El silencio del rector Delpino

            El jueves 24 de octubre de 2023 la Asamblea Nacional chavista designaba los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin que exista motivo para la sorpresa, de los cinco rectores tres son conspicuos operadores del régimen chavista, a saber Elvis Amoroso, Carlos Quintero, y Rosalba Gil. Los otros dos serían adjudicados a grupos vinculados a la PU/MUD, específicamente a Acción Democrática (Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo en las personas de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal, respectivamente.

            Esta designación fue alabada por Jorge Rodríguez como “...el resultado de un amplio consenso.” Sin embargo, nunca quedó claro los factores que participaron en ese “consenso”, sobre todo en la parte que corresponde a los dos rectores vinculados a la oposición.

            La negociación que permite la designación de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal en la directiva del CNE chavista no fue la que se desarrollaba casi en forma paralela entre chavismo y oposición PU/MUD en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados. No se tiene noticia que en esas negociaciones siquiera se haya conversado sobre la conformación del nuevo CNE.

            Entonces ¿De cuál negociación o consenso salieron los nombres de Juan Carlos Delpino y Aime Nogal para integrar esa directiva en representación de la oposición? Evidentemente, esto no fue el resultado de una transacción directa y formal entre la PU/MUD y el chavismo porque de ser así los dos rectores designados habrían reflejado la diversidad y las mayorías en juego dentro de los factores que conforman la llamada Plataforma Unitaria.

            No se puede creer que la PU/MUD haya acordado postular a dos candidatos a rectores del CNE relacionados con dos partidos que no solo están en minoría dentro de esa plataforma sino que además son identificados como socialdemócratas, por citar tan solo una noble afinidad.

            Lo más probable es que esta designación de los rectores Delpino y Nogal haya sido el resultado de dos negociaciones bilaterales y separadas entre el régimen chavista con Henry Ramos Allup (AD judicializada) por una parte y Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo por la otra. El interés del régimen en hacerle estas importantes concesiones a Ramos Allup y Rosales habría estado enmarcado dentro de la estrategia de manipular e influir directamente en el resultado de la elección Primaria de la PU/MUD.

            Asignarle un rector a Acción Democrática (Ramos Allup) y otro a Un Nuevo Tiempo tiene repercusiones distintas. Para la AD no judicializada era un avance en el tortuoso camino de recuperar la tarjeta y la capacidad de postular candidatos en las elecciones regionales de 2025, aunque esto no descarte la posibilidad de un arreglo para compartir la franquicia con la AD de Bernabé Gutiérrez. Todo en nombre de la unidad, pero ante todo y por sobre todas las cosas para recuperar la capacidad para postular.

            En el caso de Un Nuevo Tiempo se trata de mantener las concesiones que le ha otorgado el régimen siendo la más importante un reconocimiento al estatus político de Manuel Rosales como referente de la oposición. Esto pasa necesariamente por respetar su gobernación del estado Zulia, independientemente de repartos que pueda hacer el régimen a partidos de la oposición en otros estados.

            Seguramente con candidez e inocencia tanto Ramos Allup como Rosales le comunicaron a sus colegas de la PU/MUD que habían sido sorprendidos con esas designaciones, garantizando seguidamente que estos rectores sin ninguna duda siempre estarian al servicio de la causa de la llamada unidad más allá de sus vinculaciones partidistas. Sobre esto solo podemos especular por los elementos que se conocen públicamente pero es posible que nunca sepamos con exactitud su desarrollo.

            Lamentablemente para los implicados (régimen, Ramos Allup, Rosales) la elección del candidato de la PU/MUD se salió de control y no hubo forma de influir para lograr que Manuel Rosales fuese el seleccionado, tal como siempre quiso y jamás ocultó el chavismo. Allí entraron en juego viejas facturas y peleas intestinas entre Voluntad Popular y Primero Justicia contra Manuel Rosales por los manejos en Monómeros provocando un realineamiento de factores dentro de la PU/MUD que le otorgó la mayoría a  María Corina Machado y dejó aislados a AD (Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo. Pero ese será el tema de otro artículo.

            El balance final es que ni Henry Ramos Allup ni Manuel Rosales lograron ejecutar el encargo. No por falta de ganas, sino porque la situación en términos políticos era sencillamente inviable. Hacer más implicaba quedar grotescamente en evidencia como marionetas del chavismo, un precio demasiado alto para quienes están obligados a mantener las apariencias a la hora de cazar votos y evitar los crueles castigos de la impopularidad. Sin embargo, en los dramáticos días que siguieron a la inhabilitación de Corina Yoris Manuel Rosales hizo un último y desesperado intento para cumplir su parte del trato y ser el candidato opositor. La maniobra de inscribirse a última hora quedó truncada y escueta dejando a Rosales en la incómoda posición de justificar la maroma como “un intento por salvar la tarjeta de la MUD.”

            Sin todo este recuento es imposible entender las declaraciones del rector Juan Carlos Delpino denunciando lo que todo el mundo ya sabe: Que el operador del régimen chavista en el CNE Elvis Amoroso no reúne la directiva para tomar decisiones sino que éstas se preparan, se cocinan y se anuncian en forma unilateral. Entonces, lo que tiene que llamar la atención del rector Delpino no son las obviedades que dijo sino su silencio cómplice desde el día en que fue designado rector hasta el día en que decidió hablar.

            El silencio de Juan Carlos Delpino se parece mucho y coincide con el mutismo discursiva de Henry Ramos Allup y solo podrían ser interpretados como actos de prudencia para avanzar en lo único y lo que realmente le puede importar a la Acción Democracia judicializada y esto es la recuperación total o parcial de su tarjeta y su capacidad para postular en las elecciones regionales de 2025. ¿Por qué? Porque un partido de naturaleza esencialmente clientelar como Acción Democrática necesita su tarjeta para postular tanto como el aire, el agua y sal son esenciales para la vida. Sin eso, no hay nada. Y esto aplica igualmente para el resto de los partidos judicializados que están en la PU/MUD.

            El trasfondo de esta dinámica es el objetivo que se ha trazado el régimen chavista de liquidar política y electoralmente a los partidos de la PU/MUD quitándoles su capacidad para postular candidatos en las elecciones regionales. Sin ninguna perspectiva de recuperar las negociaciones bilaterales con el chavismo y con la liquidación definitiva de los Acuerdos de Barbados la fuerza que sostenía tanto a Juan Carlos Delpino como a Aimen Nogal en ese CNE se ha desvanecido y lo más probable es que ambos salgan de esa directiva en cualquier momento. Si tienen suerte, y la furia imperial de los hermanos Rodríguez no decreta otra cosa, quizás lleguen al 28 de Julio pero eso nadie lo puede garantizar.

            La estrategia del chavismo es darle vida y reconocimiento formal al otro sector de la falsa oposición, los llamados alacranes. Con ellos se firmarán los futuros acuerdos y a ellos se les dará representación en una futura directiva del CNE. Con ese reconocimiento institucional por parte del Estado chavista los partidos que han sido judicializados y que controlan las tarjetas y la capacidad para postular recibirán en los próximos meses recurrentes oleadas de clientelas que viven del negocio de la política y que ya no tienen motivos para seguir a los que han sido despojados de la franquicia.

            Las declaraciones del rector del CNE Juan Carlos Delpino, son una constatación de obviedades sobre el fraude electoral en marcha, que a pesar de ser suscritas por un funcionario de alto rango ya ni siquiera generan sorpresa. Por el contrario, su prolongado silencio y el momento que escoge para romperlo dice mucho del contubernio que siempre ha caracterizado las relaciones del chavismo con su falsa oposición. Esta práctica le ha rendido buenos resultados al régimen chavista que ahora se prepara para seguir en lo mismo pero con nuevos socios e interlocutores.- @humbertotweets

Elecciones a la medida del régimen chavista

            Ya resulta un fastidioso lugar común repetir todas la maniobras que ejercita el régimen chavista para perpetrar su fraude electoral el 28 de julio. Se trata de toda una serie de medidas para garantizar que Nicolás Maduro será proclamado nuevamente presidente de Venezuela aunque sea contra la voluntad del 80% de los venezolanos.

            Se ha documentado en forma clara y suficiente cada una de las instancias que llevan irreversiblemente a este fraude. Desde la inhabilitación de candidatos y electores hasta la manipulación de los centros y mesas de votación.

            Pero los abusos no cesan. Se habla de otras medidas que estarían en proceso tales como la eliminación por vía judicial de la tarjeta electoral de la MUD lo que dejaría a la oposición con la opción de llamar a votar por la tarjeta del partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. También se ha dicho que para este proceso el CNE chavista restringirá la participación de los testigos electorales en las mesas a aquellos que estén inscritos en esos centros de votación.

            La oposición de la PU/MUD parece decidida a ir hasta el final en la vía electoral aunque les eliminen su tarjeta icónica y hasta, como consecuencia de ello, le inhabiliten nuevamente a su candidato.

            La respuesta ante la arremetida del régimen chavista se ha limitado a tratar de cumplir con unas exigencias de naturaleza electoral que cada día se ven como imposibles en un proceso prácticamente inviable como modelo de transparencia y equilibrio.

El único recurso que parece disponible para la PU/MUD es tratar de tener testigos en todas las mesas de votación y ante la amenaza de que a estos también se les impida participar se habla en forma ambigua de una “observación ciudadana”

En algún momento habrá que hacer una pausa para repensarlo todo y preguntarse cuál es la razón que arrastra a la oposición de la PU/MUD a aceptar las condiciones más infames para hacerse parte de la madre de todos los fraudes electorales. ¿Cuál podría ser la justificación de continuar en un esfuerzo tan compulsivo como inútil para medirse con un régimen que prácticamente tiene los resultados en la mano y solo queda anunciarlos?

Cada día que pasa se hace más evidente que la vía electoral en tiranía es una estrategia fallida que conducirá irreversiblemente a una nueva derrota y a nuevas oleadas de desánimo y emigración.

La estrategia electoral ni siquiera se podría justificar como un intento de hacer algo frente a no hacer nada porque ese hacer algo también está llegando a la nada. En otras palabras, la oposición de la PU/MUD con María Corina Machado y Edmundo Gonzalez podrán tener un plan electoral para movilizar el voto y cubrir la observación del 100% de las mesas electorales, pero eso no significa absolutamente nada frente a las infinitas posibilidades con que cuenta el régimen para presentar un resultado a su medida.

Es cierto que la PU/MUD tiene un plan electoral para el 28 de julio pero precisamente una de las debilidades de ese plan es que es prisionero de la estricta legalidad que impone el régimen chavista y que obliga a participar respetando celosamente sus tramposas reglas.

La emoción de la fantasía electoral llegará hasta el momento que se anuncien unos resultados que desafían la realidad pero que serán presentados como la verdad oficial del régimen. Frente a esto la oposición de la PU/MUD no tendrá la posibilidad de pedir una auditoría (al CNE chavista) o apelar judicialmente  (ante el TSJ, también chavista).

Y aunque millones de personas con razón quieran salir a expresar su rabia e inconformidad en la calle tampoco es probable que esa oposición convoque a una movilización popular. Aquí es cuando estos opositores se convierten en fieles cumplidores de la pseudo legalidad chavista y se evidencia que no tienen un plan político para el 28 de julio, ni para lo que vendrá después. La emoción espontánea de las masas es un efecto pasajero que quedará diluido en una nueva decepción sin que el esfuerzo signifique en sí mismo un modesto avance en la tarea de derrocar la tiranía.- @humbertotweets

¿Sabremos algún día si las encuestas dicen la verdad?

            El cuestionamiento que le hacemos a quienes realizan encuestas hoy día en Venezuela para analizar la política se apoya en la misma premisa de nuestra crítica a quienes promueven el voto como una vía eficaz para salir del régimen chavista. En ambos casos se trata de posturas que buscan normalizar una situación que a todo evento no puede ser considerada como normal.

            Pero antes de ir al fondo de nuestra crítica hay que aclarar que nuestra posición no es en rechazo a las encuestas como método al servicio de las ciencias políticas ni al voto en sí mismos. Diremos que en ciertos contextos con garantías políticas y constitucionales tanto las encuestas como el voto son totalmente válidos y efectivos. Pero, ciertamente, ese no es el caso de Venezuela.

            Por ejemplo, ¿qué valor cuantitativo se le puede asignar a las demostradas capacidades de fraude del régimen chavista? O mejor aún en una Venezuela sometida por el terror, el miedo y la incertidumbre ¿Se puede pensar que las opiniones de los encuestados son emitidas libremente?

            Nuestro cuestionamiento radica en que no se puede tomar los valores de ninguna encuesta haciendo abstracción del contexto político y social en el cual estamos metidos. Y la razón por la cual esto no sería una sana práctica científica es porque precisamente no existen en Venezuela condiciones institucionales para confirmar lo que dicen esas encuestas.

            Hasta ahora la mayoría de las encuestas conocidas dan como ganador de la elección del 28 de julio por un amplio margen al candidato de la PU/MUD Edmundo Gonzalez. Esos valores de alguna forma validan las masivas movilizaciones del candidato opositor junto a María Corina Machado por toda Venezuela. Igualmente un muestreo empírico entre nuestros familiares y amigos mostraría tendencias de apoyo similares.

            El chavismo también ha sacado sus encuestas y estas dicen que Nicolás Maduro tiene una sólida ventaja en un promedio del 60% sobre el candidato Gonzalez. Pero a diferencia del candidato opositor el del chavismo queda pulverizado por la evidencia empírica ya que las concentraciones oficialistas han sido dramáticamente escuálidas y cualquier muestreo no científico, incluso entre simpatizantes del chavismo, confirman una determinante intención de voto en favor del candidato opositor.

            El problema entonces no consiste en tratar de reconciliar los hallazgos científicos con los empíricos sino en validar ambas constataciones a la luz de la realidad. Esto quiere decir que debe existir algún mecanismo o medida para establecer si estas encuestas dicen la verdad o que tan cerca están de ella.

            Y el único parámetro que en principio habría que tomar en cuenta sería el anuncio de los resultados definitivos que proclame el CNE el 28 de julio en la noche para compararlos con lo que dijeron las encuestas. ¿Qué pasaría si los resultados oficialistas difieren dramáticamente de lo proyectado por las encuestas? Más aún ¿Se puede aceptar el resultado que anuncie el CNE como un criterio para validar o invalidar las proyecciones de las encuestas?

            Las encuestadoras dirán que han hecho su trabajo, y es cierto porque a ellas no les corresponde determinar si hubo fraude o no. Es a los políticos que decidieron basarse en los números de las encuestas ignorando la ausencia de condiciones y garantías electorales a quienes les tocará explicar o impugnar la inconsistencia.

            En el fraudulento sistema electoral que impuso el chavismo no hay forma de saber cuántas personas realmente votaron o dejaron de votar. Tampoco sabremos cuántos votos efectivamente logró el proclamado ganador, porque el CNE chavista tiene el poder para adjudicar los resultados que quiera en forma inauditable e inapelable.- @humbertotweets

Elecciones, apariencia y realidad

            Las cosas que podemos constatar: El Consejo Nacional Electoral lo controla el chavismo. 4 millones de venezolanos en el exterior no podrán votar y 6 millones en venezuela tampoco podrán hacerlo. Mediante una secuencia de inhabilitaciones el CNE influyó en la selección de Edmundo González como candidato de la MUD.

            También podemos constatar que las movilizaciones de María Corina Machado y Edmundo Gonzalez son dramáticamente superiores a las de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

            Las cosas que no podemos constatar: Las encuestas que le atribuyen a Edmundo Gonzalez una preferencia del 80% o las que le otorgan a Nicolás Maduro el 70%. Tampoco podemos comprobar aquellas que proclaman una intención de voto superior al 90% para el 28 de julio.

            Sin embargo, aunque no se pueda determinar en forma científica en qué proporción, habrá que reconocerle algo de verdad tanto a las situaciones que podemos constatar como aquellas que no.

            Hay que admitir que detrás de las apariencias se pueden encontrar fulcros de realidad.

            Sin embargo, ante la ausencia de garantías y condiciones plenas para una elección transparente en Venezuela la única forma de validar la realidad de esas movilizaciones y esas encuestas es comparando esas proporciones con los resultados que anuncie el CNE en la noche del 28 de julio. No hay otra.

            Y esto, precisamente por la falta de condiciones transparentes, tampoco sería garantía de capturar y confirmar la realidad.

            Lo ideal es que el resultado electoral que se anuncie el 28 de Julio en la noche confirme lo que empíricamente se puede apreciar en la calle.

            Esto sería así de existir un CNE neutral y un sistema electoral transparente y equilibrado. Pero ese, ciertamente, no es el caso de Venezuela.

            Desde la perspectiva del gobierno quizás resulte suficiente anunciar unos resultados que sin confirmar la realidad se parezcan un poco a ella o que se mantengan dentro del terreno de la duda razonable.

            Y si todos los candidatos ganan encuestas y mueven gente en la calle (aunque unos mucho más que otros), entonces a cualquiera de ellos se le podría atribuir un resultado plausible y verosímil, aunque no coincida con la realidad.

            A esto habría que agregar algunas formas para racionalizar ciertas explicaciones como la justificación de un resultado producto de la abstención o la fragmentación del voto entre 9 candidatos que se definen como de oposición frente a uno solo del gobierno.

            Un resultado plausible y verosímil, aunque no sea real, tendría el aval institucional del órgano electoral y ofrecería una justificación  para el resto de los componentes institucionales.

            Sería posible intentar un reclamo sobre bases materiales de inconsistencias numéricas, pero el reconocimiento y legitimación del mecanismo institucional de validación ejercitado en los últimos meses tendría un peso superior a la hora de desestimar esas denuncias.

            Los resultados electorales que se anuncien el 28 de julio tendrán que ser exhaustivamente examinados a la luz de la dialéctica entre apariencia y realidad. @humbertotweets

Las FANB chavistas frente al fraude electoral del 28 de Julio

            En un régimen tiránico como el chavista es el escenario militar donde se decide la política, no en la calle ni en unas elecciones fraudulentas. Esta tesis se sustenta en el papel instrumental que ha ejercido unas FANB que no están al servicio de la nación sino de la macolla gobernante. Es a través de la violencia física e institucional ejercida a través de su componente militar como el chavismo ha logrado imponerse en contra de la mayoritaria voluntad nacional.

            Pero esta tesis no implica o no puede implicar un desconocimiento de la presión de la gente en contra del régimen desde la calle, aunque este sea incidental y hasta simbólico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un pueblo desorganizado, desarmado y atemorizado no tiene la capacidad orgánica de enfrentar en forma directa al régimen chavista sí podría ejercer presión sobre uno de sus pilares, en este caso el militar, no para combatirlo sino para tratar de fracturarlo y eventualmente lograr que algunas de sus facciones cambien de bando.

            La mayoría de los defensores de la vía electoral para sacar al chavismo del poder apuestan a que el CNE chavista proclame unos resultados favorables y a partir de ese momento el régimen y en especial sus Fuerzas Militares acaten la decisión popular y se inicie de inmediato el proceso de transición. Es indudable que si el CNE anuncia unos resultados favorables a Edmundo Gonzalez es porque el régimen decidió rendirse. Por lo que no es probable que una vez anunciados esos resultados sean desconocidos por las FANB o el TSJ chavista. Por eso lo vemos como un escenario muy improbable.

            Por el contrario, lo más probable es que el CNE chavista proclame a Nicolás Maduro ganador y los órganos del Estado chavista como las FANB y el TSJ cierren filas defendiendo su propia pseudo legalidad.

            Ante la ausencia de garantías institucionales para revertir esa decisión del Estado chavista a quienes apoyan la candidatura de Gonzalez y la tesis de voto no les quedará otra opción lógica que presionar desde la calle. En esa coyuntura tan especial se requiere de una dirección política y de un liderazgo que esté dispuesto a convocar a la calle y además tenga la claridad del objetivo político que se persigue. Este no podría ser el mítico y metafísico llamado a que “el pueblo tome el poder”.

El objetivo de esta masiva movilización debería ser ejercer presión sobre el componente militar para tratar de lograr su fractura y en ese proceso ganar aliados militares dentro de la actual estructura, dispuestos a hacer respetar un resultado que ha sido violentado en contra de la propia Constitución chavista.

            Este posible desarrollo no es un secreto para el chavismo. Por eso el Estado chavista ha sido incruento e insolente con sus propios militantes, porque sabe perfectamente que si se fractura el componente militar ese régimen con todos sus órganos estaría técnica y materialmente caído.

            Por eso todo lo que hace el chavismo en el marco del fraude electoral no hay que verlo como tácticas para robar votos en las mesas electorales que es como lo presenta la falsa oposición. Todas las acciones del chavismo apuntan a presentar un resultado que aunque no se parezca a la realidad permita racionalizarlo ante los ojos de su componente militar, que es lo único que importa, y sus operadores. En otras palabras, a los militares chavistas no se les va a pedir que defiendan un fraude sino que defiendan la legalidad que ha sido expresada por los órganos jurídico-políticos del régimen.

            Tampoco es probable que un oficial o un soldado entrenado en la obediencia a la ley y sus superiores puedan ejercitar algún tipo de discernimiento que le permita distinguir la realidad de la maniobra. En todo caso, y como siempre ha ocurrido en el seno de las fuerzas militares, hay facciones mayoritarias y minoritarias que se mueven en bloques según perciban donde está la correlación dominante. Esa fue la lógica que se impuso el 14 de Abril del 2002 cuando varios comandantes militares lograron coordinarse para restituir a Hugo Chávez en el poder.

            Una de las dificultades que va a tener la falsa oposición electoral que apoya a Edmundo Gonzalez y lidera María Corina Machado es justamente resolver que hacer la noche del 28 de julio. Sobre todo porque los operadores de la MUD han cedido ante el chantaje del régimen en el sentido de actuar como camisas de fuerza y cortafuegos en contra de la reacción popular de sus propios seguidores ante un resultado adverso.

            Y, como ya lo hemos explicado, sin una dirección política y sin un liderazgo con una estrategia para buscar el quiebre de la FANB chavista será muy difícil, si no imposible, siquiera intentar captar aliados dentro de ese oscuro e impredecible ecosistema. Si la ambigüedad y la improvisación es lo que se impone como conducta desde la falsa oposición le será relativamente fácil al régimen chavista anunciar sus resultados, demandar de sus fuerzas militares pleno acato a esa legalidad y neutralizar de ser necesario a algunos oficiales y efectivos que demuestren inconformidad.- @humbertotweets

El precio de reconocerle legitimidad al CNE chavista

            Se dice que esta es una campaña electoral inusual. Tratamos de encontrar lo atípico de esta campaña con respecto a las anteriores en la era chavista y verificamos que el chavismo está siguiendo disciplinadamente su manual para fraudes electorales. Esta temporada han superado sus propias marcas de descaro, pero eso no es suficiente para otorgarle el calificativo de inusual. 

            La falsa oposición agrupada en la PU/MUD ha realizado unas magníficas movilizaciones en la calle tomando en cuenta el dramático deterioro de las condiciones de vida hoy en Venezuela. Pero esas formidables concentraciones con María Corina Machado y Edmundo Gonzalez a la cabeza no tienen nada que envidiarle a las realizadas por otros candidatos de esa oposición en el pasado tales como Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonski.

            Aunque los entusiastas seguidores de la MUD se declaren ofendidos por la comparación hay que remitirlos a las imágenes de esas campañas que también mostraban ríos crecidos de gente en las calles. En ese entonces, al igual que ahora, se decía que esa era la última oportunidad para sacar al chavismo del poder con votos y, por supuesto, que si la gente no salía a votar eso operaba en contra del triunfo casi garantizado del candidato opositor. Esto, que se vuelve a repetir hoy, tampoco puede encajar en la categoría de lo inusual para caracterizar esta “elección”.

            Hurgando un poco más lo único que podemos encontrar como inusual es la extraordinaria determinación que tiene la falsa oposición de la PU/MUD en aceptar todas las trampas que pavimentan la vía hacia el fraude electoral cantado del 28 de Julio de 2024. El chavismo no solo los obligó a postular un candidato distinto a María Corina sino que además en forma expedita inhabilitó el derecho a votar de aproximadamente 10 millones de venezolanos, esto es 6 millones de nuevos electores dentro de Venezuela y 4 millones en el exterior que no se les permitió inscribirse.

            A estas cifras habría que sumar 1.5 millones de reubicaciones que fueron admitidas por el Consejo Nacional Electoral chavista, sin que haya forma de determinar si se trata de solicitudes voluntarias o actos arbitrarios, más los que solo se conocerán el día mismo de las elecciones.

            El ente electoral aprobó la creación de casi 2 mil centros de votación con una sola mesa cuyo listado de electores es un misterio. El software que controla las máquinas de votación y la transmisión de los datos a la sala de totalización del CNE es un secreto bien guardado que quizás solo el rector chavista Carlos Quintero conoce.

            Los miembros de las mesas electorales que gobernarán todo el proceso ya fueron seleccionados en marzo en un dudoso sorteo al cual nadie estaba prestando atención. Tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores es posible que esa designación haya favorecido a un 90% de operadores chavistas, aunque ese nivel de probabilidades sea técnicamente imposible.

            La respuesta de la PU/MUD, en sus conspicuos voceros, María Corina Machado y Edmundo Gonzalez, frente a la madre de todos los fraudes que se avecina no podría ser más pasmosa. No solo han retrocedido en su reclamo de elecciones transparentes para refugiarse en la modesta petición de “elecciones competitivas". A cada señalamiento de las diferentes instancias del fraude electoral chavista responden con indiferencia y enrostran con orgullo las fotos de un pueblo desbordado en las calles en la mejor lógica de “voto mata fraude”.

            En otras palabras, poco o nada importan todas las trampas que haga el chavismo porque si la gente acude a votar masivamente y se defienden los votos en las mesas es posible derrotarlos con su propio sistema. Se trata de una postura voluntarista que opera muy bien como estratagema para tratar de despejar las dudas con respecto a la efectividad del voto y mover a la gente de su justificado escepticismo al modo de creer, una vez más.

            El problema con esta perversa lógica es que viene con un precio muy alto. Y este es darle un voto de confianza adelantado e ilimitado al fraudulento sistema electoral chavista. Porque si el voto funciona como arma para sacar al chavismo del poder necesariamente habrá que creer en ese sistema electoral que quizás no sea tan competitivo como se quiere, pero que en el 2015 reconoció la victoria de la MUD.

            Por eso el eje del discurso de la dupla Machado-Gonzalez muy delicadamente evita referirse al tema del fraude electoral, salvando así la responsabilidad del CNE chavista de lo que pase el 28 de Julio, moviendo el eje acusatorio hacia la abstención  y la gente que no pudo o simplemente no quiso ir a votar.

            El énfasis que ponen los operadores y analistas de la falsa oposición en la salida electoral tiene que admitir de entrada un reconocimiento a la autoridad electoral, exactamente la misma que ha perpetrado todos los fraudes anteriores. Este reconocimiento al CNE chavista es un prerrequisito para intentar cobrar el soñado triunfo electoral el 28 de Julio. Bien difícil será cantar fraude cuando el CNE chavista se atreva a proclamar a Nicolás Maduro como ganador después de meses defendiendo la cuestionable racionalidad de voto mata fraude.

 ¿Que podrían argumentar en su defensa los epígonos de la falsa oposición frente a un resultado adverso el 28 de julio luego de haber participado vigorosamente en la operación de “blanqueo” del sistema electoral chavista? Podrán reclamar lo que quieran, pero lo que nunca jamás podrán decir es que no estaban advertidos.- @humbertotweets

El chavismo se burla de los jubilados y pensionados

            En la Venezuela que se derrumba por la acción depredadora del chavismo los jubilados y pensionados y los adultos mayores en general son quizás el grupo social más vulnerable después de los recién nacidos. En estos 25 años el chavismo ha destruido la economía nacional y con ello el valor del bolívar como signo monetario. El resultado es una moneda ultra devaluada y una economía dolarizada de facto que deja por fuera a los jubilados y pensionados que carecen de los medios para sobrevivir a menos que tengan una familia que les ayude.

            El abandono de los venezolanos de la tercera edad es tan solo otra muestra de la descomposición moral y política de una sociedad que, en su degradación, ha quedado reducida a un trapiche que luego de sacarle el jugo de las venas a generaciones enteras ya no quiere saber de lo que considera un bagazo o desperdicio de hombres y mujeres inhabilitados para vivir por sus propios medios.

            No se puede excusar la responsabilidad de chavistas y falsos opositores para quienes los venezolanos de la tercera edad sólo representan la posibilidad de un uso instrumental para sus campañas de propaganda política. Pero sin lugar a dudas le corresponde al chavismo la mayor cuota de responsabilidad por tratarse del poder político realmente existente en Venezuela y quien define las políticas en la materia.

            Con la intención de venderse ante sus clientelas civiles y militares como un socialismo que dignifica la condición humana y que merece ser defendido el chavismo ha aprobado la llamada “Ley de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”. Esto ocurre en el pleno desarrollo del fraude electoral del 2024 con el expreso propósito de crear un ambiente que contribuya a racionalizar porque Nicolás Maduro ganó el 28 de Julio en contra de todas las encuestas incluyendo las que se ordenan desde Miraflores.

            Y es que a los efectos que persigue el chavismo poco o nada importa que los venezolanos de la tercera edad acudan a votar y por quien lo hagan. Eso es irrelevante porque será en definitiva el CNE chavista quien ponga los votos y proclame los resultados. Aquí lo que está en juego es el desarrollo de una campaña mediática para vender a Maduro y el chavismo como solidarios y compasivos con un sector de la población por el cual muchos expresan simpatía pero muy pocos hacen algo para ayudarle.

            Así la mencionada Ley de Pensiones ya comunica en su título su burda pretensión propagandística al presentarse como un instrumento “frente al Bloqueo Imperialista”. Este no es más que otro intento descarado de decirle a los ancianos que si en Venezuela no existe un sistema efectivo de protección a los jubilados y pensionados no es porque los operadores del régimen chavista han saqueado el tesoro nacional o han desmantelado los recursos de la seguridad social sino más bien todo esto sería culpa de los imperialistas norteamericanos, enemigos del pueblo.

            La referida Ley en sí misma es un reconocimiento al fracaso del chavismo en esta área al decretar una “contribución especial” que deberá pagar el sector privado, no el sector público, a los jubilados y pensionados. Muchos se preguntan con toda justicia y donde están los recursos que al tenor de la actual Ley del IVSS están pagando las empresas y las industrias en Venezuela para contribuir con la seguridad social. Estos son dineros calculados sobre una base de contribución que oscila entre el 9% y el 11% del salario. En otras palabras el producto de la actual recaudación entro a un hueco negro de corrupción y ahora el chavismo aprueba una ley para sacar más dinero.

            Otra de las estafas a los jubilados y pensionados es que la base de cálculo que toma la Ley de marras es la idea absurda y arcana de “ingreso mínimo integra indexado” que ni siquiera aparece en la Constitución chavista de 1999. Esa Constitución es muy clara al establecer que la base de cálculo de los beneficios para los trabajadores será el salario, no el miserable robo que significa el “salario bonificado” creación del socialismo chavista-madurista.

            Pero como todo no es propaganda y retórica en el régimen chavista alguien vio en esta ley la oportunidad de seguir asaltando el erario público y hábilmente se dejó colar una disposición que obliga que los recursos recaudados, por vía de estas contribuciones especiales, vayan directamente al hueco negro del tesoro nacional y no al fondo que por ley administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No es que exista mayor diferencia si se roban los recursos del bolsillo izquierdo o del bolsillo derecho sino que pone de manifiesto la rapiña entre unos grupos y otros, todos unidos en el emprendimiento de raspar la olla.

            En un país donde el empleador número uno es el gobierno la Ley chavista de pensiones, que solo obliga al exiguo sector privado, probará en la práctica su inutilidad para otorgarle a los venezolanos de la tercera edad ingresos decentes y sostenibles. Como la mayoría de los problemas que padece Venezuela solo un cambio de régimen político, no de gobierno, podría corregir la afrenta y la burla continuada que el chavismo perpetra contra los jubilados y pensionados.- @humbertotweets