El régimen de Maduro cerró todas vías para una solución
institucional a la grave crisis política. No hay garantías para un cambio por
vía electoral. La Asamblea Nacional ha sido reducida en sus funciones. Ningún
poder del estado puede actuar con independencia de la dictadura ni siquiera
para hacer valer la absurda legalidad chavista.
En este contexto es posible que una parte de la oposición
electoral decida participar en el fraude que ha convocado el gobierno para el
22 de abril. Esa participación no será más que una invocación retórica y
simbólica sin ninguna significación real ante un régimen que ya hace tiempo
había decidido no entregar el poder de ninguna forma que no sea por la fuerza.
La legalidad del estado chavista ya ni siquiera es invocada
para hacer valer la dictadura porque el régimen se ha convertido en una
instancia de facto, de hecho,
sin ninguna legalidad o legitimidad que
lo soporte. Cualquier decisión que vaya contra las leyes y constitución que
ellos mismo redactaron simplemente se hace ley por decisión del Presidente y
con el aval de la sala Constitucional del TSJ.
Valorar esta realidad es lo que ha llevado a varios países a
entender que no hay formas jurídico-institucionales para salir de un régimen de facto como el de Venezuela. Solo
quedan en la mesa igualmente las vías de hecho para resolver un conflicto sobre
el cual hay consenso de que debe ser detenido de inmediato.
La opción más natural es que, producto de la presión interna
por la protesta social y la presión externa de la comunidad internacional, se
produzca una fractura militar que lleve a la mayoría de las FANB desmarcarse
del régimen y quitarle su apoyo. Hay que decir una vez más que el juego está
trancado, no solo porque se agotaron todas las vías institucionales para una
salida democrática, sino también por el chantaje que aplican las fuerzas
armadas sobre el 80% de la población civil desarmada.
La primera declaración del secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, antes de iniciar su gira por América Latina, fue
para ofrecer el apoyo de los Estado Unidos a aquellos militares que se levanten
en contra del régimen. Fue una invitación inspirada en el pragmatismo de
admitir que efectivamente solo quedan vías de hecho para enfrentar al régimen
de Maduro. No es lo deseable, pero es lo único que queda.
De todas, la fractura militar interna luce como la más
pertinente. No solo la inmensa mayoría de los militares sufren las privaciones
que afectan al resto de los venezolanos. Además de esto, los militares saben
que el gobierno al que se ven obligados a defender es el que sistemáticamente
está destruyendo a la República y al mismo tiempo a la institución armada.
Entonces es casi un asunto existencial decidir si siguen con el régimen o no.
Es cierto que todas las promociones de oficiales militares
en los últimos años han tenido la influencia ideologizante del chavismo. Pero,
como en todo cuerpo social, es de suponer que en el seno de las FANB existan
diversidad de criterios y hasta se desarrollen contradicciones. Es razonable
suponer que, aunque todos están vestidos de verde oliva, no todos son
corruptos, asesinos, o traficantes. Esas generalizaciones usadas en forma
demagógica y altisonante por algunos “opositores” siempre terminan sirviendo al
régimen, que se vale de ellas para aislar hábilmente a la fuerza armada de los
civiles,
Si las FANB, como institución, logran zafarse del rígido
control del régimen y de los militares cubanos, se podrían establecer las bases
para una verdadera alianza cívico-militar que derroque a la dictadura. Antes
que una intervención militar internacional, la opción cívico-militar es la
única oportunidad que queda para que “los problemas de Venezuela sean resueltos
por los venezolanos.” @humbertotweets
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