La selección del candidato presidencial por parte de la MUD o la de un líder de ese sector de la oposición, como antesala de unas elecciones generales que podrían ocurrir este año, el próximo o en cualquier momento, obligan a replantear el tema esencial de caracterizar tanto a quien ejerce el poder en Venezuela como a quienes se presentan como alternativa para disputárselo. Aunque no se trata de un asunto nuevo si ha sido deliberadamente obviado por quienes se hacen llamar “oposición".
Hay
que establecer un criterio basado en categorías estrictamente políticas, no
sociológicas o psicológicas, para definir y caracterizar al chavismo y a la
oposición. Sin un criterio claro seguiremos naufragando en un mar de
confusiones como ha ocurrido desde 1999 con las dramáticas consecuencias que
esto implica.
Para
los efectos de este artículo reexponemos, una vez más, nuestra tesis según la
cual lo que tenemos en Venezuela no es simplemente un mal gobierno del cual se
puede salir por elecciones. Lo que hay es algo más complejo y sofisticado que
nosotros caracterizamos como el Estado chavista que ha sustituido al Estado
nacional venezolano. El Estado chavista define los límites de una legalidad a
su medida. En ese Estado no hay separación de poderes y menos pesos y
contrapesos.
Los poderes
ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y militar son leales a la causa
chavista, no a la causa nacional. Pero esa arbitrariedad tiene un sustento
Constitucional y legal en la Constitución chavista de 1999. La definimos como tal porque es la norma
fundamental en la cual se apoya el Estado chavista y que sirve como su base
jurídica. Con esa norma Constitucional y esa legalidad nunca habrá forma de
disputarle el poder al chavismo legalmente, esto es por vía electoral. No es
por falta de voluntad de los ciudadanos, sino porque no hay mecanismos
confiables ni transparentes para que los ciudadanos se expresen
institucionalmente.
Para asegurar
su modelo político con apariencia democrática el régimen chavista a lo largo de
estos 23 años le ha hecho concesiones a la oposición en la forma de pequeñas
adjudicaciones electorales de alcaldes, gobernadores y diputados. Estas
concesiones alimentan la esperanza de un cambio político por la vía electoral
ya que se ofrece como evidencia que el chavismo también pierde elecciones, y
además acepta la derrota. En realidad el chavismo logra reconocimiento pleno
para su modelo fraudulento al convertir a esos alcaldes, gobernadores y diputados
en voceros del régimen y de sus métodos electorales. Es un mecanismo perverso
que se renova cada vez que vienen unas elecciones y funciona porque hay una
oposición siempre dispuesta a colaborar.
Por eso es
esencial no solo caracterizar al régimen chavista para entender a lo que nos
estamos enfrentado sino también a quienes se autodenominan como
“oposición". Y el criterio no podría ser simplemente llamar opositor a
todo aquel que compita electoralmente contra los candidatos del chavismo y ni
siquiera aquellos que en forma beligerante dicen oponerse al mal gobierno de Nicolás
Maduro, pero aceptan su régimen político y su pseudolegalidad.
El criterio
que hemos propuesto para definir qué es y que no es la oposición es el
reconocimiento o no a la Constitución chavista de 1999 y su régimen político
que hemos identificado como el Estado chavista. Aquí estamos frente a un
criterio estrictamente político, no sociológico, psicológico o cultural.
Partiendo de ese criterio todo aquel que reconozca y se apoye en la
Constitución chavista de 1999 para sacar al chavismo del poder, díganos por vía
electoral, entonces no podrá ser considerado como oposición sino más bien como
colaborador, cooperante o simplemente como falsa oposición porque no es
verdadera.
Este criterio
permite definir en forma objetiva dos frentes irreconciliables en el campo de
la lucha política. Quienes apoyan el actual régimen político chavista y
apuestan por su renovación electoral y quienes buscamos confrontar para
derrocarlo y sacarlo del poder.
De esta tesis
se desprenden definiciones políticas importantes. Por ejemplo, no apoyar las
elecciones ni las negociaciones con el chavismo porque son formas de dominación
que sólo buscan legitimar y extender la vida de un régimen que de otra forma ya
podría estar agonizando.
Esta tesis
suele ser atacada por dos flancos. Primero, se alega que es preferible hacer
algo (votar) que no hacer nada (abstenerse). Segundo, que sería la negación de
la política para en su lugar buscar una insurrección armada. En ambos casos
vemos un intento desesperado de los falsos opositores para seguir justificando
su fracaso de dos décadas sin rendir cuentas de su gestión política. Pero
admitiendo que ambos cuestionamientos podrían tener un fulcro de realidad es
necesario considerarlos.
En primer
lugar, decir que lo mejor es votar que quedarse de brazos cruzados es un
argumento que admite de entrada la inutilidad del voto. Esto equivale a decir
“sabemos que el sistema es fraudulento, sabemos que el chavismo jamás entregará
el poder por las buenas, pero de todas formas vayamos a votar”. Esto es votar
por votar alimentando en forma perversa la ilusión de que si la gente sale a
votar es posible que ocurra un milagro. El milagro por supuesto no sería que el
chavismo pierda la elección sino que acepte entregar el poder.
Luego está el
cuestionamiento de quienes se aferran a la idea nebulosa de una ilusoria
transición electoral e intentan asociar nuestra tesis de ruptura política con
golpes militares e insurrecciones armadas. A esto respondemos, con base a
dolorosas experiencias acumuladas en estas dos décadas, que los civiles tenemos
que ocuparnos de lo civil y los militares de los asuntos militares.
Aquí nos
desmarcamos de la idea mitológica según la cual un pueblo desarmado a fuerza de
pura voluntad puede tumbar un régimen político. No, son los sectores más
conscientes de la población que organizados en una vanguardia asuman la
confrontación política con el régimen desde la protesta ciudadana y a su vez
ganen a importantes sectores de las fuerzas militares para que hagan lo propio
desde los cuarteles. Son estos militares quienes tienen que dar los primeros
pasos para proteger a su pueblo y no al revés. Pero mientras esto no ocurra y
no haya condiciones objetivas el solo intento improvisado y espontáneo no
pasará de ser un acto suicida.
Ante la
pregunta ¿qué hacer en lugar de votar? la respuesta no es la desmovilización ni
la antipolítica. Por el contrario, lo que procede es la organización política y
social de los ciudadanos, no para ir a elecciones y legitimar al régimen
chavista sino para coordinar las luchas diarias por recuperar las condiciones
materiales de vida de los venezolanos. Intuitivamente muchos venezolanos ya lo
están haciendo organizándose en sindicatos independientes del régimen chavista
y de su falsa oposición. Este no es, por supuesto, un espacio garantizado e
inmune a la represión del régimen, pero en nuestra opinión, sin duda, es el que
ofrece mayores posibilidades de inserción social que los actuales partidos de
“oposición”.- @humbertotweets
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