Una de las deformaciones del llamado proceso bolivariano en
Venezuela ha sido el surgimiento de los colectivos armados. Desde comienzos del
gobierno de Hugo Chávez, el Estado no sólo toleró su existencia, sino que el
propio Chávez —en sus arengas— alentó su proliferación. Estas bandas armadas
que surgieron con el pretexto de defender la revolución, operan como verdaderos
grupos paramilitares urbanos con acceso a armas, equipos de comunicaciones y dinero
para actuar.
Estos colectivos han reclutado cualquier variedad de criminales
y hampones que hacen de la permisividad
vergonzosamente cedida por la revolución bolivariana, su aliviadero para
continuar impunemente con sus actividades criminales.
La relación entre las FANB y sus componentes con estos
grupos paramilitares es una relación de hecho que se asemeja a la de un
concubinato forzado por las circunstancias políticas. Las fuerzas armadas se
han visto obligadas por el gobierno, no sólo a tolerar a estos grupos
criminales, sino, en muchos casos, incluso a convivir y compartir conjuntamente
actividades en misiones como Barrio Adentro.
El concubinato entre las fuerzas militares y policiales y
los colectivos no ha estado libre de contradicciones. En varios casos estas
contradicciones no han podido ser superadas y han terminado en enfrentamientos
mortales, tal como ocurrió con la muerte de José Miguel Odreman a manos de una
comisión del CICPC en octubre de 2014. Odreman era el líder del colectivo 5 de Marzo, y como muchos de esos jefes
paramilitares, estaba conectado públicamente con reconocidas figuras del
chavismo y hasta con generales de la GNB. Su muerte provocó la salida de Miguel
Rodríguez Torres del Ministerio de Interior y Justicia ante la presión que los
colectivos hicieron al presidente Nicolás Maduro.
También se han reportado incidentes en varias ciudades del
país donde estos colectivos armados se han alejado de su presunta misión
revolucionaria, para robar dinero de los CLAP y bolsas de comida. Estas
acciones siguen provocando tensión entre paramilitares urbanos y las fuerzas
del orden del propio Estado chavista.
Oficiales militares —activos y retirados— han confirmado que
existen órdenes superiores para no enfrentar a los colectivos y respetar sus
“zonas liberadas”. En algunos casos la
comisión de delitos flagrantes tales como robo, tráfico de droga y extorsión
han sido tan evidentes que oficiales subalternos se han visto obligados a
actuar en desacato a la orden de cordializar con estos grupos criminales.
Esta relación extramarital y semilegal entre las FANB y los
colectivos les ha entregado el control de amplios territorios del país a grupos
criminales que antes coordinaban con el gobierno, pero que ahora parecen fuera
de control y actúan por su propia cuenta. El costo ha sido muy alto, no solo
para la sociedad en general sino también para oficiales y soldados de las
fuerzas armadas, cuyos efectivos han sido asesinados en operaciones criminales
que nadie investiga, ni quiere investigar.
En un detallado trabajo de investigación para El Estímulo, la periodista Sebastiana
Barráez publicó la semana pasada una lista de los asesinatos de oficiales
militares en el 2016 y lo que va de 2017. Más de 30 oficiales han sido
ajusticiados en diferentes acciones criminales. Aunque la periodista no insinúa
una posible relación entre estos incidentes y la actuación de grupos
oficialistas armados, deja planteado el problema medular que enfrenta las FANB:
¿Por qué no se han investigado estos ajusticiamientos?
La falta de interés de los mandos superiores de las FANB para
esclarecer los asesinatos de militares en Venezuela sugiere que no quieren
iniciar una investigación cuyos resultados confirmen que podría tratarse de
acciones coordinadas por grupos chavistas armados que operan al amparo de la
semilegalidad otorgada por el gobierno. O simplemente, que estos asesinatos son
el resultado de una política laxa con el crimen y la inseguridad de la cual las
FANB se han hecho cómplices.
La situación en el seno de las FANB no es fácil. Los
oficiales superiores tienen que ceder a la presión política del gobierno para
convivir en la misma cama con grupos criminales, y a su vez transmitir esa
política a sus subalternos, sin que al mismo tiempo se vea como una forma de
ser permisivos con el crimen —aunque en efecto lo sean. Ese malabarismo de
difícil ejecución ha fomentado enfrentamientos y resentimientos en el seno de
unas FANB que —aunque se proclamen chavistas y socialistas— se sienten
obligadas a defender el orden y la legalidad.
El concubinato forzado entre las FANB y los colectivos
chavistas tendrá irremediablemente un final violento y explosivo cuando ambas
fuerzas, obligadas por la coyuntura política, se enfrenten en defensa de
intereses totalmente opuestos. La inminencia de un cambio político en
Venezuela, cualquiera sea su forma, provocará un realineamiento de las
lealtades de las FANB y dejará a los colectivos chavistas armados como el único
grupo de defensa del régimen que fenece.
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