El grave conflicto político interno
que hoy vive Venezuela no es una confrontación típica. Al régimen no se le
puede catalogar como una dictadura clásica porque usó los mecanismos del poder
público para burlar la legalidad y obtener el poder por la vía electoral”.
Tampoco se puede establecer que se vive una situación convencional de guerra
civil ya que no hay dos o tres pedazos de la república enfrentados entre sí.
Más bien se trata de una confrontación asimétrica donde una oligarquía política
y militar ejecuta un magnicidio sin precedentes en América latina para
mantenerse en el poder.
Quizá sea por lo atípico de este
conflicto que los dirigentes de la oposición, casi todos formados en la ideas
del civilismo y la democracia, dudaron a la hora de establecer una agenda de
lucha efectiva contra el régimen. A la oposición venezolana le tomó más de 16
años entender que lo que tenía frente a sí era una dictadura con velo
democrático. Y una vez que lo hizo se encontró con el grave reto de enfrentar
ese régimen antidemocrático dentro de las “formas democráticas” que el propio
régimen permitía.
El triunfo de la oposición en las
elecciones parlamentarias del 2015 usando el sistema viciado del Consejo
Nacional Electoral tomó por sorpresa al régimen que estaba seguro de ganarlas
con sus habituales mecanismos fraudulentos. Pero esa victoria también generó la
falsa esperanza en la oposición que si era posible derrotar al régimen por la
vía democrática y electoral. Con base a esto la oposición se embarcó en todas
las opciones legales y jurídicas posibles para tratar de provocar un cambio
institucional dentro de la legalidad Constitucional.
Desde la Asamblea Nacional se
plantearon diversas fórmulas para tratar de controlar legalmente al régimen y
cada una fue burlada por los otros poderes públicos secuestrados por la
dictadura. La oposición no entendió que la dinámica política planteaba un
viraje táctico inmediato para cambiar de la lucha jurídico-institucional a una
político-militar para derrocar a la dictadura. Allí se perdieron meses que han
podido invertirse en la organización ciudadana de la resistencia al régimen a
todos los niveles y en todos los sectores.
Ahora nos encontramos en un punto
donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha logrado un mínimo de consenso entre
sus factores para impulsar la lucha política sin aun abandonar la esperanza de
la lucha jurídico-institucional. Aunque el llamado de la MUD para ejercer las
garantías establecidas en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional
fue contundente, la manera de hacerlo no ha sido tan clara. En el comunicado
leído por Freddy Guevara hay entrelíneas un llamado a organizarse por centros
de votación para impedir la Constituyente. Aunque este sería el paso lógico en
esta estrategia de lucha sería una aventura dejarlo a la interpretación de cada
quien y sin el menor esfuerzo logístico y organizativo.
Con toda razón la analista Rocío San
Miguel alertó: “No puede entregársele a los venezolanos la responsabilidad de
enfrentarse a soldados del Plan República armados con Kalashnikov…” En esta
coyuntura es legítimo para los factores democráticos preguntarnos: ¿Estamos
organizados y preparados para detener el fraude Constituyente? Y de ser así,
¿cómo?
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