Venezuela y el mito de los Derechos Humanos

            Cuando se habla de los Derechos Humanos pareciera aludirse a una invocación universal que de alguna forma puede ser ejercida por una suerte de justicia mundial. No cuestionamos la defensa de la vida y la libertad como valores materiales de los ciudadanos que solo pueden hacerse respetar efectivamente dentro del contexto jurídico y político de un Estado.

            Lo que aquí cuestionamos es la ilusión metafísica de que esos llamados derechos universales pueden igualmente ser protegidos por una justicia internacional, llámese esta Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

            A primera vista pareciera que estas entidades supranacionales tienen la fuerza para defender esos derechos humanos universales y castigar su violación. Y ese es el mito, porque en la realidad no existe un gobierno o Estado mundial que respalde esas entidades. El mito de los Derechos Humanos universales es derivado de otro mito con idéntica racionalidad, el mito del Derecho Internacional.

            No existe un tal Derecho Internacional que se les aplique extraterritorialmente a todos los países. Lo que existe es la geopolítica y la dialéctica de unos Estados enfrentados a otros, que resuelven sus conflictos de intereses mediante la guerra o la negociación.

            Los Derechos Humanos son una definición más política (geopolítica) que jurídica a menos que, como en la práctica ha ocurrido, sus ideas lleguen a formar parte de legislaciones nacionales cuyos tribunales y fuerza pública estarían encargados de garantizarlos. 

            En casos como el de Venezuela la sola invocación de los Derechos Humanos es redundante porque los delitos que se denuncian son penados por la legislación nacional. El problema está en que el acusado es el propio Estado venezolano que ha perpetrado esos delitos en forma sistemática y general a través de sus subalternos.

            En un Estado con pesos y contrapesos el propio sistema de justicia nacional estaría en condiciones de aplicar correctivos a esas desviaciones, solo ajustándose al cumplimiento de la ley vigente. Desgraciadamente no es el caso de Venezuela donde los delitos contra la vida y la propiedad perpetrados por funcionarios del Estado quedan sin castigo y se olvidan en la mayor impunidad y complicidad.

            La impotencia y la frustración ante la ausencia total de justicia en Venezuela es lo que lleva a mucha gente a poner su fe y esperanza en el mito de los Derechos Humanos y la justicia internacional. Lamentablemente, como lo explicamos al comienzo, la activación de esos mecanismos no dependen del derecho sino más bien de la geopolítica que dadas determinadas circunstancias podría intervenir.

            El otro camino que queda es esperar por la buena voluntad del Estado acusado de violaciones a los Derechos Humanos para que en un acto estrictamente voluntario, no coercitivo, de contrición resuelva castigarse a sí mismo. De lo contrario todo seguirá encapsulado en el engañoso ámbito de la diplomacia y la geopolítica o sepultado en el olvido.

            No se puede esperar más de lo que hasta ahora han hecho los Comisionados para los Derechos Humanos (la señora Bachelet antes y el señor Türk ahora) ni el Fiscal Karim Khan. Su efectividad llega hasta donde el cargo se los permite. Los miles de casos de venezolanos víctimas de la violencia política que han sido denunciados ante esas instancias tendrán posibilidades de recibir justicia si hay un verdadero cambio en la política nacional, más que en los laberínticos pasillos de la política internacional.- @humbertotweets