La disolución de la república

Los procesos sociales tienen coyunturas desencadenantes que liberan tendencias que solo se pueden apreciar con el paso del tiempo. La crisis política que hoy vive Venezuela es un proceso que se inició en los años 90 con el colapso de la democracia de partidos y su incapacidad para lograr sus fines establecidos en la Constitución de 1961. La miseria y la corrupción, nada comparable con los niveles actuales, puso en jaque a un sistema político descrito poéticamente en la Carta Magna pero incapaz de defenderse a sí mismo de los peligros del caudillismo y el autoritarismo.

La acumulación de la desesperanza en los ciudadanos y las contradicciones entre los diferentes grupos económicos y políticos fueron hábilmente manipuladas por Hugo Chávez para lograr apoyos de la extrema izquierda, la extrema derecha y todo lo que había entre ambos extremo para ganar las elecciones de 1998. Sin embargo ya Chávez sabía que esa sería su única oportunidad para lograr el poder en unas elecciones libres. De allí en adelante solo cambiando la forma del estado y las reglas del juego político él y su camarilla podrían mantener el poder.

La Constituyente de 1999 fue ofrecida como la panacea de la revolución bolivariana para resolver todos los problemas del momento. Cabalgando aún sobre la onda expansiva de su triunfo electoral 6 meses atrás Chávez ejecuta su segundo golpe de estado, esta vez a plena luz del día y con apoyo popular. La convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1999 fue tan fraudulenta como la del 2017, su elección se celebró en desacato a la Constitución vigente de 1961 y con la traición infame de la Corte Suprema de Justicia y la elite política del momento, incapaces de ponerle un freno al temprano autoritarismo de Chávez.

Desde 1999 se inició un proceso de desmantelamiento progresivo del estado democrático de derecho al debilitar todos los contra pesos institucionales y concentrar todo el poder en manos del partido único de gobierno y más específicamente en manos de su dueño de turno. El colapso del sistema de administración de justicia, el descrédito del poder electoral y la degradación de la función de las Fuerzas Armadas son solo algunos de los elementos de esta profunda crisis política. A esto hay que agregar la progresiva incapacidad del estado venezolano para cumplir con sus fines más elementales tales como asegurar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.

Incapaz de aceptar la nueva realidad política donde ha perdido todo apoyo popular el régimen no tuvo otra salida que volver a apostar por la fórmula ya usada por Chávez en 1999 de cambiar las reglas del juego político para mantener el poder. El costo de esta burda maniobra será muy alto para el país. La confrontación entre civiles y militares dejará más muertos y heridos que en la última guerra federal. Pero este parece ser un costo aceptable para el régimen.  La ex Canciller Delcy Rodríguez sentenció sin piedad: “Si tenemos que morir de hambre, moriremos.” En realidad se refería a los millones de venezolanos que el régimen está dispuesto a masacrar de varias maneras para seguir en el poder. En otras palabras, el régimen chavista está dispuesto a destruir al país, sus instituciones y ciudadanos si ese es el precio de seguir en el poder.

La necedad del gobierno se estrellará con la firme resolución de millones de venezolanos dispuestos a rebelarse contra una Constituyente fraudulenta y un adefesio jurídico como su producto espurio. El régimen no logrará imponer su constitución, sus símbolos y sus antivalores al resto de la sociedad. Habrá lucha y resistencia. Pero en el intento de hacerlo arrasará con buen parte del país dejando al final un legado de ruina, escombros y, posiblemente, la disolución de la República de Venezuela tal como la conocíamos hasta ahora. @humbertotweets

La lucha después del 30 de julio

Pareciera que el régimen logrará imponer, a sangre y fuego, su Constituyente el 30 de julio. Hasta ahora, el respaldo ciego y suicida de los militares ha sido clave para aplicar una fórmula que no tiene ningún apoyo popular. La asimetría de esta confrontación también parece potenciada por dramáticos errores que ha cometido la oposición electoral, incapaz de formar un frente amplio de lucha que vaya más allá de los partidos que la conforman y logre derrocar la dictadura.

Pero que el gobierno consiga imponer su fraude Constituyente no significa necesariamente una victoria para el régimen y una derrota para las fuerzas opositoras. Este evento será una instancia decisiva — más no definitoria— en la lucha contra la tiranía. La crisis ahora será más aguda. Por una parte, el gobierno se desprenderá de algunas limitaciones y formalismos para desarrollar su modelo despótico en medio del caos. Es lo que de hecho ya está ocurriendo, pero ahora será una dictadura refrendada por un poder constituyente viciado y sin ningún tipo de limitaciones políticas o jurídicas.

Por otra parte, la oposición al régimen no aceptará la dictadura de la minoría, aunque esté bautizada por un adefesio constitucional. Desde el punto de vista de la confrontación política y militar, la lucha será continuada, pero ahora en un escenario de mayor caos e incertidumbre.

Más por miopía que por estrategia, el régimen se abrazó a la tesis del caos social como una vía para lograr su salvación. Desde el alto gobierno se alientan políticas y decisiones que contribuyen al colapso del mismo Estado chavista y sus instituciones. Este deterioro viene con un alto precio que se multiplicará justamente cuando la Constituyente comience a funcionar y a operar como un Estado colectivo dentro del Estado. Nada de lo que decida esa Constituyente será acatado por el 80% de los venezolanos. Y aunque el régimen controle las estructuras represivas, no podrá someter por la vía de las armas al resto de la sociedad.

Entonces, ¿qué viene? Salvo que exista una fuerza política o militar que lo impida, lo que viene es el colapso inevitable del modelo de Estado chavista, incapaz de hacer otra cosa para sostenerse que no sea el uso de la violencia. Lo que viene es una situación donde la mayoría de los ciudadanos actuarán en rebeldía y no aceptarán un Estado y leyes que considera absolutamente ilegales e ilegítimos.

La ausencia de árbitros confiables tales como un poder electoral, o un poder judicial independientes, o de una fuerza armada profesional, deja al país a la deriva y a merced de la eventualidad. En estas condiciones, es poco menos que ingenuo hablar de una transición de un modelo de Estado que está en vías de extinción a otro que tampoco existe.

Es previsible que la situación económica va a empeorar, y también se sumarán otros factores de tipo social y político, los cuales harán totalmente inviable el modelo comunista y totalitario que trata de agenciar la constituyente de Maduro.

Para la oposición, en su sentido más amplio, es un doble reto. Por una parte, trata de luchar contra un régimen tirano y, al mismo tiempo, intenta detener el proceso acelerado de disolución de la república. Desde enero del 2016, la oposición — liderada por la MUD— ha podido hacer mucho por ambas causas. Lamentablemente, el tiempo y los esfuerzos se diluyeron en marchas, contramarchas, temores y retórica, que le impidieron a la Asamblea Nacional ejercer soberanamente su autoridad y llenar el vacío de liderazgo y autoridad que dejaba el ya colapsado régimen madurista en forma oportuna.

A pesar de esos zigzagueos, los ciudadanos hemos sido permisivos, pacientes y solidarios con la MUD. Hemos atendido a cada convocatoria, asistido a cada marcha y respaldado cada iniciativa presentada para enfrentar al régimen. Incluso hemos apoyado aquellas que, abiertamente, han sido dramáticos errores estratégicos de la MUD. Y la razón es que con toda justicia hay que decir que, a pesar de todos sus errores, la MUD siempre propuso algo concreto, y hasta ahora ha sido la única formación política con la cual se contaba para salir de la dictadura.

Pero eso tiene que cambiar después del 30. Es evidente que todos los esfuerzos desplegados por la MUD desde enero de 2016 para salir de este régimen, han fracasado. La situación de la lucha ciudadana hoy, no es mejor que hace año y medio. Entonces la idea de otorgarle a la MUD y sus partidos un cheque en blanco para administrar la oposición al régimen debe llegar a su fin.

La lucha contra la dictadura a partir de ahora será más dura y cruel. Será necesario articular un nuevo eje de la oposición que vaya más allá de los partidos políticos, y considere todos los métodos de lucha ciudadana para derrocar a la dictadura. La MUD — limitada por su agenda contradictoria y sus prematuros precandidatos presidenciales— no está en condiciones de asumir esta nueva fase de la batalla contra el régimen; la que se inicia el próximo 30 de julio.

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La política en un estado fallido

Por razones o por intereses a la oposición venezolana le tomó casi diecisiete años en calificar al régimen de Chávez como una dictadura. El cortoplacismo, la subestimación del adversario y la miopía siguen marcando la conducta de la oposición electoral reunida en la MUD. Pero de todas quizás la más grave es la miopía o la incapacidad para leer correctamente la coyuntura histórica que se vive. Y es la más grave porque con su lectura equivocada embarca a las masas por senderos de lucha inciertos y le concede al régimen ventajas inmerecidas.

En Venezuela se ve cada dia a cada hora un proceso indetenible de desintegración de la república. El fracaso de las instituciones y la ausencia de estado de derecho ha dejado a la sociedad indefensa en manos de un estado forajido que comete crímenes contra sus ciudadanos para sostenerse. La ausencia de autoridad y el desprecio por la ley es deliberadamente auspiciado por el gobierno para reinar en el caos y además poner el territorio venezolano a la orden de los carteles internacionales de droga quienes son los beneficiarios primarios de la ausencia de leyes e instituciones.

Esta no es una crisis de gobierno como cualquier otra que podría ser resuelta simplemente con un cambio de administración. Es preciso provocar un cambio dramático de régimen político para salvar a la república y lo que quedan de sus instituciones.

Esto parece ser lo que la Mesa de la Unidad Democrática no ve o no entiende. Existe de parte de la MUD un empeño retórico para tratar de enfocar el problema en términos de un simple cambio de gobierno. Un cambio de caras en el gobierno dejando intacta la esencia del estado chavista corrupto y despótico no resolverá la profunda crisis política. Pero ellos siguen centrados en el tema de la gobernabilidad cuando quizás ya no haya país para gobernar.

El reciente documento que presentó la MUD como pacto para gobernabilidad no es más que un programa de gobierno para un país y un tiempo en situación de normalidad, donde se respeten los derechos y las instituciones funcionen. Ese país hoy no es Venezuela. De no existir un cambio en los poderes públicos y en la forma del estado cualquier propuesta de gobernabilidad es absolutamente inviable.

Esta postura miope de la MUD se complementa con su empeño en tratar de buscar soluciones jurídicas y legalistas a una crisis política y en ausencia total del estado de derecho. Cuando a la Asamblea Nacional se le reclama porque no ha nombrado a los magistrados del TSJ y del CNE responden que las formalidades no se han cumplido. Cuando se les reclama cuando nombraran al gobierno de la transición dicen que eso no está en la Constitución. No entienden que el pueblo le otorgó un mandato expreso a la Asamblea Nacional que debe cumplirse al margen de una legalidad que en la práctica no existe.

Mientras la MUD se entrampa y nos entrampa con su visión cortoplacista y electoralista de la crisis, la ausencia de instituciones que aseguren la convivencia y de condiciones materiales para la vida hacen de Venezuela un estado fallido incapaz de garantizar ningún derecho a sus ciudadanos.

La casi inevitable consumación del fraude Constituyente por parte del régimen sólo aumentará el caos en un país donde la lucha por la supervivencia básica obligará a agruparse informalmente en territorios al margen de un estado inexistente. ¿Como se hace política en medio del caos? ¿Cómo se recompone la república? ¿Es acaso posible? Estas son la interrogantes para quienes quieren seguir haciendo política en medio de un estado fallido.

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Descifrando el mandato de la consulta popular

Una mayoría contundente y determinante de venezolanos repudiaron al régimen el pasado domingo 16 de julio. Millones se movilizaron en todo el país, desafiando el chantaje y la represión de la dictadura, para dar —de forma inequívoca— un mandato de cambio de gobierno, urgente e inmediato.

La consulta popular fue la concreción, en el terreno de los hechos, de las garantías políticas consagradas en la Constitución Nacional. Aunque la redacción de las tres preguntas de la consulta podría entretener a abogados y teóricos, lo esencial es que por primera vez desde que estalló esta crisis, el soberano pueblo de Venezuela tuvo la oportunidad única de expresar claramente su voluntad de romper con la llamada revolución chavista.

El rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que defrauda a la Constitución, se traduce en una orden expresa a todos los ciudadanos de la república para que, con amparo de los artículos 333 y 350 de la carta magna, agoten todos los esfuerzos e impidan la consumación de esa estafa.

Aunque el fraude que se está montando para el 30 de julio cuente con el aval del Consejo Nacional Electoral, es legítimo — y ahora legal— que cualquier ciudadano civil o militar en ejercicio de ese mandato trate de detenerlo.

La segunda parte de la decisión soberana del pasado 16 de julio es una orden a las Fuerzas Armadas para que acaten la Constitución, y replanteen su obediencia a la expresión genuina del poder civil que es la Asamblea Nacional. Antes, cualquier oficial podía argumentar que actuaba siguiendo órdenes presuntamente legales. Ahora, el pueblo — en forma contundente y soberana— les ha hablado a esos oficiales para recordarles que ninguna orden de un superior podrá estar por encima de la Constitución.

En nombre de esa Constitución y cumpliendo un expreso mandato popular, cualquier militar podrá declararse en rebeldía contra la tiranía y sus mecanismos, sean civiles o militares.

La última parte del mandato popular ordena una renovación de todos los poderes públicos, la celebración de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unidad nacional. Quizá por razones semánticas y no políticas, quienes redactaron la tercera pregunta invirtieron el orden del proceso.

Una vez verificado y validado el resultado de la consulta popular, le corresponde a la Asamblea Nacional ejecutar ese mandato en forma inmediata. Esto implica declararse en sesión permanente esta misma semana para decidir la destitución de Nicolás Maduro como Presidente de la República, y proceder de inmediato a la conformación de un gobierno de unidad nacional. Al mismo tiempo, la AN tendría que decidir, sin demoras, la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para luego ir a un proceso de elecciones transparentes.

La asimetría meramente coyuntural de no contar con la totalidad de las Fuerzas Armadas en las primeras horas de esta confrontación, debe ser resuelta —como lo anunció la Mesa de la Unidad Democrática— declarando el inicio de la Hora Cero inmediatamente después de la Consulta popular, y convocando una gran huelga general nacional. Este sería el punto de no retorno y la única medida de fuerza al alcance de los ciudadanos para obligar a los militares a respetar el mandato popular del 16 de Julio.

La huelga general nacional es la fase lógica en el esquema de lucha contra la dictadura que ha propuesto la MUD, y que fue apoyado por millones de venezolanos en la consulta popular. Esta acción buscaría dos objetivos políticos: Primero, lograr la paralización total del país y sus sistemas de comunicaciones y servicios, para ratificarle a los militares que, aunque el pueblo no tenga las armas, utilizará todos los medios a su disposición para hacer respetar la Constitución y las leyes.

El segundo objetivo es provocar una crisis en el sector militar que cambie la correlación de fuerzas en favor del pueblo; que acorrale y expulse de su seno a la minoría suicida que quiere desmantelar al mismo tiempo a las FANB y la república.

Solo si se cumple el mandato popular del 16 de julio será posible lograr el cambio político antes del 30.

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El régimen jamás entregará el poder

Algunos políticos y analistas parecen alienados de la realidad. Luego del desmontaje progresivo y agresivo del estado democrático y la disolución de la república por el régimen chavista aún hay quienes dudan de lo que parece demasiado evidente. Al chavismo y ahora, su nueva mutación, el madurismo se les puede criticar en todo. Pero a ambas deformaciones políticas hay que reconocerles que nunca han ocultado sus objetivos e intenciones.

El propio Chávez, cuyo legado despótico y autoritario defiende la Fiscal Luisa Ortega Díaz, anunciaba ya en 1999 que gobernaría hasta el 2021 y más si se lo permitían. El desmantelamiento del estado de derecho y el sistema de libertades ciudadanas fue concebido como una forma para tomar el control total del estado a perpetuidad. Este objetivo no solo esta en documentos públicos y confidenciales del PSUV. Esta ha sido la promesa de los dirigentes oficialistas desde el principio.

Y ahora, en la medida en que el conflicto político interno se agudiza, el régimen y sus operadores se ven forzados a renovar su juramento autoritario que es un llamado fanático, irracional y fundamentalista a su clientela: Si no es con votos será con balas, pero seguiremos en el poder. Más que una confesión esta expresión es la  ratificación pública de una decisión que ya ha sido tomada. Y es que al régimen se le han cerrado prácticamente todas las puertas en todo el mundo para cualquier tipo de salida política o negociada que la única opción que les queda es el suicidio colectivo.

La lógica irracional del suicidio basada en la conducta más brutal y primitiva luce, en principio, irreductible, cuando se contrasta con la lógica de lucha política de una oposición democrática y civilista que no solo rechaza la violencia sino que también evade el conflicto. Esta posición “políticamente correcta” le ha impuesto una acerada camisa de fuerza psicológica a la oposición venezolana que desesperadamente trata de encontrar formas democráticas e institucionales para salir del régimen mientras éste ejecuta una masacre sistemática y sin precedentes en la historia política de la América Latina.

Estos políticos y analistas, seguramente horrorizados por la barbarie del régimen, han creado una ficción según la cual el régimen sería desplazado mediante formas jurídicas y legales. Pero en la realidad en Venezuela hay un vacío absoluto de estado de derecho. No hay un poder público en posición de garantizar la legalidad. Cualquier invocación de la ley o la Constitución chocará irreversiblemente con el comportamiento servil de las fuerzas militares.

Es un grave error estratégico de las fuerzas democráticas asumir que el régimen entregara voluntariamente el poder. Hay abundante evidencia que eso no ocurrirá. Este régimen se inició con violencia y saldrá del poder de la misma manera. Esta caracterización no es ninguna apología a la violencia. Es la observación desprejuiciada del comportamiento de una mafia política que no se va a detener hasta aniquilar completamente a sus adversarios como tantas veces lo han anunciado.

Llamar a una confrontación con el régimen, ignorando deliberadamente la asimetría del conflicto, sin organización y sin preparación, es una irresponsabilidad. Pensar que entregaran voluntariamente el poder porque son una minoría es, por decir lo menos, una ingenuidad. 

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El gobierno se arrodilla ante Leopoldo López

Más allá de cualquier interpretación sobre por qué el gobierno le dio casa por cárcel a Leopoldo López y la razón por la cual éste aceptó, está el hecho público, notorio e incontrovertido: El gobierno tuvo que hacer lo que nunca quiso hacer.

Se pueden tejer toda clase de teorías sobre el objeto de la negociación entre el gobierno y una parte de la oposición, que arrojó, como primer resultado, mover a Leopoldo López de la Cárcel de Ramo Verde a su casa. Pero solo lo sabremos cuando los actores involucrados comiencen a enviar señales de lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, cualquier conjetura sobre lo que se pudo haber negociado es una intrigante especulación que solo ayudaría al gobierno en su afán por distraer la atención del foco real del conflicto.

Maduro, Cabello y El Aissami asumieron como propio el trabajo de linchar moral y políticamente a Leopoldo López. Le achacaron las muertes ocurridas en las jornadas de protestas del 2014. Fiscales del Ministerio Público y jueces se confabularon para aceptar la teoría según la cual, el supuesto lenguaje incendiario de López habría sido la causa de estas muertes. El viciado proceso judicial concluyó con una sentencia arbitraria que condenaba a Leopoldo López por un crimen que nunca cometió.

Hasta el día de hoy, el régimen había satanizado a Leopoldo López llamándolo “el monstruo de Ramo Verde”. Leopoldo López y su familia siempre fueron objeto de comentarios viciosos y denigrantes por parte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes jamás ocultaron que aquel era un preso de ellos.

Sin embargo, el aumento de la presión interna y externa contra la dictadura fue llevando al régimen a considerar el uso de la prisión de Leopoldo López como una ficha de negociación para bajar las presiones. No es casual que justamente cuando la OEA comienza a debatir sobre la crisis de Venezuela en 2016, el gobierno hábilmente haya contratado los servicios del operador político José Luis Rodríguez Zapatero para supuestamente liderar una misión negociadora. En realidad, Rodríguez Zapatero estaba asumiendo la operación de lobby más sofisticada y costosa del régimen para evadir los controles de la comunidad internacional, evitar elecciones democráticas en Venezuela y mantenerse en el poder en forma indefinida.

Aunque ya la MUD había descartado de plano seguir en conversaciones inútiles con el gobierno debido a su alto costo político, es posible que la estrategia del régimen haya sido mantenerlas con una parte de la oposición para alimentar falsas esperanzas de apertura, seguir ganando tiempo y cruzar el umbral del 30 de julio de 2017. Además, el gobierno necesita — o necesitaba — llegar a su elección Constituyente, sin un pronunciamiento concreto por parte de la OEA y, muy importante, sin ningún tipo de movimiento militar disonante con la línea oficial.

Pero el 5 de julio, a alguien en el alto gobierno se le ocurrió alentar a los colectivos paramilitares del régimen a tomar las instalaciones de la Asamblea Nacional. La saña y brutalidad del asalto a la sede del poder legislativo fue transmitida masivamente por la televisión y las redes sociales a todo el mundo. Ahora sí no había duda de que un gobierno que asalta la sede del poder legislativo es evidentemente una dictadura. Al ver estas imágenes, la cara de Maduro, Cabello y todos quienes apoyan al fraude Constituyente debió ser un  poema ese día. La condena dentro y fuera de Venezuela estalló, al punto de que hasta voceros del gobierno y del PSUV se vieron obligados a cuestionar el torpe y vergonzoso incidente.

El asalto al parlamento puso súbitamente al régimen contra la pared a escasas tres semanas de su fraude constituyente. Lo último que hubiesen querido quienes apoyan la ANC de Maduro son las imágenes del asalto a la sede del poder legislativo circulando por todo el mundo. Ese no era el plan. Pero quien quiera que haya ordenado esa acción en el gobierno obligó al régimen a jugarse su carta más preciada en las peores condiciones.

Luego del desastre del 5 de julio, al gobierno no le quedaba más alternativa que lanzar una operación improvisada de control de daño político.

Por una parte, era necesario generar un evento mediático que pudiese opacar de inmediato el negativo efecto del asalto al parlamento. Y si ese evento pudiese al mismo tiempo detener otra ronda de debates sobre Venezuela en el seno de la OEA, mejor. Si adicionalmente contribuía a “neutralizar” a la Fiscal General de la República por su intervención en el proceso judicial contra Leopoldo López, mucho mejor.

Un gobierno acorralado por su propia torpeza y desesperado por ganar tiempo, no dudó en jugarse la carta de otorgarle el beneficio de casa por cárcel a Leopoldo López para tratar de lograr al menos el primer objetivo. La operación le fue encomendada al operador Maikel Moreno, quien, en una improvisada sentencia, justificaba la medida “humanitaria” por razones de salud del detenido y por vicios procesales en la distribución del expediente. La movida fue tan rápida y abrupta que el alto mando militar y la plana mayor del PSUV al igual que todos nosotros, se enteraron de la decisión por Twitter.

Más allá de lo que seguramente hay tras bastidores de esta jugada, el hecho real, incontrastable es que el régimen se ha visto forzado a hacer algo que no quería: Validar ante todo el mundo la condición de preso político de Leopoldo López y admitir que tanto su condena como el traslado a su casa no son mas que perversas jugadas políticas. Hasta la fría y pragmática respuesta del llamado Comité de Victimas de la Guarimba apoyando la medida así lo confirman.  

Maduro le dijo hace tan solo unos días al presidente colombiano Juan Manuel Santos “...arrodíllate, híncate y pídeme la bendición.” Resulta irónico que horas mas tarde le haya tocado al retrechero y arrogante régimen de Maduro y Cabello, con su lisonja militar, arrodillarse ante el preso político más emblemático del gobierno. Solo falta que pidan perdón.

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No contamos con las FANB

La política tiene verdades crueles. Son aquellas que desafían todos nuestros cálculos y nos negamos a aceptar. Pero poco a poco la verdad termina por revelarse y de golpe nos pone los pies en la tierra. Es un poco lo que nos pasa en Venezuela cuando tratamos de anticipar posibles desenlaces a esta macabra pesadilla.

De alguna forma dirigentes opositores y analistas coinciden en asignarle un papel decisivo a las FANB para cualquier evento ulterior que se desencadene. En lo que no estamos de acuerdo es en qué dirección se moverá el factor militar. Desafiando toda la evidencia histórica, incontrovertida hasta este momento, hay quienes insisten en decir que existe supuestamente un sector “institucional” en las FANB que estaría dispuesto a levantarse en contra de la dictadura. Esta hipótesis parece ignorar a propósito que más de 15 años de purga, control ideológico y corrupción han dejado a las FANB sin militares neutrales. Allí cada quien le debe un favor a alguien y todos están porque en algún momento juraron lealtad personal al comandante supremo.

Hay otra hipótesis. Esta sugiere un presunto descontento de militares chavistas que se estarían desmarcando de los maduristas por una supuesta traición al legado de Chávez. Los más audaces aseguran que la Fiscal Luisa Ortega Díaz tendría simpatías importantes en este sector.

Ambas hipótesis alientan la falsa esperanza de que algún día de estos, quizás antes del 30 de julio, “algo va a pasar” dentro de las FANB que altere el dramático curso de los acontecimientos que todos de alguna manera u otra ya nos sospechamos.

Los políticos opositores han hecho un extraordinario esfuerzo para enviar mensajes de ablandamiento y simpatía a estos dos segmentos que supuestamente existirían en el seno de las FANB. Estos llamados a la sensatez, defender la Constitución y a bajar las armas se pierden en las redes sociales y parece que nunca llegaron a tocar la fibra de su indiferente audiencia.

La realidad cruel, la que nos negamos a aceptar, es que no hay militares institucionales dispuestos a defender la Constitución y la república. Que los militares chavistas, no maduristas, no son suficientes para levantarse en contra del régimen y discretamente solo ofrecen su simpatía a la Fiscal Luisa Ortega Díaz sin que esa expresión amable de solidaridad signifique algo más.

La descomposición moral de las FANB ha permitido que el régimen fomente vigorosamente en su seno una cultura de corrupción a todos los niveles que permite controlar toda la institución a través de una amplia red de complicidades. A esto se suma el proceso de fragmentación de la unidad de mando interna entre varios intermediario para evitar que la rebelión de un comandante pueda efectivamente convertirse en un alzamiento general.

Es cruel porque se trata de una confrontación asimétrica donde la minoría militar armada, desconoce a la mayoría y ataca directamente a una población civil desarmada y sin medios materiales para llevar adelante una guerra convencional. Los venezolanos avanzamos hacia una confrontación política y militar inédita. Es la del pueblo en contra de una fuerza armada forajida que actúa por su cuenta como un ejército mercenario. Es algo para cual nunca nos preparamos. Mejor es asumir la realidad en toda su crueldad para saber a qué atenernos. Para bien o para mal, en esta batalla por la libertad,  no contamos con las FANB.-

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El pueblo en armas

Los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente tienen un grave problema de diseño. Son absolutamente inútiles para todos los efectos prácticos, como lo hemos aprendido en la historia reciente. Darles poder a los ciudadanos para restablecer la vigencia de la Constitución, o consagrar el derecho a la rebelión cuando se menoscaben los valores, principios y garantías democráticos, es un mero saludo a la bandera, si no existen los medios para hacerlos efectivos. Se trata de una exquisitez retórica para deleitar a los teóricos de las ciencias políticas. 

En la realidad, cuando quienes dirigen el Estado toman por asalto a sus instituciones y ponen a la Fuerza Armada a su servicio, es muy poco lo que pueden hacer los ciudadanos, a menos que estos estén legalmente armados para defender la Constitución y las leyes. 

En los últimos meses hemos visto cómo el régimen se ha valido del control que ejerce sobre el aparato legal-militar para imponer su voluntad sobre la mayoría. Los mecanismos constitucionales del estado de derecho y sus instituciones son inservibles cuando por la vía de las armas y la represión el régimen impone “su legalidad.”

La brutal represión de los últimos meses ha puesto en evidencia, una vez más, el chantaje militar y la asimetría de la confrontación contra la población civil. En un esfuerzo extremo y hasta ingenuo de civilismo democrático, los políticos de la oposición insisten en llamar a las Fuerzas Armadas a detener esta masacre y alinearse con el pueblo y la Constitución. Las FANB, manipuladas por miedos y complicidades, permanecen mudas, aplastando con sus armas la protesta popular. 

Mientras tanto, en la calle se libra la batalla más sangrienta y épica que alguna vez haya conocido América Latina. Jóvenes armados con piedras y caucheras, defendiéndose con escudos de cartón; enfrentando las tanquetas, las bazukas y la metralla de los propios militares venezolanos. O los vecinos de barrios y urbanizaciones defendiendo su derecho a la vida, atrincherados en sus casas contra balas y lacrimógenas. Es una confrontación absolutamente desigual, cuidadosamente orquestada por el régimen desde las protestas del 2014.

Otra sería la historia en Venezuela si al igual que otros países como Canadá, Suecia y los Estados Unidos, la población civil estuviese legalmente armada para defender la Constitución y las leyes. Ningún militar se atrevería a violentar la Constitución si sabe que se va a enfrentar a 15 millones de ciudadanos armados, dispuestos a defender con armas y con sus vidas la legalidad. Ni siquiera lo pensarían. Es perversamente fácil abusar de la población civil y mandarla a que se meta su 350 por el trasero —como tantas veces lo ha hecho Diosdado Cabello— cuando esa población está desarmada. Un pueblo legal y legítimamente armado lograría atemperar y serenar los arrebatos hormonales de estos militares bravos y valientes con los más débiles. 

La democracia de partidos que se instauró en 1961 le entregó el monopolio de las armas a los militares para la defensa de la Constitución y las leyes. A los civiles se les permitía usar las armas en situaciones excepcionales, luego de un desalentador trámite burocrático. Se nos hizo creer falsamente que una población desarmada era la garantía para evitar una guerra civil. Con base en ese mito le confiamos todas las armas de la república a los militares para que nos defendieran, y olvidamos pensar en quién nos defendería de ellos.

La ficción del pueblo democrático, civilista y desarmado, nos ha arrastrado a esta tragedia que hoy vivimos. El baño de sangre que se quería evitar al no entregarle armas a los civiles, de hecho, ya está ocurriendo por otros medios. Los militares armados abusan y reprimen a la población civil porque esta solo tiene para defenderse la letra muerta de los artículos 333 y 350 de la Constitución, sin un mecanismo claro para hacerlos valer.

Este monopolio desproporcionado en el manejo de las armas es lo que lleva a políticos y analistas a concluir que, no importa las combinaciones políticas que se hagan para salir de la dictadura, si la ecuación no contiene el componente militar, esto será virtualmente imposible. 

Por eso, admitiendo el chantaje de la desproporción, todos de alguna manera, aunque sea en secreto, abrigamos la esperanza de que alguien, algún día, desde las Fuerzas Armadas se levante en armas contra de la dictadura. Aunque también en secreto tengamos que admitir que el remedio podría ser peor que la enfermedad.

La resistencia humana, como todo en la vida, tiene un límite. ¿Cuántos jóvenes venezolanos más tendrán que morir hasta que un grupo considerable de ciudadanos concluya que si no toman medidas para defenderse, ellos serán los próximos? En principio, nadie quiere la guerra porque ella trae consecuencias irreversibles e irreparables. Parafraseando a Clausewitz, la guerra es la continuación de la lucha política cuando los medios civilistas se agotan. Pero no querer la guerra no significa no prepararse para ella, y esperar con resignación la muerte anunciada. Habría que explicarles a los cientos de miles de familias venezolanas que han sido víctimas de torturas y violaciones en sus propias casas que deben tener una actitud democrática, cívica, y pacifista, cuando reciban las visitas del CONAS, SEBIN, GNB, PNB y colectivos paramilitares. 

Hoy estamos metidos en una lucha brutal y asimétrica con los hombres a quienes les entregamos las armas para que nos defendieran. Pensamos que podíamos confiar en ellos, no nos preparamos y ni siquiera sabemos cómo se empuña una escopeta, o como se dispara un chopo. Nos traicionaron, y hoy solo nos queda defender la Constitución, las leyes y el derecho universal a la vida, armados con lo que tengamos a la mano. Aunque sea con materos, ollas y coletos. Con lo que sea.

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Las FANB no salvarán la república

Desde la oposición aun hay la esperanza latente que en algún momento algún sector de las FANB se va a rebelar contra la tiranía y en defensa de la Constitución. Pero los días pasan y salvo algunos valientes y honorables oficiales que individualmente se han pronunciado la ansiada rebelión militar que acompañe al pueblo no termina de llegar. Y quizás nunca llegue. La red de complicidades que hoy controla la Fuerza Armada ha desnaturalizado completamente su función institucional para ponerla al servicio de la camarilla gobernante. Los oficiales han sido entrenados para servir a quienes controlan el gobierno no al estado venezolano. Esto ha fomentado lealtades basadas en el encubrimiento de crímenes y corrupción y no en mérito y profesionalismo.

La esperanza de que algo “reviente” dentro de las Fuerzas Armadas y cambie la correlación de fuerzas en la puja política ha llevado a algunos opositores  a alabar una presunta institucionalidad militar que en la práctica no existe. Para cultivar simpatías en el oscuro mundo militar dicen que las FANB aún son institucionales y que quienes apoyan los abusos del régimen son una minoría. Los hechos han demostrado exactamente lo contrario. Abunda la evidencia de los abusos y corrupción en todos los niveles de la Fuerza Armada donde la minoría que trata de desmarcarse termina huyendo o en los calabozos.

Deliberadamente se ha fomentado un desprecio por el poder civil como la nueva forma de ganar méritos militares. Lo bochornoso del incidente donde el coronel Bladimir Lugo Armas ofende la majestad del Presidente de la Asamblea Nacional no fue precisamente el empujón traicionero cuando el diputado le dio la espalda al gorila. Lo más infame fue ver a dos jóvenes oficiales incapaces de reaccionar y someter al coronel Lugo Armas al imperio de la ley ante un delito flagrante. Estos jóvenes oficiales miraron con naturalidad y desdén todo el incidente. Este es el tipo de militar que sigue ciegamente las órdenes de quienes sostienen el régimen: Traicioneros, cobardes, y cómplices.

Con esa pobrísima calidad moral es imposible esperar que ese tipo de militar se declare en rebeldía contra la dictadura y en defensa de la Constitución. Además del control cultural e ideológico que ejerce el gobierno en las Fuerzas Armadas estas se han convertido en un garito de favores y complicidades que corroe los cimientos de la institución. En ese ambiente tóxico es muy poco probable que los oficiales puedan tener una mente republicana y democrática para realinear su lealtad con la Constitución, las leyes y el estado de derecho.

Un ejército profesional,  honorable y genuinamente respetuoso de su pueblo jamás habría permitido el asesinato a quemarropa de más de setenta venezolanos, ni se prestaría con su silencio e indiferencia para que masacren a cientos de miles más. Pero en las FANB desde hace mucho tiempo se perdió el profesionalismo, el honor y el respeto. Si las FANB no tienen las fuerzas para salvarse a sí mismas del degredo menos fuerzas tendrán para salvar al país. Es posible que haya algunos miembros con fibra democrática dispuestos a inmolarse por su pueblo y la Constitución. Pero el resto y la institución como tal seguirán jugando pragmáticamente al cálculo como lo han hecho en esto dieciocho años.-

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