En un país verdaderamente
democrático escándalos como la masacre de Tumeremo y la nacionalidad colombiana
del Presidente habrían sido suficientes para tumbar al gobierno.
La mascare de Tumeremo revela
el inmenso poder de las mafias de la minería ilegal en Guayana bajo el amparo
de los segmentos mas corrompidos del gobierno.
Ese aparente juego de
palabras entre el Gobernador Rangel Gómez y el Presidente de la República tratando
de negar a masacre fue un intento deliberado para silenciar la tragedia.
Los hechos desmintieron
a los voceros oficialistas que ya hoy carecen de credibilidad.
Igualmente el tema de la
nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro suma a la falta de credibilidad que
hay hacia el gobierno.
No se puede confiar en
un régimen que falsifica pruebas para incriminar opositores o que miente
descaradamente para tratar de defender a sus elementos más corruptos.
Esa falta a la moral pública
habría sido castigada por un poder público autónomo y honesto en un país con
instituciones democráticas.
Pero no en Venezuela.
La dictadura gobernante
ejerce todo su poder y tratar de cubrir sus huellas con un manto de “democracia
sospechosa”
Le corresponde a la sociedad
civil organizada y a los partidos políticos democráticos activar los mecanismos
Constitucionales para obligar al Presidente de la República a responder por sus
actos.
La responsabilidad política
y la rendición de cuentas son propias de un estado de derecho.
Su negación sistemática
solo confirma lo que sabemos: Vivimos en dictadura
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