La miopía -¿ignorancia? ¿tozudez?- de la falsa oposición (MUD, FA, Interinato) le impide ver y entender que el antiguo estado nacional venezolano hace mucho tiempo fue sustituido por el estado chavista. Se trata de un proceso que formalmente comenzó en 1999 con la aprobación de la Constitución chavista y que materialmente se ha consolidado en estos últimos veinte años con un marco legal y unos órganos judiciales, electorales y militares que le sirven a una camarilla y no a la nación venezolana.
En
cualquier otro estado de partidos, que es lo que en realidad son las llamadas
democracias, opera un cierto equilibrio de poderes que aun cuando el mismo
partido controle varios o todos esto mantienen su funcionalidad e
interdependencia. Pero no en el Estado chavista que ha instaurado el Estado de
un solo partido que maneja a su antojo a todos los poderes fabricándose una
legalidad a la medida de sus ambiciones que luego le es impuesta al resto de
los venezolanos como la voluntad del pueblo.
A
diferencia del Estado de partidos que imperó en Venezuela hasta 1999 y toleraba
conspiraciones en su contra el Estado de partido único chavista usa la fuerza
militar apoyada en una pseudo legalidad para triturar toda disidencia seria y
permitir caricaturas burlescas e inocuas como la de la falsa oposición.
Cualquier intento de cambiar ese régimen político desde adentro se estrellará
con todo un entramado jurídico, militar y financiero perfectamente articulado
para impedirlo con los más variados argumentos legales. Sin embargo, en aras de
su propia supervivencia el régimen chavista siempre incentiva a una oposición
que se opone si y sólo si respetando celosamente las reglas para no pasarse de
la raya.
El Estado chavista puede adjudicar diputados,
alcaldías y gobernaciones a la falsa oposición a condición de que ésta cohabite
y cumpla con su papel de legitimadora del régimen. Estas concesiones no ponen
en peligro la existencia del estado chavista, por el contrario lo fortalecen al
contar con una oposición que no es tal y que jamás será una amenaza real. El
estado chavista puede incluso tolerar ejercicios cantinfléricos como el llamado
gobierno interino de Juan Guaidó con la certeza que lejos de ser una amenaza es
un magnífico teatro para distraer a la galería.
Por si hacían
falta más evidencias, la confiscación del edificio del periódico El Nacional es
otro evento que constata que en Venezuela no hay un Estado nacional sino un
Estado chavista que gobierna para los intereses de sus clientelas. La demanda
que hace Diosdado Cabello contra El Nacional es una aberración jurídica, pero
llena cabalmente los requisitos de la pseudo legalidad chavista que justifica
atropellar y destruir cualquier cosa percibida como un peligro para su
supervivencia.
Cabello
tampoco actúa por cuenta propia sino en nombre de un régimen político que no
necesita otro edificio para montar una arepera socialista o un bodegón, pero sí
requiere con urgencia destruir cualquier icono o referencia a una Venezuela
distinta que ya existía antes de la barbarie chavista. No son las instalaciones
de El Nacional lo que quiere el régimen sino más bien penalizar e intentar
destruir a un medio que no puede controlar como si lo logró con otras tales
como El Universal y Últimas Noticias.
Dentro del
marco de la pseudo legalidad del Estado chavista El Nacional no tiene ni tendrá
garantías, jamás. Como tampoco las tiene cualquier venezolano que no esté
postrado ante el chavismo. Ni las tuvo el General Raúl Isaías Baduel cuando se
entregó a los tribunales militares para dar la pelea legal dentro del viciado
sistema judicial chavista. Habrá garantías para El Nacional y para el resto de
los venezolanos no cuando haya un mero cambio de gobierno (sacar a Maduro y poner
a cualquiera de la falsa oposición, por ejemplo) sin cuando haya un cambio de
régimen político que pasa necesariamente por la destrucción del estado chavista
con sus órganos judiciales, militares y financieros.
Esperar a que
el chavismo entregue el poder pacíficamente y por vía electoral como nos
propone la falsa oposición es una fantasía perniciosa que ha costado ya más de
dos décadas de muerte y cárcel para cientos de miles de venezolanos, además de
la casi segura desaparición de la nación venezolana si esto no cambia. Bien
podrían ser dos décadas más si la tesis que se sigue imponiendo es la del
cortoplacismo que posterga las tareas insurreccionales de largo plazo para
privilegiar la táctica de cohabitar con
el chavismo que siempre degenera en el círculo vicioso de protestas calculadas,
elecciones fraudulentas, y negociaciones sin destino. Se trata de una práctica
que se sigue repitiendo como el tornillo que gira eternamente en una tuerca
mellada, sin que nunca llegue a apretar.
Por esto hemos
planteado y seguiremos insistiendo que para poder articular una verdadera
oposición en Venezuela el primer debate y la primera definición que hay que
establecer debe ser el resultado de confrontar las tesis de crisis de gobierno
vs. crisis de Estado. Pensamos, a diferencia de la falsa oposición, que en
Venezuela hay una crisis de estado producto de la sustitución del estado
nacional por un Estado chavista. Esta crisis jamás podrá ser resuelta apelando
a la legalidad ni a los órganos del Estado chavista mediante negociaciones ni
elecciones. Se requiere de una ruptura con el actual régimen político y no una
transición pactada que cambie la figura de un presidente y deje intacto el
poder de las mafias políticas, judiciales, militares y financieras del Estado
chavista.
La agresión a
El Nacional es parte de una política sistemática de linchamiento físico y moral
al que estamos sometidos todos los venezolanos que nos negamos a jugar el papel
de serviles del estado chavista. Este ultraje solo podrá ser corregido y
reparado con un cambio total de régimen político y no apostando a su
remozamiento electoral desde adentro.-@humbertotweets
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