Los miembros de la Asamblea Nacional fueron electos
por una mayoría abrumadora, indiscutible, de los venezolanos.
En unas elecciones limpias. Las mas trasparentes del mundo
según el CNE.
Pero la fuerza social y la legitimidad lograda
mediante el voto no han sido suficiente para darle plena fuerza política y jurídica
a la Asamblea Nacional.
Desde un principio el gobierno mostró su intención de
no solo sabotearla, sino además de tratar de anularla y seguramente, de ser
posible, eliminarla.
El desconocimiento de la AN por parte del resto de los
poderes públicos secuestrados por el régimen es una situación inédita.
En la práctica hay una confrontación que mantiene
tensados los hilos de estabilidad política y cuyo desenlace no es fácil
pronosticar al día de hoy.
La Asamblea ha decidido asumir las tareas de legislación,
control y fiscalización propias del poder legislativo a pesar de las amenazas
del régimen de desconocer sus decisiones.
El gobierno sigue jugando en su terreno predilecto: El
de la semi-ilegalidad.
Esto es provocar situaciones difusas que aunque no
sean enteramente legales o Constitucionales dejan un amplio margen para la interpretación
jurídica y ofrecen buen camuflaje a su intención última de desconocer a la AN.
En esa estrategia de la semi-ilegalidad Nicolás Maduro
acude a presentar su memoria y cuenta ante la AN e incluso envía el decreto de
emergencia económica para su revisión.
Ambas acciones son un reconocimiento claro al poder político
de la AN.
Pero al mismo tiempo ordena a sus ministros no
comparecer ante la AN para explicar los alcances del decreto de emergencia económica
en abierto desacato a la autoridad de la AN. Esto al costo político sabotear
sus propias políticas.
Otras acciones en el marco de la semi-ilegalidad han
sido aquellas que pretenden la instalación del parlamento comunal con la
presunta intención de sustituir a la AN.
A esto se suma la insólita conducta del Ministro de la
Defensa visitando guarniciones y arengando a los soldados en contra del Presidente
de la AN y llamando a un abierto desconocimiento de la AN.
Todo esto ha creado un clima propicio ara legitimar un
desacato en la práctica de la autoridad
de a AN como expresión del pueblo.
Sin embargo, los espacios para la semi-ilegalidad se
agotan.
Poco a poco llega el momento de definiciones más puntuales.
Por ejemplo, es muy clara la obligación que tienen los
ministros de acudir a una interpelación ante la AN.
No se trata de una invitación. Es un mandato Constitucional.
Lo contrario, no asistir, es simplemente un desacato
con consecuencias políticas y jurídicas.
Hasta ahora varios ministros y altos funcionarios han
sido invitados a comparecer ante la AN y ninguno ha asistido. Pero tratando de
estirar un poco el marco de la semi-ilegalidad ofrecen excusas tales como confusión
en la hora, conflictos de agenda, etc.
En otras palabras, no han asistido porque hubo algún
motivo que lo impidió y de alguna manera tratan de escudarse en esa situación
para no asumir las consecuencias del desacato.
El problema para el gobierno y sus ministros es que la
lista de excusas se acaba e irremediablemente van a tener que ir o no ir y
asumirlo.
Todo este escarceo es parte de la estrategia del régimen
de minar el poder de la Asamblea y apostar a su desconocimiento.
Pero este desconocimiento de la AN por parte de los
otros poderes públicos no le resta fuerza legal o Constitucional.
El hecho de que la AN no tenga el reconocimiento de
los otros poderes públicos para hacer valer sus decisiones le resta eficacia a
sus actos pero no legalidad ni legitimidad.
La AN debe activar todos los mecanismos que le otorga
la Constitución para encuadrar en el
marco legal a un gobierno forajido y renuente a ajustar su conducta al estado
de derecho.
En esta situación inédita de confrontación de poderes públicos
la única estrategia posible para la AN es seguir ejerciendo plenamente sus
facultades Constitucionales y prepararse para el inevitable desenlace de esta confrontación
jurídico-política.
Frente a este desenlace la AN debe mantenerse
movilizada en la calle y en sintonía perfecta con la sociedad, con el pueblo,
explicando la naturaleza de la crisis inducida por el régimen.
Porque en definitiva será el pueblo, en la calle,
mediante mecanismos Constitucionales como el referéndum revocatorio quien resuelva
esta grave confrontación política.-
