En menos de una
semana ha quedado documentada la participación de altos funcionarios al
servicio de Juan Guaidó en la extorsión de una empresa contratada para la recuperación
de activos de la nación venezolana en el exterior (denuncias de periodista
Patricia Poleo) y la de figuras claves del régimen chavista autorizando la
tortura y el asesinato por motivos políticos (Informe de la ONU sobre
Venezuela). Ambas constataciones reflejan la decadencia de la política que ha
destruido a la nación venezolana.
Seria perverso
poner a los venezolanos a decidir cuál de ambas conductas criminales es más
grave, si el saqueo de los recursos y activos de la nación venezolana o el
asesinato y la tortura de quienes se oponen al régimen chavista. Se trata de
una falsa dicotomía porque mientras una está matando a los venezolanos
propagando el hambre la otra también los está asesinando mediante la violencia
de estado.
Sin embargo,
más allá del manoseo superfluo y banal que el interinato de Guaidó ha hecho del
informe de la ONU, este contiene una detallada relación de violaciones generalizadas y sistemáticas a los
derechos humanos desde 2014 perpetradas por el estado mafioso chavista ahora
dirigido por Nicolás Maduro, antes presidido por Hugo Chávez, aunque la falsa
oposición deliberadamente se salte la figura de Chávez en un sospechoso y silencioso acto de
reivindicación histórica en la inocultable línea de responsabilidad.
Y es que al
revisar las 443 páginas del referido informe en sus 2105 apartados queda
perfectamente claro que estas violaciones a los derechos humanos, ejecutadas
por el estado chavista, han sido “generalizadas y sistemáticas” contra la
población civil. Aquí estamos en presencia de la violencia como política de un
estado cuya pseudo legalidad justifica la tortura y el asesinato por motivos políticos
como parte de sus procedimientos.
El informe de
la ONU confirma lo que ya se sabía. No estamos frente al mal gobierno de Nicolás
Maduro, aunque él sea hoy la cabeza de ese estado. Aquí estamos frente a un
estado criminal que se comenzó a configurar con Hugo Chávez en 1999, con una
constitución hecha a su medida, y desde entonces ha ido refinando sus métodos
de violencia para controlar a toda la sociedad. Para esto el estado mafioso
controla todos los poderes, incluso el ejército al cual ha reducido al papel de
su brazo armado y cuyos miembros han sido instrumentales para ejecutar las
violaciones “generalizadas y sistemáticas” que refiere el informe de la ONU.
Contrario a la
prédica de la falsa oposición en sus dos sabores, la de Guaidó y la de
Capriles, no estamos frente a un mal gobierno del cual se puede salir tan solo
sacando a Nicolás Maduro del poder. Aquí estamos frente a un estado mafioso,
tal como ha sido correctamente caracterizado en el informe de la ONU, y de este
tipo de estructura no se sale con negociaciones, elecciones o gobierno de
transición. Un estado que incorpora en sí mismo el crimen y lo sistematiza
masivamente a través de sus estructuras mediante operaciones de tortura,
asesinato, narcotráfico y otros delitos solo puede ser destruido militarmente
por un ejecito profesional que defienda a la población civil o una coalición
militar internacional.
El informe de
la ONU hay que difundirlo ampliamente, pero no por las razones que le convendrían
a la falsa oposición. Ese informe no debe ser usado como elemento de simple distracción
a los escándalos de corrupción del hamponato interino de Guaidó o eventualmente
como “presión” contra Maduro para obligarlo a negociar “condiciones electorales
mínimas”. El documento de la comisión de la ONU ilustra, en forma inmejorable,
la naturaleza criminal e impune del régimen chavista en su totalidad y
fortalece la tesis de su derrocamiento por vías de fuerza como la única forma
racional para su liquidación definitiva.-
@humbertotweets
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