En diciembre de 2015 con el mayor caradurismo el régimen ejecutó su golpe de estado Constitucional.
Una vez conocido el tamaño de la derrota la dictadura venezolana procedió a vacunarse para burlar la voluntad popular.
En su práctica habitual de usar su propia Constitución como papel de baño la difunta Asamblea Nacional procedió en forma irregular, ilegal e inconstitucional a designar a los magistrados del TSJ.
Los nuevos operadores chavistas atrincherados en la Sala Constitucional a su vez destituyeron a los tres diputados por el estado Amazonas.
Esto con la intención deliberada de truncar la mayoría calificada obtenida en forma legítima y legal por la oposición en las elecciones de 2015.
Todo para darle un viscoso barniz “democrático” a las decisiones de un régimen que trata de ocultar su asalto inconstitucional del poder.
Estas cosas ocurren en Venezuela porque el régimen cuenta la sumisión de una Fuerza Armada corrupta donde la matraca es la divisa.
Y esa Fuerza Armada en forma vergonzosa se presta para reprimir y coaccionar a la voluntad del pueblo.
Desde Enero el país ha experimentado lo que significa un golpe de estado progresivo.
En forma sistemática el régimen hace uso de sus resortes y operadores para anular a un poder soberano y legítimo por excelencia como la Asamblea Nacional.
Muchas críticas recibió la directiva de la AN, incluso desde la propia oposición, por su pasividad y permisividad frente a la arremetida del gobierno al escamotear a la AN atribuciones Constitucionales.
Pero enfrentar a una dictadura militar a través de medios democráticos es cosa inédita para la cual no hay manual escrito.
Durante estos 6 meses la AN ha tratado de ejercer sus atribuciones Constitucionales tratando de evitar una colisión frontal con el régimen de Maduro.
La correlación de fuerzas desde el punto de vista institucional es la misma.
El gobierno mantiene un control determinante sobre los poderes públicos y las Fuerzas Armadas.
Pero en la calle y en la comunidad internacional la posición política del régimen se deteriora cada hora que pasa.
Para que un 90% de encuestados digan que rechazan a Maduro es porque sin duda alguna hasta el pueblo chavista clama por un cambio político.
La pérdida de apoyo popular del régimen parece definitiva e indetenible.
De igual manera en el ámbito internacional varias instancias tales como la OEA y la Comunidad Europea han mostrado preocupación e interés por la grave crisis en Venezuela.
El deterioro de su apoyo popular y la pérdida de respaldo a nivel internacional fueron determinantes para que el gobierno accediera a nombrar, en sus términos, una comisión de mediadores para promover un diálogo con la oposición.
El diálogo falso que intenta el gobierno solo trata de aliviar la grave presión internacional sobre el régimen para cumpla con su ordenamiento jurídico.
En este contexto la decisión de la AN de anular la designación fraudulenta de los magistrados chimbos del TSJ arrincona al régimen.
Ahora al gobierno le toca responder, seguramente desafiando la decisión Constitucional de la AN.
Pero este desconocimiento vendrá con un precio y es la confirmación ante la comunidad internacional que efectivamente Venezuela está gobernada por una dictadura.
A pesar de las dificultades prácticas la AN debe proseguir en el desarrollo de su decisión, designar a los nuevos magistrados e investidos de plenos poderes para que comiencen a actuar.
Esos nuevos magistrados. legítimos, tendrán que ejercer su derecho y deber Constitucional de tomar posesión de sus cargos aun en contra de los fusiles oxidados que rodearan a la sede del TSJ.
Esta es la primera de de una serie de decisiones que muy posiblemente tomará la Asamblea Nacional para quitarle la máscara democrática al régimen y finalmente ponerlo en su sitio.
La eficacia práctica de estas decisiones no está garantizada porque se espera que el régimen las desconozca e incluso use la Fuerza Armada para violentar físicamente el orden Constitucional.
Sin embargo, no se puede sobreestimar el poder de las armas frente al poder del pueblo en calle.
Ese es el verdadero choque de poderes que definirá la victoria o la derrota en esta coyuntura política.
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