Hace unas semanas el conspicuo operador chavista Pedro Carreño comparó al Tribunal Supremo de Justicia (chavista) con el Titanic que se hunde mientras toca la orquesta. La metáfora escogida por Carreño fue el preámbulo a una escueta crítica a Maikel Moreno y todos los magistrados salientes del tribunal. Lo que pudo ser una denuncia por corrupción no pasó de ser una aseveración sin nombres ni detalles completamente inútil a los efectos de establecer responsabilidades. Las alusiones sin nombre que hizo Pedro Carreño tienen su importancia porque nos presentan otra evidencia de las luchas intestinas que se libran dentro del estado chavista.
En
un Estado nacional concebido jurídicamente como expresión de los intereses de
la nación el Poder Judicial administraría justicia en los conflictos surgidos
entre particulares y entre estos y el Estado. Pero no en el Estado chavista que
no representa los intereses de la nación sino los de la camarilla gobernante.
Para esto las credenciales de ingreso a la carrera judicial hoy en Venezuela no
son las acreditaciones académicas sino la filiación perruna al chavismo
adornada con títulos piratas como el obsequiado al “abogado” Pedro Carreño sin
quizás haber manoseado un libro de Introducción al Derecho.
Para
actuar con un mínimo de efectividad este ejército de operadores judiciales, sin
aval profesional pero de comprobada fidelidad al “proceso”, tiene atribuciones
claramente delimitadas, no por los textos legales sino por los protocolos de
facto del Estado Chavista. Por ejemplo, todas causas que implican intereses de
naturaleza política o militar siempre son asignadas a jueces y fiscales
“especiales” cuyas actuaciones son siempre coordinadas con algún alto
funcionario del régimen para lograr finalmente sentencias y decisiones que
convienen al régimen. Los asuntos “particulares” que no tienen que ver con los
político ni lo militar, son dejados a la discrecionalidad de estos operadores
que en lugar de dictar sentencias las venden en un libre mercado donde
participan tribus, clanes, pandillas y pranatos.
Pero
hay otra área dentro de ese poder judicial que podríamos denominar “Justicia
Especial Chavista”. Este vendría a ser un conjunto de funcionarios de
diferentes jerarquías y especialidades cuya función sería dirimir los
conflictos entre los propios operadores civiles y militares del régimen según
su jerarquía. En teoría el papel de esta Justicia Especial Chavista, inexistente según la ley pero reconocida y
admitida como una instancia de facto, sería resolver las contradicciones entre
operadores para asegurar un mínimo de coherencia en las decisiones
administrativas. En la práctica se ha convertido en una forma de ajustar
cuentas entre los diferentes grupos y logias que operan dentro del Estado
chavista que de vez en cuando nos sorprende enjuiciando a sus propios elementos
por narcotráfico o corrupción.
El
Tribunal Supremo de Justicia es el órgano por excelencia de esta Justicia
Especial Chavista por el mero hecho que dadas ciertas circunstancias podría
tomar decisiones políticas relevantes tales como el enjuiciamiento y
destitución de Nicolás Maduro o la interpretación de textos legales que
soporten a otras instancias del Estado Chavista que busquen el mismo resultado.
Esto en buena medida explica el retraso de la Asamblea Nacional Chavista en
designar a los nuevos magistrados.
El
ecosistema en el cual opera el Estado Chavista alberga en su seno una variedad
de grupos e intereses enfrentados permanentemente y cuyo equilibrio, para no
perecer, depende de la coordinación y mediación que ejercitan unos factores más
fuertes sobre otros más débiles. La selección de los magistrados del TSJ está
hoy en el centro de la lucha intestina que se libra dentro del Estado Chavista.
Nicolás Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez tienen que encontrar 20 magistrados (ya
no son 32) que sean “patria o muerte”
con su grupo. Si ellos quisieran podrían hasta postularse ellos mismos y así solo
tendrían que conseguir 17. Pero por estos días no es fácil encontrar ni
siquiera 10 candidatos “químicamente puros” que respondan 100% a los intereses
de la macolla del régimen. Neutrales no se aceptan porque son los primeros que
en un momento de debilidad y bajo presión se aflojarían.
Seleccionar
a 20 magistrados chavistas resteados con Nicolás Maduro es tan complicado como
encontrarle un sucesor digno de crédito en las Fuerzas Armadas Chavistas al
cansado y enfermo Vladimir Padrino López. Solo que parece más fácil dejar a uno
que encontrar a veinte que no se desvíen en el camino. Lo que está decidiendo
en estos momentos el chavismo no es tan solo la selección de unos magistrados
del TSJ sino los operadores que podrían tener en sus manos el enjuiciamiento de
Nicolás Maduro o su inhabilitación. ¿Por qué? Porque otros grupos habían
probado ser más fuertes y habilidosos. Estamos frente a una de esas coyunturas
que podrían ser definitivas para el régimen. Hay suficiente en juego que se
justifica la demora, el retardo y hasta una prórroga por 6 meses de los
actuales magistrados por aquello de “mejor malo conocido que bueno por
conocer”.
Y
sobre los reclamos de Pedro Carreño solo se puede decir que se prestó para
tirarle piedras a su colega chavista Maikel Moreno y despejarle el camino a no
se sabe quién. Sin embargo, hay que conceder que Carreño tiene razón en el uso
de la metáfora. Con un chavismo ocupado en sus luchas internas, el aparato
judicial del estado chavista y todo el poder judicial se hunden como el Titanic
mientras las megabandas, a ritmo de metralla, azotan todo el país y ponen la
música.- @humbertotweets
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