tomar por asalto los poderes públicos, para burlar la voluntad de los
ciudadanos.
El uso viciado de las instancias del Estado para evadir
mecanismos legales y Constitucionales que resuelvan el conflicto político, ha
provocado un caos que fractura la república y sus instituciones.
En realidad, el objetivo del régimen es persuadir a las FANB
de que, si la ilegalidad e inconstitucionalidad es avalada jurídicamente por el
TSJ y el CNE, entonces automáticamente el crimen adquiere valor y rango de ley.
Muchos militares no conocen y no entienden que los derechos humanos son
garantías de alcance universal que no pueden ser desconocidas por actos pseudo
legales, y que ni siquiera pueden ser limitados invocando el concepto de
soberanía. Y seguramente podrían tener mayor dificultad para entender el
concepto jurídico y político del derecho a la rebelión que puede ser invocado
por los pueblos frente a las tiranías y a las violaciones de los derechos
fundamentales del hombre.
El derecho a la rebelión nace cuando un gobierno de origen
legítimo o ilegítimo se transforma en un gobierno forajido que atenta contra
los derechos de su propio pueblo. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece con claridad que el hombre puede usar el recurso de rebelión
contra la tiranía y la opresión si los derechos humanos no tienen protección en
un estado de Derecho.
Con el mismo tono, la Constitución vigente de Venezuela
consagra el derecho a la rebelión en sus artículos 333 y 350, al prescribir que
“el pueblo de Venezuela (...) desconocerá cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos”.
El gobierno venezolano ha venido violando sistemáticamente
la Constitución vigente, el estado de derecho y los derechos humanos. El
desconocimiento de la Asamblea Nacional, el saboteo al referéndum revocatorio,
el aplazamiento de las elecciones de gobernadores, el bloqueo a la ayuda
humanitaria internacional, la convocatoria inconstitucional a una Constituyente,
la incapacidad del Estado para proteger
la vida y la propiedad, el encarcelamiento y tortura de opositores, el uso de
armas letales para reprimir las protestas, todo esto y muchas violaciones más
justifican que los ciudadanos invoquen su derecho a desconocer al régimen.
Bastaría tan solo una de estas violaciones para verificar los presupuestos de
los artículos 333 y 350, e invocar y accionar el derecho a la rebelión
consagrado en la Constitución.
El derecho a la rebelión surge en el mismo instante en que
la autoridad ilegítima atenta contra el estado de derecho, y no cesa hasta el
momento en que ese poder ilegítimo es derrocado. Se trata de una garantía
constitucional que no está sujeta al control o la aprobación de la autoridad
cuestionada. Es amplia y plena, y puede ser ejercida por cualquier ciudadano
investido o no de autoridad.
Agotado el diálogo con el régimen, descartada la vía
electoral, y aun en espera por una señal de sensatez de los militares, a los
venezolanos no nos queda otra vía para resolver esta grave crisis política que invocar
el derecho universal y constitucional a la rebelión para desconocer un régimen
y sus fuerzas represivas que actúan al margen de la Constitución, de las leyes
y contra su propio pueblo.
Con la más brutal represión y basado en la pseudo legalidad,
el régimen tratará de imponer su Asamblea Constituyente para darle barniz legal
a la dictadura de la minoría; y cambiar la forma del Estado y sus instituciones
para adecuarlas a las necesidades de la camarilla gobernante. A pesar de la
evidente asimetría de esta confrontación, por no contar con el apoyo
institucional de las Fuerzas Armadas, el pueblo, que es la mayoría, tendrá que
hacer uso de todas las formas de lucha política para cambiar la correlación de
fuerzas y derrotar la tiranía.
Asistimos a un momento histórico en el cual los venezolanos
no podemos ser indiferentes, ni neutrales. Para quienes hemos sido formados
bajo tradiciones civilistas y democráticas, no es fácil invocar el derecho a la
rebelión como la vía para recomponer la república. Tampoco debe serlo para los
militares, soldados y oficiales, quienes han sido formados bajo la doctrina de
la debida obediencia a sus superiores. Pero, así como los civiles no estamos
obligados a sostener un gobierno ilegítimo, los militares no están obligados a
cumplir órdenes ilegítimas o que en sí mismas constituyen un delito.
El derecho a la rebelión es el único recurso, quizás el
último, que nos queda a civiles y militares para salvar a Venezuela.
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