La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz compareció ayer ante la Asamblea Nacional a presentar su informe anual.
Su mensaje a ante la AN y el contenido de su informa
seguramente serán debatidos en los próximos días.
Lo relevante es que en el marco de la confrontación
que mantiene el gobierno con el Poder Legislativo Luisa Ortega Díaz se
convierte la primera alta funcionaria en
asistir a la Asamblea.
No es un hecho aislado.
No podría ser casualidad que precisamente ayer el
Presidente Nicolás Maduro haya instruido a sus ministros para que atiendan las invitaciones
e interpelaciones de la AN.
Sin embargo no estamos frente a una concesión graciosa
del Presidente.
Concurrir ante la AN a rendir cuentas es un mandato
Constitucional, no es una opción.
Lo que Nicolás Maduro hizo fue ordenar a sus
funcionarios que cumplieran con la Ley y la Constitución. Algo que es implícito
a la función pública y no debería requerir de una instrucción presidencial.
Se había especulado que el gobierno solicitaría un recurso
de interpretación ante el TSJ para lograr algún tipo de excusa legal que le
permitiese no asistir a las interpelaciones.
Quizás no hubo consenso entre los magistrados o los votos
en el TSJ se están descuadrando.
Lo relevante es que por las razones que sean el
gobierno cambió su línea y ahora todo marcha por la vía de un reconocimiento al
poder y la autoridad de la Asamblea Nacional.
La rendición de cuentas es de la esencia de la función
púbica.
Pero es algo que el régimen no hace desde 1999.
Que los ministros acudan ante la AN a rendir cuentas
de sus actos es un claro e indubitable acto de reconocimiento a la fuerza institucional
la AN.
En condiciones normales esto habría pasado desapercibido.
Pero en el marco de una dictadura institucional como
la que hoy rige en Venezuela es un hecho trascendente que hay que celebrar.-
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