Parece que fue ya hace muchos años
cuando las contradicciones naturales en el seno de la oposición dividían las
posiciones entre quienes proponen una salida exclusivamente electoral y quienes
exigían un enfoque más radical para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Los
más radicales encontraron en el texto de los artículos 333 y 350 de la Constitución la consagración al
derecho constitucional a la rebelión bien sea civil o militar cuando el régimen
atente contra las garantías democráticas o atente contra los derechos humanos.
Los presupuestos del artículo 350 de
la Constitución se han confirmado hasta la saciedad bajo el actual régimen. Por
cualquier ángulo que se le vea el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado cientos
de acciones que han ultrajado las garantías democráticas y el estado derecho.
Además es público y notorio que el gobierno y sus fuerzas policiales han
incurrido en actos genocidas y violaciones a los derechos humanos calificados como
delitos de lesa humanidad por el derecho internacional. Bajo el imperio de los
artículos 333 y 350 es legítimo y constitucional que cualquier ciudadano civil
o militar, investido de autoridad o no, se rebele en contra de ese gobierno y
luche por la restitución del orden jurídico vulnerado.
Quienes han defendido la vía
electoral como la única forma para salir de esta dictadura trataron de
desmeritar el alcance práctico del artículo 350 preguntando ¿Cómo se come el
350? para remarcar la idea que aunque la protección constitucional al derecho a
rebelión existe no habría forma práctica de ejecutarla. Pero el deterioro de la
situación política y social de Venezuela ha llevado a millones de venezolanos a
llenar las calles para desconocer al actual régimen. Esas protestas a lo largo
y ancho de Venezuela le han dado forma y contenido concretos a las premisas
establecidas en el artículo 350 de la actual constitución.
La protesta en la calle debe
evolucionar a un nivel superior de organización de la resistencia para
operativizar el ejercicio de las garantías consagradas en los artículos 333 y
350. Desde esta óptica es esencial que en las próximas semanas los ciudadanos
se agrupen en comités del 350 para planificar y ejecutar diversas acciones de
protesta que acumulen la energía de la calle, cambien la correlación de fuerzas
en las FANB y derroquen la dictadura.
No hace falta copiar formas
organizativas burocráticas para operativizar el 350. Bastaría con que un grupo
de ciudadanos, dispuestos a restablecer el estado de derecho, se organice para
realizar acciones de protesta y defenderse de los ataques de las fuerzas del
régimen. Los millones de venezolanos que luchan por la libertad no están
armados y no necesitan estarlo para derrocar la dictadura. La presión ciudadana
sostenida en la calle y en otros escenarios bajo amparo de la misma
constitución es la única vía para confrontar exitosamente a la dictadura. En la
actual coyuntura política el 350 más que un a bandera es una agenda de lucha
por la libertad.
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