En un país como Venezuela donde no hay ninguna esperanza de darles justicia a las víctimas de la violencia perpetrada por el estado chavista estos veinte años, cualquier señal en sentido contrario es celebrada a rabiar por unos pocos y recibida con desconfianza por la mayoría. Esta parece ser la reacción ante la más reciente visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela y su anuncio de abrir una oficina en Caracas. Políticos y activistas de los Derechos Humanos ven esto como muy positivo en el proceso de incriminar a los violadores de derechos humanos al servicio del régimen mientras que víctimas, familiares de las víctimas y muchos venezolanos prefieren refugiarse en la cautela, la prudencia y el escepticismo.
No
podría ser para menos. Hay muchas interrogantes y dudas sobre las funciones de
esta Corte Penal Internacional y el verdadero alcance de las investigaciones
que adelanta el Fiscal Khan. La abundancia de declaraciones celebratorias de
unas gestiones que no han sido suficientemente explicadas ha elevado las
expectativas y multiplicado las ilusiones que prometen un juicio definitivo al
régimen chavista y sus operadores por los crímenes cometidos. Hay quienes
incluso sueñan con ver a Nicolás Maduro esposado escuchando el veredicto
condenatorio de esa Corte. Para vacunarse contra los desengaños y las
desilusiones hay que examinar los materiales que públicamente suministran la
CPI y el propio Fiscal Khan.
Lo
primero que hay que recordar, precisamente porque parece ser lo primero que se
olvida, es que la CPI creada por el Estatuto de Roma opera bajo el llamado
principio de complementariedad. Según esta disposición no se trata de una
instancia que desde afuera va a administrar justicia, sino por el contrario es
una oficina que va a colaborar con los Estados en la administración de justicia
y asesorarlos en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, si fuera
necesario.
También
es importante recordar que el Estatuto de Roma y la CPI no son producto de un
mítico e inexistente Derecho Internacional. Se trata más bien de creaciones de
la geopolítica y la diplomacia que dados ciertos acuerdos entre Estados y
potencias bien podrían ampliar o restringir el ámbito operativo de esta Corte
para enjuiciar, por ejemplo, a un jefe de estado o un estado como régimen
político. En condiciones políticas normales esta Corte y su Fiscal producirán
decisiones previamente concertadas con el Estado en cual está trabajando.
En
Venezuela ha sido precisamente el Estado chavista, con Nicolás Maduro y
Vladimir Padrino López a la cabeza, el que ha impulsado una política
sistemática y masiva de violencia contra civiles y militares por razones
políticas. El Fiscal Khan desde un principio ha descartado tratar al Estado
chavista con sus órganos e instituciones como indiciado en este proceso.
Quedaría entonces solo la vía para investigar y condenar a los autores
intelectuales y materiales de esos crímenes como personas. Pero si, por
definición, la CPI va a actuar en complemento a la justicia chavista local
¿Cómo se puede establecer la responsabilidad de Maduro y Padrino, por tan solo
nombrar a dos, si ni siquiera han sido investigados por jueces que ellos mismos
han designado?
Luego
de celebrar con bombos y platillos el acuerdo de cooperación entre la CPI y el
Estado chavista que preside Nicolás Maduro es lógico suponer que un resultado
habrá, aunque este quizás no sea el que espera la mayoría. Del gelatinoso
lenguaje diplomático usado por el Fiscal Khan cada vez que visita a Venezuela
se puede inferir que no habrá un enjuiciamiento ni condena del Estado chavista
ni de sus principales jerarcas que presumiblemente serían los autores
intelectuales de esos crímenes. El supuesto auto de apertura de investigación
penal emitido por el Fiscal Khan el año pasado no definió delitos ni
sospechosos, era más bien un acuerdo de cooperación y asesoría entre la CPI y
el Estado chavista para tratar de hacer más eficiente su sistema judicial. Pero
como al final algo había que mostrar lo más probable es que los tribunales
chavistas emitan sentencias condenatorias
contra algunos esbirros de baja jerarquía o que estas sean usadas para ajustar
cuentas en las luchas intestinas que se libran dentro del chavismo.
Quienes
ven como algo positivo la segunda visita del Fiscal Khan a Venezuela en menos
de 6 meses deberían tomar en cuenta que, tal como lo dijo el Fiscal en su única
declaración escrita, él vino “invitado oficialmente por el gobierno de
Venezuela”. De otra forma quizás no le habríamos visto la cara en años. Al
tiempo de agradecer profusamente la cooperación del Estado chavista con sus funciones,
el Fiscal Khan anunció la realización de seminarios internacionales sobre
Justicia Penal Internacional en Caracas en el 2023. El objetivo sería
intercambiar experiencias con otros países de la región. Será una magnífica
oportunidad para que Nicolás Maduro sea el anfitrión de un evento internacional
que presente al Estado chavista como un modelo en materia de Derechos Humanos
con el aval nada despreciable de la CPI en la antesala del fraude electoral de
2024.
No
podemos llamarnos a engaños. Las decisiones y los tiempos del Fiscal Karim Khan
son los que convienen al estado chavista que actúa como su cooperador
institucional. El Fiscal Khan irá tan rápido como se lo pidan y solo llegará a
los extremos que el propio régimen chavista le permita en una macabra danza
donde la coreografía está diseñada para lavarle la cara el régimen mientras sus
víctimas se muerden los labios ante la impotencia.- @humbertotweets
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