Es público y notorio que en Venezuela no hay administración de justicia. El estado chavista apoyado en su constitución de 1999 usa todo su aparato militar y legal para linchar física y moralmente a la población civil, especialmente a quienes sin tener armas se atreven a asumir una posición beligerante frente al régimen. Los asesinatos y las torturas perpetradas por operadores del régimen se planifican y ejecutan a escala masiva y en forma sistemática.
Desde
el punto de vista del derecho positivo penal venezolano los asesinatos y las
torturas contra cualquier ciudadano por motivos políticos son crímenes contra
las personas que deberían ser juzgados y los culpables condenados a la máxima
pena posible de 30 años de presidio. Sin embargo, esto no es así porque los
perpetradores de estos crímenes siguen órdenes precisamente del mismo estado
chavista cuyas instituciones deberían juzgarlos y condenarlos.
Aun
conscientes de esta realidad, que se impone en forma arrogante e inevitable,
las víctimas de torturas y los familiares de los asesinados por enfrentar
políticamente al régimen siempre intentan dar la batalla legal dentro del
corrupto sistema judicial chavista que les niega toda oportunidad y derecho a
recibir justicia. A los procesados por
motivos políticos se les condena sin juicio y sin la presencia de sus abogados.
A los torturados se les incrementan los castigos por atreverse a denunciar. La
mayoría de los implicados en asesinatos políticos son reubicados y ascendidos
en sus cuerpos policiales y militares, salvo unos pocos que son sometidos a
simulacros de juicios y a los pocos meses recobran su libertad.
Es admirable
la tenacidad -¿o ingenuidad?- de centenares de venezolanos que diariamente
acuden al despacho del Fiscal del régimen Tarek William Saab a denunciar los
delitos de torturas y asesinatos por motivos políticos con la esperanza de ser
escuchados para recibir una burla como respuesta. A estos se suman un grupo de
organizaciones civiles que con paciencia y perseverancia se han dado a la tarea
de acompañar a las víctimas en su reclamo de justicia ante las oficinas de los
propios verdugos del régimen. Parece un contrasentido, y en efecto lo es,
pedirle al propio verdugo que castigue a sus esbirros. Pero, ¿qué otra cosa
podrían hacer?
Ya son dos décadas
de encubrimiento de la tortura y el asesinato por razones políticas bajo el régimen
chavista. La mayoría de esos crímenes están sepultados bajo el olvido y la
impunidad. Solo una fracción de ellos logra permear las redes sociales sin que
ello haga mayor diferencia. Y es que la resignación a que jamás habrá justicia
mientras el chavismo esté en el poder ha dado paso a una nueva esperanza: La
justicia internacional. Esto es, tratar de lograr en instancias internacionales
la justicia que les es negada a los venezolanos en forma sistemática dentro de
Venezuela bajo el régimen chavista.
Ahora los
delitos contra las personas tipificados en la ley penal venezolana adquieren
otra denominación tan difusa como rimbombante, “violaciones a los derechos
humanos”. Pareciera entonces que al reconocerse unos derechos humanos
universales también se reconocería la existencia de unas instancias
supranacionales y extraterritoriales a los Estados que en teoría podrían juzgar
y condenar a otros estados y personas por la comisión de esos delitos.
Si bien es
cierto que estas instancias para administrar “justicia internacional” existen
no es menos cierto que sus decisiones en realidad dependen no de un inexistente
derecho internacional sino de la voluntad y los intereses geopolíticos de los
estados. En otras palabras, no existe un estado por encima de los estados
soberanos que pueda ejecutar una sentencia condenatoria por “violación de los
derechos humanos”, a menos que exista la decisión política por parte de un
Estado o una coalición de Estados de
intervenir militarmente y ejecutar esas decisiones como ha ocurrido en Irak y
Libia, por citar solo dos de reciente data.
¿Por qué el
régimen chavista se burla en la cara de la llamada “justicia internacional”?
Sencillamente porque puede hacerlo. El Estado chavista se maneja muy bien en
los pasillos de esas cortes internacionales porque sabe muy bien que mientras
no haya un consenso entre potencias tales como los Estados Unidos, China y
Rusia o la decisión unilateral de los EEUU de intervenir en Venezuela
militarmente en defensa de sus propios intereses jamás enfrentará el peligro de
pagar por crímenes contra los derechos humanos.
Cualquier caso
que haya logrado exitosamente atravesar los intrincados laberintos de esos
procesos judiciales de la “justicia internacional” y termine en una condena
contra el estado chavista y sus esbirros no podrá escapar del ámbito de la
política real. Y la realidad es que sin la cooperación del propio estado
chavista y sus instituciones esas sentencias serán virtualmente
inaplicables.
Por eso el
chavismo se ríe y se seguirá riendo en la cara de las víctimas y sus
familiares. Por eso el chavismo se da el lujo de invitar oficialmente al Fiscal
de la Corte Penal Internacional Karim Khan para constatar y validar los cambios
cosméticos a su régimen carcelario y de torturas. La reubicación de presos
políticos en cárceles de presos comunes ha ocurrido en las narices de estos
órganos de la llamada “justicia internacional” sin que se hayan pronunciado. Lo
que es peor, uno de los más connotados presos políticos del régimen, el General
Raúl Isaías Baduel, es asesinado por el
estado chavista en la antesala de la visita del señor Khan y eso no logra ni
siquiera una petición de investigación.
Sin el ánimo de
desalentar a quienes han abrazado la causa de los derechos humanos y sin
desconocer la importancia de la denuncia perseverante y sistemática de los
crímenes políticos del chavismo, no se puede fomentar la ilusión de una
supuesta “justicia internacional” que se activará para juzgar y condenar a
operadores del chavismo por crímenes contra las personas. Eso podría sonar como
una causa genuina y altruista pero es tan ingenuo como esperar justicia de los
tribunales chavistas controlados por los propios verdugos y coordinados por el
esbirro mayor Tarek William Saab.
Para que haya
una justicia efectiva y verdadera en Venezuela primero habrá que expulsar del
poder al chavismo y la nueva república deberá aprobar las leyes más severas y
draconianas que permitan juzgar y condenar a los chavistas que perpetraron delitos contra las personas,
corrigiendo años de burla e impunidad escondidos tras las faldas de una
supuesta “justicia internacional.” @humbertotweets
No hay comentarios.:
Publicar un comentario