En otros artículos publicados en este medio hemos explicado cómo a partir de la Constitución de 1999 en Venezuela desapareció el Estado nacional para dar paso a una nueva estructura de poder que hemos caracterizado como el Estado chavista. Esta definición no es semántica sino más bien política e intenta explicar al Estado chavista partiendo de sus propios elementos constitutivos y sus políticas. Por supuesto, pueden existir otras formas para caracterizar al Estado chavista que habría que debatir. En lo que sí vamos a seguir insistiendo es en la necesidad de partir de una cateterización del estado realmente existente como condición previa a la definición de una política para confrontarlo.
La
ausencia de esta definición o quizás su planteamiento equivocado es lo que en
buena medida explica la bancarrota política de la falsa oposición que, en todas
sus versiones desde 1999, ha insistido en la vía electoral como la única para
sacar al chavismo del poder. Esta postura acepta de entrada la vigencia de la
Constitución de 1999 y se somete a la regulación de los órganos del estado
chavista. La falsa oposición considera que es posible participar electoralmente
de acuerdo a las reglas de juego del Estado chavista para intentar derrotarlo
desde adentro o con sus propias armas si se quiere. Nosotros hemos argumentado
en contra de esa postura por considerarla una ilusión mientras sea el Estado
chavista el que controle todas las instancias del proceso.
La
vía electoral no solo es la forma que le permite al régimen darse un baño de
democracia ante el resto del mundo, también se ha convertido en el modus vivendi de operadores políticos
que saben muy bien que el resultado mayoritario será finalmente adjudicado al
chavismo, pero que viven de los negocios que genera la industria electoral.
El
chavismo hace mucho tiempo perdió el apoyo popular. No volveremos a ver esas
concentraciones masivas que en su momento hizo Chávez en la avenida Bolívar de
Caracas. El problema es que dentro del Estado chavista no hay una forma
democrática y legal para demostrarlo. Existe un Consejo Nacional Electoral que
fabrica resultados a conveniencia para darle verosimilitud a las elecciones y
en varios casos le adjudica cargos a la falsa oposición como prueba que el
sistema funciona. Esas concesiones pueden ocurrir en diferentes tipos de
elección como las de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados pero no
ocurrirá para la elección del Presidente de la República porque de lo que se
trata es de mantener el control del Estado y de su cabeza de gobierno.
Aun
a pesar de tener abundante evidencia de que el chavismo agotará todas las “vías
legales” para no entregar el poder la falsa oposición siempre se entretiene y
fantasea con la idea de una derrota electoral del chavismo y un gobierno de
transición que le respete al chavismo sus estructuras. Así como el chavismo
tiene que dar la pura impresión de una apariencia democrática la falsa
oposición por su parte necesita hacer verosímil la idea que esta vez sí podrá
derrotar al chavismo con votos. Este juego de apariencias y engaños ha disuelto
opciones políticas reales y viables para sacar al chavismo del poder.
Pero,
¿cómo explicar que el chavismo siga mandando en Venezuela si carece de apoyo
popular? Si hubiese una elección limpia y honesta organizada en forma
independiente el chavismo no ganaría ni una junta de condominio. Pero no es así
porque en esta fase del proceso el Estado chavista puede prescindir del apoyo
popular siempre y cuando mantenga las apariencias democráticas y si y sólo si
las verdaderas estructuras en las cuales se apoya se mantienen alineadas.
La
pseudo legalidad del Estado chavista necesita para sostenerse y operar
estructuras electorales, militares y judiciales. Sin ellas el régimen que tiene
la virtud de sostenerse a sí mismo se vendría abajo cual castillo de naipes. Ya
hemos hablado sobre el poder electoral. Veamos las otras dos.
Las
fuerzas armadas del Estado chavista no están orientadas a defender las
fronteras o garantizar el orden público. Estas actúan más bien como el brazo
armado del régimen para aplastar brutalmente toda disidencia civil o militar.
Desde el punto de vista institucional se trata de un cuerpo que se ha
desnaturalizado y tiene que hacer concesiones clientelares a los grupos
internos que allí operan para tratar de conservar cierta cohesión.
En
Venezuela tampoco hay un poder judicial independiente. Hay jueces y tribunales
chavistas que interpretan y ejecutan la pseudo legalidad que ampara al régimen
con decisiones a la carta. En lo político no hay forma de acudir a estos
tribunales para hacer valer garantías ciudadanas. En materia civil y mercantil
la corrupción es la norma al punto que las sentencias de los tribunales
chavistas no se dictan sino que se venden.
Al
igual que con las fuerzas militares los tribunales chavistas han degenerado en
un poder judicial desprofesionalizado y deteriorado al cual se entra y se
asciende por el grado de lealtad con el régimen. El resultado son sentencias
contradictorias, jueces corruptos y la negación de justicia en el más absoluto
caos. Es posible que esto cambie ligeramente en los próximos meses y veamos un
reciclaje de nombres como paso previo a la maroma que está preparando el
régimen chavista en connivencia con la Corte Penal Internacional y dar una
imagen potable hacia el exterior de un órgano judicial totalmente podrido por
dentro.
En
suma, el Estado chavista no necesita de apoyo popular para seguir en el poder.
Solo le basta contar con un órgano electoral que fabrique resultados a la
medida, una estructura judicial que refrende legalmente las decisiones de los jerarcas del régimen y
unas fuerzas militares dispuestas a usar la violencia para imponer a sangre y
fuego esas decisiones. Solo la quiebra de uno o dos de estos pilares permitirá
un verdadero cambio político, pero en cualquier combinación siempre tendría que
estar el pilar militar.- @humbertotweets
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