La instalación de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021
marca el inicio de una nueva etapa política en Venezuela.
La oposición se inaugura como una nueva mayoría en el parlamento y
promete retomar las funciones legislativas y contraloras de la Asamblea
Nacional que habían sido entregadas por mucho tiempo al Poder Ejecutivo.
El sistema político venezolano esta diseñado para operar en un marco de cooperación
de poderes.
Esto no será posible.
El gobierno ya ha anunciado su intención de sabotear el trabajo legislativo
de la nueva Asamblea Nacional.
La oposición por su parte anuncia una agenda de trabajo ambiciosa que
incluye ley de amnistía, leyes económicas y control a la gestión publica.
Esta agenda chocará en forma definitiva con la agenda política del
gobierno.
Por eso es previsible que el gobierno use su poder en el Tribunal
Supremo de Justicia para anular las decisiones de la Asamblea Nacional.
Esto traerá como consecuencia un inevitable choque de trenes.
La única forma que se podría resolver esta confrontación es por la vía
de un referéndum revocatorio del mandato del Presidente o de una convocatoria a
una Asamblea Nacional Constituyente.
Hay otras variables Constitucionales de este posible desenlace. Reforma
Constitucional desde la Asamblea Nacional, modificación del periodo presidencial,
etc.
Ayer el Presidente de la AN Henry Ramos Allup confirmó dos anuncios claves:
a) La Asamblea Nacional ejercerá todo su poder legal y Constitucional para
ponerle correctivos al Tribunal Supremo de Justicia y b) En un plazo de 6 meses
se abordará la discusión del cambio político, léase nuevas elecciones para
salir de Maduro.
La advertencia al TSJ define con claridad lo que será la siguiente confrontación
jurídico-política entre el gobierno y la oposición. La nueva AN muy posiblemente
tome algunas medidas como el amento de la cantidad de magistrados en el TSJ
para restablecer el balance que hoy responde abiertamente a compromisos con el régimen.
Queda pendiente ver si las decisiones de la AN poniendo límites al TSJ tendrán
eficacia práctica ante un evidente conflicto de poderes y la ausencia de una instancia
legal de alzada que pueda revisar las decisiones del máximo tribunal.
El segundo anuncio define unos lapsos para comenzar a discutir cómo y
cuando debe iniciarse el cambio político.
Seis meses es el lapso anunciado por el Presidente de la AN, quizás para
dar tiempo a que la crisis política y económica madure y las condiciones
sociales estén dadas para ese escenario. Pero la profundidad de la crisis económica
obligará a la oposición a cambiar su agenda y sus prioridades para acelerar
esta discusión.
No es aventurado pensar que la discusión de los mecanismos Constitucionales
para el cambio de gobierno comience en menos de 3 meses.
Por lo pronto ayer se vio a una bancada
del gobierno aun a la defensiva. Siguen enfocados en los detalles de las formalidades
y no entienden la grave crisis política en la que se hayan inmersos.
Llama por ejemplo la atención que la bancada del gobierno se retira de
la sesión inaugural argumentando un presunto inflamiento del reglamento de
debates de la AN. Sin embargo esa misma bancada del gobierno guardo silencio
ante la remoción de las fotos y los afiches de Chávez del hemiciclo.
Habría sido más consecuente y hasta con más sentido histórico el haberse
retirado de la sesión en solidaridad con una de las reliquias mas preciadas de
la revolución bolivariana.
Pero confusión no solo impera en las cabezas del PSUV. Las bases
chavistas también están confundidas y desmoralizadas.
Ayer no se vio al pueblo chavista, como antes, en los alrededores del
Capitolio acompañando a sus diputados. Solo algunos miembros de colectivos amenazando
a periodistas.
Es curioso que desde ayer comenzamos a ver a un gobierno comportándose
como oposición y una oposición comportándose cada vez mas como gobierno.-
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