Desmitificando la parusía venezolana

            En un país donde la política ha dejado de ser un ejercicio de racionalidad para convertirse en un ritual de fe, no es extraño que sus protagonistas hablen y se comporten como profetas iluminados. Venezuela, atrapada en una espiral de crisis interminables, ha convertido el mesianismo en su deporte nacional. Hoy, dos figuras encarnan esta tendencia con perverso entusiasmo: Nicolás Maduro y María Corina Machado, cada uno a su manera, vendiendo la salvación definitiva a sus respectivos fieles.

Maduro es el caricaturesco heredero de un mesianismo grotesco que nació con Hugo Chávez y degeneró en farsa circense. Se presenta como el líder indiscutible de la "revolución bolivariana", un proyecto en ruinas que sobrevive a punta de represión, propaganda y la infinita paciencia de una sociedad devastada. La ironía es que, aunque finge encarnar la voluntad popular, gobierna con una mezcla de brutalidad y miedo, aferrado al poder como un náufrago a un salvavidas de plomo.

Su discurso mesiánico es un pastiche de misticismo, socialismo de manual y populismo caribeño. Se autodenomina el protector del pueblo, el hijo legítimo del "comandante eterno" y el único capaz de evitar que el país caiga en manos del "imperio". Lo hace con la solemnidad de un sacerdote que predica en un templo en llamas, mientras su congregación, cada vez más escéptica, aguanta la respiración para ver si el techo se desploma sobre sus cabezas.

El problema de Maduro no es solo que miente, sino que su propia mitología se ha vuelto insostenible. El mesianismo exige resultados, milagros o al menos un espejismo convincente. Pero cuando el hambre sustituye a la fe y la represión reemplaza a la devoción, el profeta se convierte en un tirano que solo sobrevive por inercia.

En la otra esquina del ring mesiánico está María Corina Machado, cuya figura ha alcanzado niveles de idolatría dignos de un culto político. Para sus seguidores, no es simplemente una líder opositora, sino la única capaz de derrotar a la dictadura, restaurar la democracia y convertir a Venezuela en una potencia continental. La fe en ella no admite dudas ni grises: es la última esperanza, la única vía posible, la encarnación del coraje y la resistencia.

El problema del mesianismo de María Corina no es su discurso, sino la peligrosa convicción de que ella, por sí sola, podrá desmantelar un régimen enquistado en todas las estructuras del Estado. Su narrativa de “hasta el final” suena inspiradora, pero se estrella contra una realidad donde el chavismo no se derrumba por voluntad divina, sino por desgaste, conflictos internos o presión internacional.

El drama venezolano se parece cada vez más a una espera infinita de la parusía, ese anhelo de redención absoluta que promete la llegada de un salvador definitivo. Tanto el chavismo como la oposición han construido sus propios relatos mesiánicos, donde el fin del sufrimiento depende de la llegada de un líder providencial. Mientras unos aguardan la resurrección de la revolución en medio de su propio naufragio, otros confían en la caída inminente del régimen como si fuera un evento profetizado, inevitable e irrefutable. Pero la historia es cruel con quienes confunden la fe con la estrategia. @humbertotweets

La PUD y el eterno retorno del autoengaño electoral

            La historia se repite, primero como estrategia fallida, luego como negocio electoral. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en su obstinada ingenuidad o en su cínica conveniencia, vuelve a caer en la trampa que el régimen le tiende desde hace más de dos décadas: elecciones sin condiciones, resultados sin consecuencias y derrotas predecibles que se maquillan de gestas heroicas.

Tras el fraude del 28 de julio —sí, fraude, aunque la PUD evite llamarlo así con la esperanza de una próxima cita electoral—, la dirigencia opositora se encuentra en estado de confusión estratégica. No saben si participar en las elecciones municipales y regionales que el chavismo promueve para mayo. No saben si denunciar, si pactar, si inscribirse o si retirarse. Y ese no saber no es una virtud táctica: es un síntoma crónico de subordinación política.

La indefinición de la PUD no es casual. Es resultado directo de su apuesta permanente a la negociación con quien no negocia nada que le reste poder real. Esperan concesiones electorales como si no hubieran aprendido —o como si no les importara— que el chavismo, dueño de todos los resortes institucionales, sólo concede lo que no pone en riesgo su dominio. ¿Qué esperan esta vez? ¿Una habilitación simbólica? ¿Una tarjeta prestada? ¿Un rector del CNE que parezca independiente y le lleve el maletín a Elvis Amoroso?

Mientras la cúpula de la PUD duda en Caracas, en las regiones se gesta otra dinámica: la revuelta clientelar. Gobernaciones y alcaldías entregadas a la oposición en procesos controlados por el régimen han generado un ecosistema de lealtades que no se alimenta de principios, sino de presupuestos, nóminas y prebendas. Los operadores regionales quieren elecciones no por vocación democrática, sino por continuidad presupuestaria. No disputan el poder al chavismo: se han convertido en sus satélites funcionales.

En ese contexto, el debate sobre participar o no en mayo es irrelevante si no se asume lo esencial: ninguna elección organizada bajo las reglas del régimen chavista servirá para desplazar al chavismo del poder. La estrategia electoral, tal como la entiende la PUD, está muerta. Lo que sobrevive es una simulación útil para quienes hacen de la política un modo de vida financiado desde el poder que dicen combatir.

La PUD no necesita decidir si participa o no en las elecciones de mayo. Necesita decidir si sigue existiendo como coartada del régimen o si finalmente rompe el ciclo de colaboracionismo con ropaje opositor. Hasta ahora, todo indica lo primero.- @humbertotweets

El atajo del chavismo hacia la tiranía permanente

            La nueva reforma constitucional propuesta por el chavismo para 2025 no es más que un intento de consolidar su dominio absoluto sobre Venezuela, siguiendo la vía de la dictadura cubana. Al igual que en la isla, la élite gobernante busca alterar la estructura fundamental del Estado para reemplazarla por un modelo de poder vertical, controlado desde el Ejecutivo, donde la soberanía popular se diluye en un entramado de “comunas” diseñadas para reforzar la hegemonía del partido en el poder.

Este proyecto no es nuevo. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el chavismo ha intentado transformar la democracia venezolana en un régimen de partido único, siguiendo el modelo de la Revolución Cubana. Sin embargo, la Constitución de 1999, aunque impregnada de ideología socialista, aún mantenía formalmente principios de separación de poderes y representación política, aunque su efectividad en los últimos años ha sido prácticamente nula. La propuesta de reforma de 2025 busca finalmente eliminar estos obstáculos para sustituir el Estado de Derecho por el Estado Comunal, una estructura que, lejos de darle poder al pueblo, lo somete a un sistema de control totalitario.

El proyecto del Estado Comunal guarda una dramática similitud con el modelo cubano de organización política. En Cuba, el Partido Comunista es la única entidad con capacidad real de decisión y poder. Las estructuras de base, los llamados "Órganos del Poder Popular", no son otra cosa que instancias controladas por el partido para legitimar sus decisiones sin que haya una verdadera pluralidad política.

El chavismo pretende replicar esto en Venezuela mediante la eliminación de los gobiernos municipales y regionales electos por voto popular, reemplazándolos con "comunas" y "consejos comunales" con un sospechoso tufo “asambleario”.. Bajo esta estructura, las instancias de poder no responderían a los ciudadanos, sino a designaciones directas del Ejecutivo, replicando la estructura piramidal del sistema cubano, donde todo poder emana de la cúpula del partido y desciende sin permitir disidencia.

Otro paralelismo clave es la sustitución de la democracia representativa por un simulacro de democracia participativa. En Cuba, el régimen justifica la ausencia de elecciones competitivas con la idea de que la "democracia popular" se ejerce a través de asambleas controladas. El chavismo intenta imponer la misma lógica: sustituir alcaldes y gobernadores electos por estructuras comunales controladas desde el PSUV, eliminando así cualquier atisbo de pluralismo político.

A pesar de las similitudes, existen diferencias marcadas entre el Estado Comunal chavista y el sistema cubano. Mientras que en Cuba el Partido Comunista logró construir una estructura de control cohesiva, en Venezuela el chavismo se enfrenta a la corrupción desbordada, el colapso institucional y la fragmentación del poder dentro del propio régimen.

En Cuba, el aparato de seguridad y represión es monolítico y eficiente. En Venezuela, aunque la represión es brutal, la estructura de poder es más caótica, con múltiples facciones dentro del chavismo compitiendo por el control de recursos y territorios. La imposición del Estado Comunal no garantiza automáticamente un dominio total del país; más bien, puede profundizar la crisis política al agravar la desconexión entre el gobierno y la sociedad.

Otro factor diferencial es el rechazo popular. En Cuba, tras décadas de adoctrinamiento y represión, gran parte de la población ha sido sometida a una resignación forzada. En Venezuela, en cambio, el chavismo enfrenta un desgaste evidente y una resistencia activa de la sociedad. La eliminación de los gobiernos locales generará un choque inevitable con sectores que, aunque no opositores, dependen del clientelismo regional para sobrevivir.

La instalación del Estado Comunal no es más que una etapa dentro del proceso de degeneración del régimen político venezolano, que comenzó con Hugo Chávez en 1999 y ha evolucionado con fluidez hacia un fascismo de nuevo tipo. A diferencia de las dictaduras militares tradicionales o del comunismo ortodoxo, el chavismo ha desarrollado un modelo híbrido donde el Estado se disuelve en redes de poder informales, el liderazgo se perpetúa a través del control absoluto de las instituciones y la represión se combina con estrategias de cooptación social.

Si el chavismo en su etapa inicial apelaba a la democracia plebiscitaria y a una retórica de justicia social para consolidar su poder, hoy se despoja de cualquier disfraz ideológico para transitar hacia un autoritarismo corporativista, donde las estructuras comunales no son más que un mecanismo de disciplina social y vigilancia política. Como en los regímenes fascistas clásicos, el chavismo busca suplantar la estructura tradicional del Estado por un sistema basado en la lealtad incondicional al líder, eliminando cualquier espacio de autonomía institucional.

El colapso económico, la crisis de legitimidad y el aislamiento internacional han obligado al chavismo a acelerar su transformación hacia un modelo de dominación totalitaria, donde el Estado Comunal actúa como la base de un sistema de control absoluto. Esta no es una simple reforma administrativa, sino el paso final hacia un régimen que no solo busca perpetuarse en el poder, sino que lo hace desmantelando por completo la posibilidad de una restauración democrática.

Venezuela no está simplemente ante una tiranía, sino ante la consolidación de un fascismo tropical, donde el poder se ejerce desde estructuras informales, la soberanía popular es sustituida por mecanismos de control vertical y la represión política se justifica con una retórica de guerra permanente. El Estado Comunal es solo la fase más reciente de este proceso de degeneración, que no busca gobernar, sino dominar. Y en ese camino, la nación venezolana se enfrenta a la encrucijada final: resignarse o resistir.

Si la vía lógica es resistir, entonces la pregunta que corresponde es ¿y cómo? @humbertotweets

El estado comunal será la base del fascismo chavista

            El proyecto del Estado Comunal que el chavismo pretende imponer con su reforma constitucional de 2025 es la culminación de un proceso de desmantelamiento institucional iniciado por Hugo Chávez en 1999. Siguiendo el modelo de la dictadura cubana, el régimen busca reconfigurar la estructura del Estado para garantizar su perpetuidad en el poder, sustituyendo el actual régimen político por un entramado de control político diseñado para anular cualquier posibilidad de alternancia.

El concepto de Estado Comunal no es nuevo en el discurso chavista, pero su implementación definitiva representa un salto cualitativo en la degeneración del sistema político venezolano. Bajo este modelo, los gobiernos municipales y regionales electos desaparecerían, sustituidos por "consejos comunales" y "comunas" subordinadas directamente al Ejecutivo. A primera vista, este sistema podría parecer una forma de participación popular, pero en la práctica, no es más que un mecanismo de centralización absoluta del poder, donde todas las decisiones emanan de la cúpula chavista sin contrapesos reales.

Las semejanzas con el régimen castrista son evidentes. En Cuba, los llamados Órganos del Poder Popular funcionan como simples correas de transmisión del Partido Comunista, eliminando cualquier atisbo de pluralidad política. El chavismo aspira a replicar esta estructura en Venezuela, garantizando que todas las instancias de poder respondan a la línea del partido, eliminando gobernadores y alcaldes electos para consolidar un control vertical sobre la sociedad.

La estrategia es clara: sustituir la democracia representativa por un simulacro de democracia participativa donde las decisiones ya están tomadas de antemano por el aparato del régimen. No es una reforma administrativa, sino un golpe mortal contra la posibilidad de restaurar el Estado de Derecho en Venezuela.

Si bien el modelo se inspira en la dictadura cubana, el chavismo enfrenta un obstáculo fundamental: la corrupción y el caos interno de su propio régimen. En Cuba, el Partido Comunista ha logrado mantener una disciplina férrea sobre el aparato estatal. En Venezuela, en cambio, la fragmentación del poder y la lucha entre facciones dentro del chavismo hacen que la imposición del Estado Comunal no solo sea un intento de consolidación autoritaria, sino también una estrategia desesperada para recomponer el dominio del régimen sobre sus propios cuadros.

Mientras el aparato represivo cubano es monolítico y eficiente, en Venezuela el chavismo se sostiene con una mezcla de violencia desorganizada, represión selectiva y una red de lealtades clientelares que podrían resquebrajarse ante la eliminación de los gobiernos locales. La crisis económica y el rechazo popular añaden un elemento de incertidumbre que hace impredecible el desenlace de esta maniobra.

El Estado Comunal no es un simple artificio burocrático, sino el paso final de la mutación del chavismo en un fascismo de nuevo tipo. A diferencia de las dictaduras militares convencionales o los regímenes comunistas clásicos, el chavismo ha construido un modelo híbrido donde la represión convive con redes de poder informales, el Estado se disuelve en estructuras de control paralelas y el liderazgo se perpetúa mediante la eliminación de cualquier vestigio de institucionalidad democrática.

Venezuela no enfrenta solo un mal gobierno. El chavismo, lejos de buscar gobernar, pretende transformar el país en un régimen totalitario que anule toda posibilidad de cambio. Este nuevo régimen propuesto tiene todas las características del fascismo histórico que con sus matices y especificidades tendrá en el estado comunal la base para sostenerse y replicarse.- @humbertotweets

El fracaso del chavismo no es culpa de las sanciones

Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, la industria petrolera venezolana ha experimentado un colapso sin precedentes. En ese año, Venezuela producía aproximadamente 3,1 millones de barriles diarios. Para 2025, la producción se ha desplomado a menos de 900.000 barriles diarios, una cifra comparable a la de la década de 1940. Este declive no puede atribuirse exclusivamente a las sanciones internacionales, sino a una mala gestión estructural, corrupción, falta de inversión y la politización de PDVSA, la empresa estatal de petróleo.

Uno de los eventos que marcó el deterioro de PDVSA fue el paro petrolero de 2002-2003, tras el cual el gobierno de Hugo Chávez despidió a más de 18.000 trabajadores, incluyendo a técnicos altamente capacitados, reemplazándolos con incondicionales al régimen pero sin la formación adecuada. Esto provocó un debilitamiento de la capacidad operativa y tecnológica de la empresa.

A lo largo de los años, la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura agravó la crisis. En lugar de reinvertir los ingresos petroleros en la industria, el chavismo utilizó PDVSA como una caja chica para financiar la demagogia, el clientelismo y la corrupción descuidando la producción y exploración. Además, la corrupción se convirtió en un problema sistémico dentro de la empresa, con desvíos de fondos millonarios y el saqueo de recursos que debían destinarse al mantenimiento de las instalaciones petroleras.

A partir de 2019, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones económicas más estrictas contra Venezuela, afectando particularmente a la industria petrolera. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la empresa estadounidense Chevron continuó operando en el país gracias a una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. conocida como Licencia 41, la cual le permitía extraer petróleo en sociedad con PDVSA bajo ciertas condiciones.

En enero de 2025, la administración de Trump suspendió la Licencia 41, eliminando así una de las pocas fuentes de inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Esta medida fue interpretada como un intento de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que realizara concesiones políticas. Sin Chevron, Venezuela perdió no solo una empresa con capacidad operativa y tecnológica, sino también un vínculo que le permitía comercializar su petróleo dentro de un marco más estable.

Aunque la suspensión de la licencia tuvo un impacto en la ya deteriorada producción, es importante señalar que la industria petrolera venezolana llevaba años en crisis antes de las sanciones. El colapso de PDVSA no se debe exclusivamente a las restricciones impuestas por EE.UU., sino a una administración ineficiente, falta de mantenimiento y corrupción estructural.

El politólogo Michael Penfold ha señalado que "el colapso petrolero en Venezuela es más un problema de gobernanza que de sanciones; el daño estructural es tal que, incluso si se levantaran todas las restricciones, la industria no podría recuperarse sin una reestructuración profunda" (Inter-American Dialogue, 2023).

Mientras el chavismo permanezca en el poder, Venezuela no podrá recuperar su industria petrolera. No hay confianza de los inversionistas internacionales, la infraestructura está colapsada y la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para una gestión eficiente. La única vía para la recuperación sería un cambio político que permita atraer inversión extranjera, recuperar el talento técnico y reconstruir PDVSA bajo un modelo de gestión transparente y eficiente. Sin estas reformas y bajo la tiranía chavista Venezuela está condenada a ser un país petrolero sin los beneficios de la renta petrolera.- @humbertotweets

El papel de Venezuela en el tablero de Trump

            La política de Donald Trump hacia Venezuela ha estado marcada por decisiones que, aunque presentadas como esfuerzos para promover la democracia, parecen alinearse más estrechamente con los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos. Un ejemplo reciente es la cancelación de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, una medida que, según el presidente, busca presionar al régimen de Nicolás Maduro para celebrar elecciones libres.

Sin embargo, esta acción también puede interpretarse como un intento de limitar la influencia de actores extranjeros en el sector petrolero venezolano, protegiendo así los intereses energéticos estadounidenses. ​

La suspensión de las operaciones de Chevron podría reducir la producción diaria de petróleo de Venezuela de 900.000 barriles a menos de 500.000, exacerbando la crisis económica del país. Esta disminución no solo afecta al gobierno de Maduro, sino que también abre la puerta para que empresas chinas y rusas aumenten su presencia en el sector energético venezolano, algo que Estados Unidos busca evitar. ​

Además, la administración Trump ha utilizado la narrativa de amenazas de seguridad para justificar su postura hacia Venezuela. Durante su campaña, Trump destacó la presencia de la banda criminal venezolana "Tren de Aragua" como un argumento para reforzar sus políticas de inmigración y seguridad nacional, vinculando la situación interna de Venezuela con los intereses de seguridad de Estados Unidos. ​

El politólogo internacional Michael Shifter ha señalado que las políticas de Trump hacia Venezuela están más orientadas a satisfacer intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos que a promover un cambio democrático en el país sudamericano. Shifter argumenta que, aunque la retórica oficial se centra en la restauración de la democracia, las acciones concretas, como las sanciones petroleras, buscan asegurar el control estadounidense sobre los recursos energéticos y limitar la influencia de rivales estratégicos en la región.​

Las políticas de Donald Trump hacia Venezuela parecen estar más alineadas con la protección y promoción de los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos que con un compromiso genuino con la democratización del país. No está claro que  estas acciones puedan debilitar al régimen de Maduro. Lo que sí resulta evidente es que están profundamente influenciadas por consideraciones geopolíticas que benefician a Estados Unidos.- @humbertotweets

Trump buscaría neutralizar a Rusia frente a Venezuela

            La política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela ha estado marcada por una estrategia de "máxima presión" destinada a debilitar al régimen de Nicolás Maduro y promover un cambio político en el país. Esta estrategia se ha centrado en la implementación de sanciones económicas, la revocación de licencias a empresas estadounidenses que operan en Venezuela y esfuerzos por aislar al gobierno de Maduro en el ámbito internacional.​

Una de las medidas más significativas adoptadas por la administración Trump fue la revocación de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela. Esta decisión obligó a la empresa a cesar sus operaciones en el país en un plazo de 30 días, eliminando una fuente clave de ingresos para el régimen de Maduro. La medida buscaba aumentar la presión económica sobre el gobierno venezolano, reduciendo su capacidad para financiarse y operar en los mercados internacionales.

Además, la administración Trump ha implementado sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía venezolana, incluyendo el petróleo, el oro y el sector financiero. Estas sanciones han tenido como objetivo restringir las fuentes de ingresos del gobierno de Maduro y limitar su capacidad para mantenerse en el poder. ​

La estrategia de la administración Trump también ha incluido esfuerzos para aislar diplomáticamente al régimen de Maduro. Un aspecto relevante en este contexto es la relación de Venezuela con Rusia, uno de sus principales aliados internacionales. La posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podría tener implicaciones significativas para Venezuela. Si Rusia decide reorientar sus recursos y atención hacia la reconstrucción postconflicto y la normalización de relaciones con Occidente, es posible que reduzca su apoyo al régimen de Maduro. Esto podría debilitar aún más al gobierno venezolano y abrir oportunidades para un cambio político en el país.​

Las medidas adoptadas por la administración Trump han tenido un impacto notable en la economía venezolana y en la estabilidad del régimen de Maduro. La reducción de ingresos por exportaciones de petróleo, sumada a las dificultades para acceder a los mercados financieros internacionales, ha exacerbado la crisis económica en el país. Sin embargo, a pesar de estas presiones, el gobierno de Maduro ha logrado mantenerse en el poder, apoyado en parte por el control de las fuerzas armadas y el respaldo de aliados internacionales como Rusia y China.​

La efectividad de la estrategia de "máxima presión" de la administración Trump para lograr un cambio político en Venezuela sigue siendo objeto de debate. Mientras algunos analistas argumentan que el aumento de la presión económica y diplomática podría eventualmente forzar una transición, otros señalan que estas medidas han tenido un impacto limitado en la estructura de poder interna de Venezuela.

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania añade una variable adicional al escenario. Si Rusia disminuye su apoyo al régimen de Maduro, esto podría debilitar significativamente al gobierno venezolano y abrir la puerta a negociaciones para una transición política o hasta una rebelión interna. Sin embargo, este es un escenario hipotético y su realización dependerá de múltiples factores en el ámbito internacional.- @humbertotweets

Guyana se beneficia de la crisis política en Venezuela

            La disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo ha alcanzado un punto crítico con la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Para Venezuela, la judicialización del conflicto representa una derrota en sí misma, ya que aleja la resolución de la controversia del Acuerdo de Ginebra de 1966, el único mecanismo que reconocía su reclamo histórico sobre el territorio. En cambio, para Guyana, este escenario abre una ventana de oportunidad, no solo porque la CIJ tiende a favorecer el statu quo territorial, sino porque la geopolítica actual le otorga una ventaja significativa.

En términos estratégicos, Guyana cuenta con el respaldo de potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, además del apoyo de actores regionales que tradicionalmente han mantenido buenas relaciones con Venezuela, como Brasil, Cuba y los países del CARICOM. Este alineamiento se explica en gran parte por el creciente interés económico en los yacimientos petroleros descubiertos en aguas guyanesas, los cuales han convertido a Guyana en un actor clave dentro del mercado energético global. En contraste, el régimen venezolano enfrenta un aislamiento internacional pronunciado, con sanciones económicas y un deterioro progresivo de sus capacidades diplomáticas y militares.

Un episodio reciente ejemplifica la creciente presión sobre Venezuela: la denuncia de Guyana respecto a la supuesta incursión de un barco militar venezolano en sus aguas territoriales. Aunque Caracas argumenta que la embarcación navegaba en aguas proyectadas por su plataforma continental en reclamación, el incidente ha sido utilizado para reforzar la narrativa de Guyana ante la comunidad internacional, retratando a Venezuela como un actor agresivo que pone en riesgo la estabilidad regional. La reacción inmediata de Estados Unidos y el CARICOM en respaldo a Guyana refuerza la percepción de que cualquier escalada del conflicto jugaría en contra de Venezuela.

El politólogo Michael Shifter, expresidente del Inter-American Dialogue, ha señalado que el aislamiento internacional de Venezuela y su crisis interna debilitan su capacidad de defender el Esequibo de manera efectiva. Según Shifter, “en un entorno en el que Venezuela está políticamente fragmentada y económicamente colapsada, su margen de maniobra para resistir la presión internacional es mínimo” (Shifter, 2023). Esta debilidad estructural hace que Guyana tenga más posibilidades de consolidar su control sobre el territorio en disputa, ya sea a través de un fallo favorable de la CIJ o mediante el fortalecimiento de alianzas militares que disuadan cualquier intento de Venezuela por hacer valer su reclamo mediante la fuerza.

La crisis política y económica venezolana, combinada con su aislamiento diplomático, coloca a Guyana en una posición privilegiada para avanzar en su estrategia de consolidar el control total sobre el Esequibo. La intervención de la CIJ, lejos de representar un espacio de arbitraje neutral, parece estar guiada por criterios geopolíticos que favorecen a Guyana. Mientras Venezuela desgajada por el chavismo enfrenta un escenario incierto, Guyana fortalece su legitimidad internacional y consolida su posición con el respaldo de actores clave.- @humbertotweets

Trump le ofrece zanahoria y garrote al chavismo

            La estrategia de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro no parece orientarse exclusivamente a su derrocamiento, sino más bien a la aplicación de una política de presión y negociación, con incentivos y castigos, para forzar reformas que atenúen la crisis venezolana y, en consecuencia, reduzcan la migración hacia Estados Unidos.

La reciente negociación liderada por Richard Grenell para la liberación de ciudadanos norteamericanos cautivos en Venezuela y la posterior suspensión de la licencia 41, que permitía a Chevron operar en el país, son ejemplos clave de esta estrategia. A diferencia de la administración de Joe Biden, que había otorgado concesiones al chavismo sin condiciones estrictas, el enfoque de Trump se basa en la reciprocidad y la verificación de compromisos mutuos.

La suspensión de la licencia 41 debe entenderse como un "reseteo" de las relaciones bilaterales. En lugar de continuar permitiendo a Chevron explotar petróleo venezolano sin garantías claras de cambios políticos o económicos, la administración de Trump está reconfigurando las negociaciones. Este ajuste busca que el chavismo realice concesiones concretas, tales como medidas para controlar el narcotráfico, la suspensión de relaciones con grupos irregulares y una política menos alineada con los intereses geopolíticos de China.

De acuerdo con el politólogo y experto en geopolítica Walter Russell Mead, "las sanciones y la diplomacia coercitiva deben ir acompañadas de una vía de salida creíble para el régimen, o de lo contrario solo fortalecen a los actores más radicales". Este principio parece guiar la estrategia de Trump, que ofrece una alternativa al chavismo para tenerlo controlado sin comprometer los intereses de EE.UU.

Un aspecto distintivo de esta estrategia es su independencia respecto a la oposición venezolana. A diferencia de anteriores políticas que buscaban el respaldo y la coordinación con figuras opositoras, la estrategia de Trump pone el foco en la relación directa con el régimen de Maduro. Esto responde a un análisis pragmático: la oposición venezolana está fracturada y carece de una estructura cohesionada que garantice una transición efectiva.

En este contexto, la administración de Trump no busca un cambio de régimen inmediato, sino una serie de acuerdos que aseguren que Venezuela deje de ser un factor de desestabilización regional y una fuente de presión migratoria sobre EE.UU. Si Maduro cumple con estos acuerdos y evita alinearse con actores hostiles a Washington, podría haber una distensión cautelosa que ni mejore ni empeore su situación interna, pero que garantice los intereses de los EE.UU.

El desenlace de esta política dependerá de la reacción del chavismo. Los próximos seis meses serán clave, especialmente mientras Chevron desmonta sus operaciones en Venezuela. Si Maduro no muestra voluntad de negociar en términos favorables a EE.UU., es probable que la administración de Trump refuerce su presión con sanciones más estrictas y una diplomacia más agresiva.

La estrategia de Trump hacia Venezuela es una combinación de presión y pragmatismo, sin una intención inmediata de derrocar a Maduro, pero con el objetivo de forzar cambios que beneficien a EE.UU. y reduzcan la crisis migratoria. La clave de su éxito radicará en la capacidad del chavismo para adaptarse a estas nuevas reglas del juego y en la disposición de Washington para mantener una postura firme y calculada.

Por supuesto, sobra decir que el éxito de esta política no significa necesariamente el éxito de las fuerzas que en Venezuela luchan contra el fascismo chavista del siglo XXI.- @humbertotweets