Otra evidencia que Venezuela atraviesa por una profunda crisis de estado y no de gobierno es la ausencia de instituciones para garantizar la administración de justicia a los ciudadanos. Hay que insistir en estos temas sobre todo para desenmascarar a quienes desde la falsa oposición alegan que esto se resuelve logrando un concejal aquí y un alcalde más allá. O peor aún, para quienes sueñan con un final negociado, armónico y feliz luego de unas elecciones “libres, justas y verificables” y un gobierno de transición calculado y programado para que resuelva el desastre chavista de dos décadas en tan solo 24 meses.
La violencia
que se ejercita desde el estado chavista para someter a la población civil no
es improvisada ni casual. Se trata de una violencia aplicada contra los civiles
por parte de las fuerzas policiales y militares del régimen en forma “masiva y
sistemática” según documentos de organismos e instituciones internacionales que
han mostrado interés en el tema. Frente a la violencia que el Estado chavista
aplica como política de estado las víctimas no tienen ninguna posibilidad de
lograr justicia o reparación de sus verdugos porque sencillamente el régimen chavista
está estructurado para validar y celebrar el crimen político sobre todo si es
perpetrado por sus propios esbirros.
Las víctimas
sobrevivientes y sus familiares no tienen otra opción que, en defensa de su
propia dignidad, acudir a instancias fuera de Venezuela para demandar que, en
nombre de unos derechos humanos, se haga justicia y se le aplique la ley a un
régimen que lincha física y moralmente a sus ciudadanos. Delitos tales como la
tortura física y el asesinato que deberían ser castigados conforme al derecho
positivo venezolano son, por el contrario,
premiados y alentados como formas de lograr ascensos en los cuerpos
policiales y militares del régimen. Al no existir ninguna esperanza de justicia
y castigo, ni siquiera con la generosa adjudicación de concejales, alcaldes y
concejales a la falsa oposición, a los venezolanos no les queda otra opción que
entrar en el indefinido y difuso ámbito de la llamada “Justicia internacional”
con la esperanza que “alguien haga algo.”
Los vencedores
de la segunda guerra mundial promovieron la creación de diversas instancias y
organizaciones para velar por la protección de unos “derechos humanos”
atribuidos universalmente a todos los hombres. La invocación de estos derechos
universales y la existencia de estos organismos frecuentemente llevan a pensar,
en forma errónea, que existe un ámbito extraterritorial a los estados y una
instancia supranacional por encima de estos que puede actuar para administrar
justicia en cualquier parte del mundo. Para apoyar esta tesis se cita con
frecuencia los juicios contra los nazis y muchos otros que han ocurrido desde
entonces contra dictadores y genocidas tales como Sadam Hussein y Muammar
Gaddafi.
Pero también
frecuentemente se ignora que en esos casos lo que está actuando no es un
derecho internacional difuso e inexistente en protección de los derechos
humanos universales. Lo que allí está operando es la aplicación del derecho
positivo de esos países cuyas instituciones han decidido juzgar a personas que
son no ciudadanos de esos estados y más concretamente lo que sin duda estaría
funcionando es el interés geopolítico de cada estado en reservarse el derecho
de juzgar y perseguir a quien represente un peligro para sus propios intereses.
No existe un
derecho internacional ni una justicia internacional que entran en acción
cuando, por ejemplo, se cometen crímenes contra las personas en el ámbito de
los estados. Lo que en realidad existe y está operando en forma activa es la
geopolítica en virtud de la cual unos estados usan instancias como la Corte
Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
para coordinar acciones contra gobiernos y personas que atentan contra los
intereses de otros estados. Así ha sido y así seguirá siendo a pesar de las
campañas mediáticas para sacralizar y romantizar la defensa de los derechos
humanos con la esperanza de encontrar una justicia que le es negada en forma
sistemática y masiva a millones de ciudadanos en sus propios países.
En el caso de
Venezuela hay cientos de miles de víctimas de la violencia del régimen chavista
que esperan con ilusión y esperanza la aplicación de esa justicia internacional
en contra de sus verdugos. Ya hemos visto como cientos de casos entran en el
laberíntico proceso que aparentemente es el de la justicia internacional pero
que en realidad es el de la geopolítica y la diplomacia. Por eso, la realidad
es que una sentencia condenatoria contra un estado o un verdugo por parte de
estas instancias internacionales servirá de poco o nada si no hay cierto consenso
político entre dos o más estados para actuar y castigar a los culpables.
Los procesos
contra Alex Saab y “El Pollo” Hugo Carvajal ventilados ante cortes nacionales en
España y los Estados Unidos, sumados a otros casos contra Bolichicos y
Boliburgueses implicados en delitos de corrupción, verán resultados y condenas
más rápidas, expeditas y eficientes que los llevados contra los esbirros del régimen
chavista por delitos de lesa humanidad en las instancias internacionales.
Este artículo
no intenta desalentar la lucha en la búsqueda de justicia para las víctimas de
la violencia política perpetrada por el chavismo en Venezuela, ni siquiera
usando un fundamento difuso y etéreo como la violación a los derechos humanos
universales. Lo que creemos es que los delitos de corrupción perseguidos y
penalizados en países como Estados Unidos, España y Canadá, por citar algunos,
permiten explorar el ángulo del derecho positivo penal de esos países para
juzgar y condenar crímenes contra las personas perpetrados por el estado
chavista y sus esbirros.
Pero, sin perder de vista, en ningún caso,
que es la geopolítica y no un indefinido derecho o justicia internacional lo
que eventualmente permitirá coordinar las acciones para juzgar y condenar al
estado chavista y sus operadores por delitos cometidos según la ley vigente
venezolana y la de otros países. Esto no niega que en el futuro los criminales
del régimen chavista sean juzgados y condenados a pagar las penas más severas
del momento en Venezuela. Sin embargo, antes será necesario un cambio de
régimen político y jurídico por uno republicano con instituciones basadas en la
ley, el orden, y la justicia - @humbertotweets
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