El Estado chavista es una estructura jurídica, política y militar atípica y como tal sus políticas no son usuales como serían las de otros Estados. En el concierto internacional en el marco de las relaciones de unos Estados con otros hay ciertos objetivos que resultan comunes porque sirven a todos al mismo tiempo. La defensa de la vida, la protección de los derechos humanos, el combate al crimen organizado en todas sus formas son temas en los cuales la gran mayoría de los Estados modernos están de acuerdo, a menos que se trate de Estados forajidos cuyas estructuras han sido penetradas por organizaciones criminales.
Como ya hemos
explicado este no es el atípico caso del Estado chavista que no está penetrado
por el crimen organizado sino que incorpora al crimen como parte esencial de
sus estructuras y políticas. Esto lo hemos visto desde 1999 cuando Hugo Chávez
asume la presidencia de Venezuela y emprendió una política agresiva y audaz de
alianzas con las FARC y el ELN en Colombia. En el ámbito de la política doméstica
el Estado delincuente desarrolla una política de paz y tolerancia con las
megabandas en Venezuela, les reconoce territorios a los cuales las policías no
pueden entrar y es permisivo con el suministro de armas y equipos militares de
las FANB a estas organizaciones en un mercado negro que hoy se mantiene
vigente.
La función de
las Fuerzas Armadas chavistas ya no es la defensa de la integridad territorial
y las fronteras sino que ha degenerado a convertirse en la policía represiva
del régimen para someter a la población civil por la vía de la fuerza y la
violencia. Así la presencia militar venezolana en las fronteras ha sido
reducida a su más mínima expresión y los comandos que allí actúan tienen que
coordinarse con sus aliados de las narcoguerrillas y paramilitares para
establecer unas normas de cohabitación y convivencia.
Por decisión
del Estado chavista el territorio venezolano, no solo en la frontera, se ha
convertido en una inmensa zona de resguardo y tolerancia para que estos grupos
irregulares puedan operar. Aquí es donde los comandantes de estos grupos
reciben atención médica cuando son heridos en combate o el sitio preferido para
hacer sus conferencias y reuniones, todo
con protección oficial y militar del estado chavista.
El
narcotráfico y el comercio irregular de los minerales extraídos del Arco Minero
del Orinoco son la industria más próspera que gerencia el régimen chavista la
cual permite fabulosas ganancias en miles de millones de dólares al año para
financiar a grupos irregulares y enriquecer a los jefes de las bandas que
operan dentro de las FANB. La línea de producción de esta próspera industria
está bien definida en sus funciones donde grupos irregulares del ELN, FARC y
paramilitares gozan de especial salvoconducto para transitar y operar dentro de
Venezuela mientras las FANB chavistas y sus comandantes se encargan de proteger
y vigilar las rutas y los accesos por alcabalas y fronteras. Se han conocido
muchos casos de venezolanos detenidos y presos por contrabando de comida y
medicinas. Pero hasta ahora ninguno que haya sido detenido en la frontera por
narcotráfico o comercio ilegal de oro y otros metales preciosos.
A veces
ocurren enfrentamientos entre los grupos irregulares que operan en la frontera
de Venezuela y Colombia cuando los acuerdos para el reparto del botín y el uso
de las rutas no se respeta. Ahí es cuando aparecen comandantes militares
ajusticiados o decapitados sin explicación o investigación, o se producen
pequeñas guerras intestinas como la protagonizada por las FARC y sus
disidencias en pleno territorio venezolano.
Hoy cuando el
presidente de Colombia Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro esa política
militante y permisiva con el narcotráfico no ha disminuido sino que por el
contrario se ha profundizado. Aunque el Estado colombiano no es un Estado
delincuente o forajido tiene un Presidente que comparte la estrategia
geopolítica del chavismo que hace del narcotráfico un componente esencial. Por
eso el Fiscal General de Colombia Francisco Barbosa ha cuestionado y está en
contra de la política antidrogas de Petro la que califica como una estafa
porque se centra en penalizar a los pequeños cultivadores de la materia prima
de la droga y deja intactos y protegidos a los grandes grupos narcotraficantes
bajo la denominada “paz total”.
Barbosa ha
dicho que teme ser asesinado por la guerrilla del ELN que opera libremente
desde Venezuela y está en conversaciones de paz con el gobierno de Petro. La
revista Semana de Colombia ha confirmado por fuentes independientes que en
territorio venezolano se habrían reunido varios comandantes para coordinar el
atentado. La sola sospecha de que el régimen de Nicolás Maduro facilite la
perpetración de ese crimen debería ser motivo de escándalo y de suspensión de
relaciones con Venezuela. Pero el régimen chavista no se inmuta porque su
geopolítica está basada en el narcotráfico y no dudará en facilitar las
circunstancias para ayudar a su aliado Gustavo Petro, tal como lo ha hecho en
estos 23 años con grupos guerrilleros y paramilitares.- @humbertotweets
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