El último informe de la ONU sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela y la perpetración de delitos de lesa humanidad por parte del régimen chavista es contundente. Se trata de la constatación de que efectivamente el Estado chavista ha usado la violencia contra civiles y militares que se le oponen para mantenerse en el poder. A pesar de su gran impacto y significación esta constatación no es la primera ni será la última que se produzca sobre crímenes con fines políticos cometidos en Venezuela.
Ya
antes muchas otras instancias internacionales tales como la OEA y la propia ONU
han confirmado lo que este último informe revela. A esto habría que sumar las
innumerables denuncias de víctimas y familiares que han sido documentadas por
periodistas y comunicadores en los medios que, aunque no sigan rigurosos
patrones metodológicos como el informe de la ONU, contienen innegables e
inocultables relatos de la crueldad y saña con la cual estos crímenes han sido
perpetrados.
Estos
informes y reportes, incluido el último de la ONU, coinciden en caracterizar
estos hechos como violencia política ejercida por el Estado chavista y sus
órganos en contra de la población civil venezolana desarmada en forma
deliberada, selectiva y sistemática.
El
Estado chavista ha sustituido al Estado nacional venezolano. Esto le permite
actuar con impunidad a través de leyes y órganos para el beneficio de la
oligarquía gobernante y no en interés de todos los venezolanos. Así las Fuerzas
Armadas dejaron de ser nacionales para reducirse a ser el brazo armado del
régimen ejerciendo la violencia con fines políticos en forma directa y mediante
grupos paramilitares y parapoliciales tales como el SEBIN y el DGCIM. El
entramado legal y judicial está diseñado para justificar y soportar estos
crímenes de lesa humanidad como justos y necesarios a la luz de la Constitución
de 1999 y las leyes chavistas.
Según
estos documentos la violencia contra civiles y militares que se oponen al
régimen es deliberada e intencional. No es el resultado de comportamientos
autónomos o espontáneos sino del cumplimiento de órdenes claras que viajan a
través de la cadena de mando desde el Presidente Nicolás Maduro hasta el
esbirro ejecutor del crimen. La autoría intelectual y la responsabilidad
directa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, el alto mando militar y los
operadores a cargo de esos órganos parapoliciales y paramilitares es innegable
tal como lo reconocen los informes.
La
violencia que aplica el Estado chavista es selectivamente aplicada a todos
aquellos que asumen una posición disidente frente al régimen. La doctrina del
poder público le reconoce a todo Estado el monopolio de la violencia para
lograr sus fines. Pero esa violencia que puede usar el Estado pierde su
justificación cuando se emplea en forma discriminada para perseguir a quienes disienten
del régimen, o sea por motivos partidistas.
Se
reconoce que el Estado chavista usa la violencia en forma sistemática en contra
de la población civil disidente. Se trata de un conjunto de planes, programas e
instrucciones establecidas con claridad e implementadas en forma permanente en
cada uno de los órganos del régimen. Sin duda, la violencia es una política de
estado vigente y efectiva del Estado chavista. Hay manuales y procedimientos
que contienen los criterios y los pasos para ejercitar la violencia política.
A
pesar de la fina caracterización de estos hallazgos muy pocos se sorprenden
porque ciertamente no son nada nuevo. Eso ha sido y será el chavismo hoy y
mañana si siguen en el poder. La pregunta entonces es ¿Para qué sirve que en
forma reiterativa se siga documentando y ratificando la naturaleza
esencialmente criminal del régimen chavista? ¿A dónde conduce que este y otros
informes que vendrán insistan en probar rigurosamente que el Estado chavista
usa la violencia para mantenerse en el poder? A la luz de la suerte que han
corrido otros documentos similares estas preguntas cargadas de escepticismo
están justificadas y en absoluto intentan restarle importancia al hecho que,
una vez más, se declare al Estado chavista como el sujeto activo en la comisión
de delitos de lesa humanidad.
Entonces,
¿qué hacemos con esa constatación? ¿Servirá este último informe de la ONU para
que, por ejemplo, la falsa oposición desde la MUD y el interinato decidan
abstenerse de participar, sin garantías, en el fraude electoral organizado por
perpetradores de violaciones a los derechos humanos? ¿O acaso el Departamento
de Estado norteamericano lo usará como insumo para dar un viraje en su política
permisiva y complaciente con el régimen chavista para enfrentarlo decididamente
y buscar su derrocamiento?
Después de
todo, declarar a un Estado como responsable de delitos de lesa humanidad no es
poca cosa. Algo concreto hay que hacer con ese último informe de la ONU además
de manosearlo retóricamente a riesgo de banalizar su contenido y hacerle el
juego al régimen que intentara maquillar esos crímenes para presentarlos como
justificados e inevitables en la nueva normalidad chavista.- @humbertotweets
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