El pantano de la pseudo legalidad chavista

La última decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio condenando a Nicolás Maduro por corrupción vuelve a plantear el debate sobre el reconocimiento o no del régimen político y su pseudo legalidad en Venezuela.

La situación es esta: El chavismo se fabricó una legalidad a su medida con la Constitución de 1999. Esta Constitución fue “aprobada” en fraude a la Constitución, para ese entonces vigente, de 1961. Sin embargo, por oportunismo fue aceptada por toda la clase política que la hizo su Constitución.

En la Constitución de 1999 se sentaron las bases para el estado totalitario chavista, con unas reglas de juego político diseñadas para beneficiar al régimen al tiempo que daba la impresión de una supuesta libertad y democracia electoral. Esa Constitución es la que permite usar a las FANB como el brazo armado del PSUV y le da amplias facultades al Presidente para intervenir directamente en los poderes legislativo,  judicial y electoral mediante burdos atajos legales que ahora tienen rango constitucional.

Es la misma Constitución que aceptó la falsa oposición para justificar su exclusiva lucha electoral y por supuesto la misma que soporta a todo el régimen político incluida la Asamblea Nacional con mayoría de la MUD y las gobernaciones que a lo largo de estas dos décadas el gobierno le ha adjudicado a la falsa oposición.

El objetivo del régimen siempre fue crear las condiciones mínimas para permitir la participación electoral de la falsa oposición, haciendo algunas concesiones que le obligaran a seguir reconociendo la pseudo legalidad chavista y jugando según sus reglas.

Por eso para la falsa oposición resulta antinatural renegar y zafarse de la pseudo legalidad del estado chavista la cual se ve obligada a defender para mantener un mínimo de coherencia.

El Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional es producto de esa pseudo legalidad que cuestionamos. No se le critica a quienes prestaron su nombre de buena fe para “hacer algo” por el país. El problema de fondo es que tanto esa Asamblea Nacional como el TSJ en el exilio para seguir operando no tienen otra salida que seguir actuando dentro del marco del régimen político que de otra forma habría que desconocer y derrocar.

Aunque parezca una buena noticia la sentencia del TSJ en el exilio contra Maduro propaga una falsa esperanza porque no hay forma material de hacerla ejecutar. Hay consenso en el valor simbólico de la decisión al igual que su inutilidad práctica porque no hay fuerza pública en Venezuela que la pueda llevar a cabo. En eso perderemos tiempo precioso hasta que, al igual que con los fraudes electorales, finalmente lleguemos a esa conclusión.

Intentar ejecutar esa sentencia desde el exilio implicaría entrar en el terreno movedizo de la diplomacia internacional también regulada por convenios y agendas de países. ¿Prestaría Colombia, por ejemplo, su ejército para ejecutar esa sentencia de la misma forma como ha permitido operar al TSJ en su territorio?

Es decir, más confusión para el pantano de la pseudo legalidad del régimen chavista que sigue en el poder mientras el resto de nosotros debatimos salidas electorales y legales inviables, en lugar de centrarnos con la precisión de un láser en su desconocimiento y destrucción. @humbertotweets