La crisis es dramáticamente económica, pero la confrontación
es inevitablemente política.
El régimen cívico-militar esta caído, sin apoyo
popular y colapsado ante una crisis económica que no puede resolver.
El gobierno tiene un solo objetivo: Mantenerse en el
poder por lo menos hasta finales del periodo Constitucional y evadir sus responsabilidades
políticas.
Después de la aplastante derrota del 6D cada día que
el gobierno se mantiene en el poder es victoria. Porque esta frente a una
realidad avisada: Perdió el apoyo popular y hasta las bases chavistas exigen su
cambio.
Todas las acciones del gobierno luego del 6D han
estado orientadas a aferrarse más al poder. Ensayan formas pseudolegales para
burlar la voluntad de las mayorías y no entregar cuentas ni la administración
del gobierno.
En esa estrategia se inscriben tácticas como la designación
viciada de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la impugnación de parlamentarios
de la oposición.
Es clara la intención del régimen de usar el TSJ para
anular el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Pero antes de consumar lo que se ha conocido como un
golpe Constitucional de estado continuado contra el poder legislativo el
gobierno desarrolla otra maniobra perversa para emboscar legalmente a la oposición
y la Asamblea Nacional.
La táctica es perversa porque usa la tragedia económica
para desarrollar su propia agenda y proteger sus intereses particulares.
En este contexto el gobierno emite un decreto de
emergencia económica para anejar la economía con poderes extraordinarios.
El gobierno en el decreto admite la gravedad de la coyuntura económica,
pero falazmente evade su responsabilidad y en su lugar la atribuye a una
ficticia guerra económica.
La redacción del decreto esconde propósitos políticos muy
específicos:
1-Lograr que la Asamblea Nacional le otorgue amplios poderes
al Ejecutivo, tipo ley habilítate, si usar esa palabra, para legislar en
materia económica, social y política.
2-El argumento que usa el gobierno para presionar a la
Asamblea es que de no aprobarse el decreto la AN estaría obrando contra el interés
nacional.
3-De aprobar la Asamblea Nacional este decreto se haría
co-responsable políticamente de sus consecuencias. Esto le permite al gobierno
salvar parte de su responsabilidad frente al país. Es lo que algunos analistas han
calificado como el beso de la muerte.
4- El marco del decreto de emergencia le da las bases
al gobierno para declararse en default
(impago de deudas) en forma expedita. Aquí el objetivo es dejar de pagar las
deudas externas de Venezuela para usar esos dólares en la importación de comida
y el pago de servicios. El gobierno espera levantar una ola de patriotismo y nacionalismo
que se traduzca en apoyo popular a medidas que serán vendidas como anticapitalistas y antimperialistas.
El gobierno sabe que no es posible convivir o
cohabitar con esta Asamblea Nacional.
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro lo han dicho en repetidas
oportunidades, en público y privado.
Lo que viene es confrontación.
Pero antes de la confrontación, en la que ellos
esperan anular el papel del poder legislativo, quieern asegurarse de una
herramienta legal que es permita legislar con poderes extraordinarios.
La actual redacción del decreto de emergencia le permitiría
al gobierno, por ejemplo, en base a su propio criterio suspender garantías
civiles y políticas por razones de la emergencia económica.
En otras palabras, antes de cerrar a la Asamblea
Nacional el gobierno intentará hacerse de un cheque en blanco que le permita controlar
no solo la economía sino terminar de desmantelar el estado e instaurar la
dictadura de las comunas.
El decreto de emergencia hace mención explicita al rol
de los cuerpo militares y represivos para aplicar esas medidas en forma
discrecional.
La coacción será la única forma de aplicar ese
decreto.
¿Que
debe hacer la Asamblea Nacional?
En uso de sus atribuciones Constitucionales la
Asamblea Nacional debe abrir un amplio debate sobre la economía y desmontar una
a una las falacias sobre las cuales fue construido el decreto.
No basta la refutación genérica basada en las
consecuencias de una nefasta política económica.
Es preciso que la oposición desenmascare ante el país
los objetivos políticos reales del decreto de emergencia económica.
Pero no puede quedarse allí.
Además de estructurar argumentos contundentes y
demoledores para demostrar la perversidad de ese decreto es preciso que la oposición
en el mismo debate presente una alternativa totalmente distinta que contraste
con la presentada por el gobierno.
La AN debe mostrarle al país las bases de lo que seria
una propuesta para enfrentar la coyuntura económica en forma efectiva e
inmediata. Esto debe hacerlo a sabiendas que el gobierno la negará de plano.
La mayoría de los venezolanos votaron en contra del
modelo y las políticas económicas de este gobierno.
Más allá de la adjudicación de diputados y su posterior
impugnación, el mandato fue muy claro: Millones de personas dijeron no a las
ideas que hoy están contenidas en el decreto de emergencia económica.
Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional asumir su
papel y ejecutar ese mandato.
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