Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, la industria
petrolera venezolana ha experimentado un colapso sin precedentes. En ese año,
Venezuela producía aproximadamente 3,1 millones de barriles diarios. Para 2025,
la producción se ha desplomado a menos de 900.000 barriles diarios, una cifra
comparable a la de la década de 1940. Este declive no puede atribuirse
exclusivamente a las sanciones internacionales, sino a una mala gestión
estructural, corrupción, falta de inversión y la politización de PDVSA, la
empresa estatal de petróleo.
Uno de los eventos que marcó el deterioro de PDVSA fue el paro
petrolero de 2002-2003, tras el cual el gobierno de Hugo Chávez despidió a más
de 18.000 trabajadores, incluyendo a técnicos altamente capacitados,
reemplazándolos con incondicionales al régimen pero sin la formación adecuada.
Esto provocó un debilitamiento de la capacidad operativa y tecnológica de la
empresa.
A lo largo de los años, la falta de mantenimiento y de inversión en
infraestructura agravó la crisis. En lugar de reinvertir los ingresos
petroleros en la industria, el chavismo utilizó PDVSA como una caja chica para
financiar la demagogia, el clientelismo y la corrupción descuidando la
producción y exploración. Además, la corrupción se convirtió en un problema
sistémico dentro de la empresa, con desvíos de fondos millonarios y el saqueo
de recursos que debían destinarse al mantenimiento de las instalaciones petroleras.
A partir de 2019, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones
económicas más estrictas contra Venezuela, afectando particularmente a la
industria petrolera. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la empresa
estadounidense Chevron continuó operando en el país gracias a una licencia
especial otorgada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. conocida como
Licencia 41, la cual le permitía extraer petróleo en sociedad con PDVSA bajo
ciertas condiciones.
En enero de 2025, la administración de Trump suspendió la Licencia
41, eliminando así una de las pocas fuentes de inversión extranjera en la
industria petrolera venezolana. Esta medida fue interpretada como un intento de
presionar al régimen de Nicolás Maduro para que realizara concesiones políticas.
Sin Chevron, Venezuela perdió no solo una empresa con capacidad operativa y
tecnológica, sino también un vínculo que le permitía comercializar su petróleo
dentro de un marco más estable.
Aunque la suspensión de la licencia tuvo un impacto en la ya
deteriorada producción, es importante señalar que la industria petrolera
venezolana llevaba años en crisis antes de las sanciones. El colapso de PDVSA
no se debe exclusivamente a las restricciones impuestas por EE.UU., sino a una
administración ineficiente, falta de mantenimiento y corrupción estructural.
El politólogo Michael Penfold ha señalado que "el colapso
petrolero en Venezuela es más un problema de gobernanza que de sanciones; el
daño estructural es tal que, incluso si se levantaran todas las restricciones,
la industria no podría recuperarse sin una reestructuración profunda" (Inter-American Dialogue, 2023).
Mientras el chavismo permanezca en el poder, Venezuela no podrá
recuperar su industria petrolera. No hay confianza de los inversionistas
internacionales, la infraestructura está colapsada y la corrupción sigue siendo
el mayor obstáculo para una gestión eficiente. La única vía para la
recuperación sería un cambio político que permita atraer inversión extranjera,
recuperar el talento técnico y reconstruir PDVSA bajo un modelo de gestión
transparente y eficiente. Sin estas reformas y bajo la tiranía chavista
Venezuela está condenada a ser un país petrolero sin los beneficios de la renta
petrolera.- @humbertotweets
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