El asesinato del ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, y sus
compañeros en El Junquito ha estremecido a las fuerzas armadas de Venezuela. La
forma en que todos ellos fueron masacrados pone en evidencia, una vez más, el
relajamiento del profesionalismo y la quiebra total del código de honor en las
FANB lo cual es severamente por militares chavistas e institucionales.
La Convención de Ginebra, de la cual Venezuela forma parte,
prohíbe expresamente matar al adversario que se rinde o está fuera de combate —incluso
en conflictos internos, no solo internacionales. Este es un principio del derecho en la guerra jus in bello que forma parte de la
doctrina militar de las fuerzas armadas venezolanas.
La documentación del incidente en redes sociales por parte
del mismo Oscar Pérez e integrantes de su grupo evidencia que desde el
principio ya estaban rendidos. Los dramáticos mensajes que cada uno de ellos
envió a sus familias y al gobierno implorando respeto a la vida no dejan lugar
a interpretaciones. Sin embargo, por órdenes expresas de Nicolás Maduro,
endosadas públicamente por Diosdado Cabello, los funcionarios ignoraron el
inobjetable hecho de la rendición y a pesar de ello ejecutaron la masacre.
Miles de funcionarios militares y policiales han expresado —en
privado, y públicamente a través de las redes sociales— su indignación ante una
masacre que deja a las fuerzas armadas en una situación impresentable. Muchos
han cuestionado la falta de ética y profesionalismo en una operación que quedó
degradada al nivel de carnicería. Gracias quizá a esa indignación, dos
efectivos del DGCIM hicieron público el video que muestra cuando efectivos del
FAES usan un lanzagranadas RPG-7 ruso para aniquilar al grupo que ya se había
rendido.
Los pranes políticos del régimen, Maduro y Cabello, se
apresuraron —como ya es habitual en estos casos— a banalizar la masacre de El
Junquito. Diosdado Cabello, en una intervención mediocre, contradictoria y muy
poco convincente, trató de argumentar que Oscar Pérez era un terrorista.
Pero, ¿Cómo podía ser terrorista un hombre que
deliberadamente lanzó granadas de utilería a la sede del TSJ, justamente para
evitar daño y solo llamar la atención a su causa? ¿Cómo acusar de asesino a un
hombre que tomó un puesto militar en diciembre pasado en una operación limpia,
respetando la vida de los sometidos y sin ningún tipo de bajas?
La masacre de El Junquito fue una vergonzosa e innecesaria
orgia de sangre del régimen. Sin duda se trata de un episodio
completamente reñido con el honor, la doctrina y el profesionalismo militar que
forma parte de una conducta sistemática de violación a los derechos humanos y perpetración
de delitos de lesa humanidad.
Las FANB quedan así hoy enfrentadas a su propia miseria.
¿Son fuerzas armadas o una vulgar banda de asesinos armados de fuerza? ¿A qué
propósito, doctrina o ideología se sirve cuando se asesina a un hombre ya
rendido? ¿Puede el solo principio de obediencia al superior seguir justificando
masacres contra la población civil?
Se trata de una crisis existencial sobre la cual todos
hablan con indignación en los cuarteles. Todos menos uno: Vladimir Padrino
López, el cauteloso ministro de la Defensa cuya única función es poner sellos,
firmar circulares y ser el comedido emisario entre el alto gobierno y las FANB.
Que el ministro Padrino López no haya dado la cara en más de
una semana sobre este incidente, no debe ser considerado un mero acto de
cobardía. El silencio de Padrino López también podría ser el reconocimiento obligado
al desarrollo de fuerzas cada vez más potentes que escapan a su control en el
seno de las FANB, y que luchan por recomponer un honor militar que hoy está
quebrado. @humbertotweets
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