Lo primero para entender lo que esta pasando hoy en
Venezuela es partir de una correcta caracterización de los hechos.
En respuesta a la derrota política y electoral del 6D el
gobierno definió una estrategia para anular por la vía de los hechos el papel
de la nueva Asamblea Nacional.
Para ello en forma fraudulenta e ilegal hizo una sustitución
de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre de 2016 para
asegurarse un control absoluto del poder judicial.
Este hecho sin precedentes en la historia republicana de
Venezuela es el inicio de lo que, desde el principio, hemos caracterizado como
un golpe constitucional continuado en Venezuela.
La esencia del golpe
El golpe de estado ocurre cuando por vías de hecho se
promueve el desconocimiento de la Constitución, las leyes, y de un poder legítimamente
constituido como lo es el poder legislativo.
Para instrumentar el golpe en contra de la Asamblea Nacional
el gobierno usa a otro poder constituido en forma viciada e inconstitucional
para darle visos de legalidad a una situación de facto.
Golpe Constitucional
Para la ejecución de este golpe de estado el TSJ se vale de
una interpretación falaz y pseudo jurídica de la Constitución Nacional y de
mecanismos legales para fundamentar una decisión que a la luz del derecho es
claramente inconstitucional.
Lo clave aquí es que se trata del máximo tribunal de la
republica violando la Constitución Nacional lo cual plantea un grave conflicto jurídico
y político ya que no hay ninguna otra instancia en Venezuela que pueda declarar
os vicios jurídicos cometidos por el TSJ.
Golpe Continuado
El golpe de estado tiene varias etapas. Cronológicamente se inició
el 23 de diciembre con la elección viciada de los magistrados del TSJ y la integración
de las salas electoral y Constitucional.
Ahora vienen un conjunto de medidas, todas orientadas a
anular el papel de la Asamblea Nacional: La suspensión de los 3 diputados de
Amazonas, la declaratoria de desacato al TSJ acordada el 12E y la muy probable anulación
de todos los actos de la Asamblea Nacional.
A este desarrollo se ha incorporado el factor militar. El
gobierno usa la estructura militar y su jefe principal el General Vladimir
Padrino López para arengar a los soldados en los cuarteles en contra de la Asamblea
Nacional.
El objetivo es reagrupar a las diferentes facciones que se
pelean por el poder en el seno de la FANB, ninguna de las cuales tiene conexión
con la oposición política, para una eventual acción armada contra un poder que
ya el TSJ ha declarado como nulo.
¿Cual es la naturaleza del conflicto y por que ocurre?
La esencia de este conflicto NO es jurídica. Lo jurídico
trata de disimular lo real que es lo político.
La decisión del TSJ al suspender a los 3 diputados por Amazonas
y ahora el declarar el desacato por parte de la Directiva de la AN son
decisiones eminentemente políticas, no jurídicas.
La decisión del alto Tribunal es una construcción pobre, sin
lógica jurídica y sin fuerza legal. Se trata de una sentencia política.
Partiendo de esta consideración la respuesta de la oposición
a este hecho específico no puede ser jurídica ya que materialmente la sentencia
del TSJ es inejecutable y no hay otro poder o instancia que declare la inconstitucionalidad
de esas decisiones.
La respuesta de la oposición esta decisión política del TSJ debe
ser igualmente una respuesta política: El desacato de esa sentencia.
La razón por la cual el gobierno esta dispuesto a promover
todo este caos institucional es para reservarse la mayor cantidad de poder en
el proceso de transición.
En otras palabras, el gobierno le plantea a la oposición una
confrontación política y militar en términos de “todo o nada” para poner a la oposición
contra la pared y obligarla a negociar cuotas de poder, perdones e inmunidades
al momento de la transición.
¿Como puede responder la oposición a este golpe de estado?
La oposición debe articular una respuesta política y jurídica
para enfrentar la arremetida del gobierno. Esa articulación debe implicar
insistir por todas las vías legales, nacionales e internacionales, para
desmontar el golpe.
La respuesta política debe ser ignorar y desacatar la sentencia
del TSJ, como ya lo hemos dicho. Por otra parte la AN debe seguir legislando
tal como lo tiene previsto y ejercer sus
atribuciones Constitucionales hasta
donde materialmente las pueda hacer valer. Aunque esto lleve a otra aberración jurídica
donde el TSJ allane la inmunidad de los parlamentarios por desacato y ordene su
detención.
Parte de la respuesta política también implica una rápida y
efectiva movilización de la opinión pública internacional y los contactos diplomáticos
con gobiernos del mundo, en especial con los que conforman el sistema hemisférico
de la OEA para lograr un pronunciamiento o una condena al golpe de estado.
La presión internacional podría llevar a la creación de una comisión
de mediación integrada por países amigos del gobierno venezolano (Cuba, Brasil,
Chile) y países neutrales (Costa Rica, Republica Dominicana) que promueva un acuerdo
político y eventualmente supervise unas elecciones generales.
La respuesta jurídica en esta crisis debe ser la activación simultánea
de los mecanismos Constitucionales para el cambio de gobierno: el referéndum
revocatorio y la elección de un nuevo Presidente.
Por demás esta señalar que la oposición ni quiere ni esta en
condiciones de dar un golpe de estado. Su terreno de lucha esta en el campo político
y allí debe continuar.
Los riesgos
El problema con la maniobra institucional del gobierno y la
respuesta política y jurídica de la oposición es que la velocidad de la crisis económica
es superior a la crisis política.
Un pueblo pasando hambre, sin comida, ni medicinas podría
mostrarse muy impaciente en las próximas semanas mucho antes que entren en acción
los diplomáticos con planes y estrategias par resolver el conflicto. El desenlace
en este caso seria el de un total caos social donde es muy difícil para
gobierno y oposición hacer el papel de moderadores de la crisis.
El régimen esta tensando en forma consistente el hilo del conflicto,
pero esa tensión tiene un imite natural impuesto por hechos y consecuencias. El
objetivo del gobierno es tensar lo suficiente para doblegar a la oposición. El problema
es si el hilo se revienta antes de tiempo.-
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