Más allá de los legítimos títulos históricos y jurídicos que Venezuela tiene sobre el Esequibo hay una dialéctica de imperios que viene operando desde el amañado laudo arbitral de París de 1899 hasta nuestros días.
Esta dialéctica viene determinada por
la confrontación de intereses geopolíticos reales y materiales donde el derecho
internacional queda actuando como una mera apariencia. Lo que en definitiva
cuenta es la capacidad real que pueda tener un estado para defender o recuperar
su territorio y el derecho internacional estará a cargo de reconocer y
justificar esa realidad.
Con marchas y contramarchas (el Acuerdo de Ginebra en 1966, el
Protocolo de Puerto España en 1970, las desafortunadas declaraciones de Hugo
Chávez en el 2004, por ejemplo) Venezuela ha podido beneficiarse de la
diplomacia y el derecho internacional para avanzar su geopolítica en una
recuperación definitiva del Esequibo. Eso habría sido el resultado de una
política nacional con una visión de 100 años y no con la miopía de una clase política
y militar que hace planes para 5-7 años.
El problema que tenemos hoy es que
Venezuela no cuenta con una política coherente o con una estrategia sostenible
para la recuperación del Esequibo. Una vez que el asunto está en el ámbito de
la Corte Internacional de Justicia el gobierno de Nicolás Maduro parece
zigzaguear entre aceptar o no su competencia.
El discurso beligerante de Maduro y
otros voceros del gobierno dice que no aceptan la competencia de la CIJ en la
materia del Esequibo, lo cual en principio podría ser parte de un enfoque
correcto si y sólo si Venezuela tuviera una posición geopolítica sólida para
tomar posesión material de la zona en reclamación. Ese, ciertamente, no es el
caso.
Por otra parte el gobierno actúa en
forma contradictoria al negar verbalmente la competencia de la Corte
Internacional de Justicia, pero al mismo tiempo hacerse presente ante la misma
para refutar los alegatos de Guyana contra el referéndum del 3 de diciembre.
Lo que no hay que perder de vista en
todo momento es que contrario a lo que pudiera parecer no estamos frente a un
conflicto de naturaleza jurídica sino más bien política o mejor dicho
geopolítica.
Si fuese un asunto estrictamente
jurídico muy poco importaría los apoyos que Guyana ha ido sumando a nivel internacional. Pero no es así. Esos apoyos explícitos, y la
cómoda neutralidad de países que hoy son aliados del gobierno de Nicolás
Maduro, son la medida de la sentencia que habrá de adoptar la CIJ en los
próximos 2-3 años sobre el Esequibo.
Esas son las realidades de la
geopolítica que, inmersa en una inescapable dialéctica de imperios, le tomará a
Venezuela varias generaciones revertir no por vías jurídicas sino fácticas que
es como se resuelven los asuntos entre Estados soberanos.- @humbertotweets
No hay comentarios.:
Publicar un comentario