He recibido algunas críticas y observaciones, las cuales he leído con atención, sobre mi cuestionamiento a la idea romantizada de la defensa de unos derechos humanos universales como fundamento para lograr sentencias de organismos internacionales condenando al régimen chavista y sus esbirros por perpetrar delitos contra las personas por razones políticas en Venezuela.
Las
críticas son pertinentes porque permiten explicar con más detalle el juego de
expectativas que se van creando para alimentar la ilusión de una justicia
internacional que sí castiga los delitos que las instituciones cómplices del
estado chavista se niegan siquiera a examinar.
Curiosamente
en el tema de las violaciones a los derechos humanos el estado chavista repite
el mismo patrón que usa en la política interna al promover jornadas
interminables de negociaciones con la falsa oposición que propagan la ilusión
de un cambio pero que jamás terminan en nada concreto.
En
el caso de las graves acusaciones por delitos de tortura y asesinato
perpetrados por agentes del régimen por razones políticas el estado chavista
parece alentar el camino difuso de una justicia internacional que juzgue sus
actos en lugar de garantizar a sus ciudadanos el acceso a la justicia nacional
mediante sus propias instituciones. El chavismo prefiere los laberínticos
escenarios de esa justicia internacional porque tiene la certeza que, al igual
que las negociaciones que adelanta con la falsa oposición tampoco llegarán a
nada concreto.
Pero,
¿de dónde podría obtener el chavismo certezas que no será afectado por esa
llamada justicia internacional? Del hecho comprobable que la llamada justicia
internacional con sus organismos tales
como la Corte Penal Internacional no son más que una ficción jurídica.
En el supuesto que la Corte Penal Internacional emita una sentencia
condenatoria contra un estado o una persona no existe un estado por encima de
los otros con la fuerza jurídica para ejecutar esa decisión.
En
este caso podría entrar a operar otra dinámica, la geopolítica no el derecho,
para coordinar la decisión de varios estados y ejecutar este tipo de sentencia.
Sin la voluntad y la decisión política de unos Estados poderosos, no cualquier
tipo de Estados sino imperios como los Estados Unidos, China o Rusia, de
intervenir en los asuntos de otros esas decisiones de la llamada justicia
internacional tendrían igual o menor valor que papel mojado.
Personas
como Karim Khan y Michelle Bachelet no son más que empleados en las nóminas de
esos organismos y su papel es justificar con una narrativa jurídica
(sentencias, informes) las decisiones que han resultado de la confrontación
geopolítica en un juego reservado solo para las naciones más poderosas del
planeta. Unas veces, por ejemplo los Estados Unidos logrará apoyo de esa
justicia internacional para avalar su intervención en otro país y otras veces,
al igual que China, será condenado por violaciones a los derechos humanos sin
que en ambos casos esto afecte a estos dos países o sus funcionarios.
En
esta confrontación, que es más de geopolítica que de derecho, el chavismo pasa
agachado porque sabe que aunque sea condenado por la violación de derechos
humanos e incluso por delitos de lesa humanidad sólo si un país como los
Estados Unidos decide intervenir entonces su estabilidad estaría en peligro.
Pero mientras esto no ocurra el chavismo seguirá organizando las visitas
oficiales de funcionarios como Khan y Bachelet ofreciéndoles las más delicadas
atenciones diplomáticas con la seguridad que cualquier informe o decisión que
emitan, incluso si fuese condenatoria, no cambiarán la política ni os
procedimientos violentos que usa el régimen para mantenerse en el poder.
Es
mucho más grave la comisión de delitos de homicidio y tortura, en forma masiva
y sistemática, por parte del estado chavista y sus agentes que la invocación de
violación de unos derechos humanos difusos y universales. Pero, por supuesto,
se entiende que acudir a estas instancias internacionales solo confirma que los
ciudadanos venezolanos estamos indefensos frente a un régimen criminal y hay
que ir a buscar en otra parte la justicia que se nos niega dentro de Venezuela.
Definitivamente
no estamos de acuerdo con fomentar la falsa creencia de que una sentencia de
cualquiera de estas instancias internacionales podrá castigar efectivamente al
régimen chavista y sus esbirros por los delitos cometidos y disuadirlos de
seguir reincidiendo. A menos que, como ya se ha explicado, estemos frente a un
escenario de intervención internacional. Indigna que tanta gente ponga su fe
ciega y su esperanza, que es lo único que les queda, en funcionarios como Karim
Khan y Michelle Bachelet para quienes los asesinados y torturados bajo el
régimen chavista no son más que dígitos y no historias de horror y dolor.
El trabajo que
terca, metódica y pacientemente han emprendido ciudadanos y organizaciones en
Venezuela para denunciar ante instancias internacionales las violaciones de los
derechos humanos bajo el régimen chavista tiene un mérito que sin duda debe ser
reconocido. Y esto es la extraordinaria capacidad para investigar y documentar
con gran detalle los delitos perpetrados, las víctimas y los presuntos
implicados con precisión de nombre, rango y cuerpo policial o militar.
Esos
expedientes serán la base para que en el futuro, en un régimen político
republicano de ley y orden, jueces honestos, prudentes e imparciales apliquen
las penas más severas de acuerdo al derecho penal vigente en ese momento contra
los esbirros del chavismo. Esa justicia impartida según el derecho positivo
venezolano, aunque tardía, será mucho más efectiva que la justicia de la
diplomacia internacional que hoy representan el señor Khan o la señora
Bachelet.- @humbertotweets
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