Desde un principio el régimen
chavista se ha manejado como una dictadura.
Pero no es una dictadura
clásica, tradicional.
Esta es una dictadura de
nuevo tipo que usa un barniz democrático para justificarse.
Pero en esencia su
naturaleza es completamente antidemocrática.
Lo hemos visto con la guerra a la libertad de expresión y de pensamiento.
La represión política también
caracteriza a este régimen que no duda
en encarcelar a sus adversarios.
La sentencia dictada por
el TSJ ayer no sorprende.
Eso se esperaba.
Es parte del golpe de
estado continuado que comenzó en diciembre con la designación ilegal de los
magistrados del TSJ.
En forma absurda e
ilegal el TSJ establece límites a las funciones Constitucionales de la Asamblea
Nacional.
Es una sentencia que no
parece redactada por abogados.
En realidad más que una sentencia
es una declaración política que legitima y protege a la dictadura y sus
mecanismos de cualquier procedimiento contralor iniciado por la AN.
Esta decisión hay que
verla en el contexto de la estrategia del régimen para disolver la AN antes de
finales de año.
Frente a esto la oposición
debe evaluar la gravedad de la coyuntura y comenzar a desarrollar una estrategia
de confrontación más efectiva y realista.
Ayer lo dijimos y lo
seguiremos diciendo mañana: Mientras la oposición no busque aliados en el
chavismo no será posible cambiar la correlación de fuerzas que permita derrotar
en forma definitiva al régimen.
Con esta decisión del
TSJ la perspectiva de una victoria de la oposición sobre el régimen en el
mediano plazo son realmente inciertas.
Al ritmo que vamos el
escenario siguiente para confrontar electoralmente al régimen y eventualmente
derrotarlo será en diciembre del 2018.
¿Aguantaremos?
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