No
hay sorpresas. Ya lo había hecho la Fuerza Armada chavista y ahora le
corresponde al Tribunal Supremo de Justicia avalar el fraude electoral
perpetrado por el chavismo el pasado 28 de julio.
Desde
la perspectiva de un régimen político democrático con un estado de derecho lo
que ha ocurrido en Venezuela es absolutamente inadmisible. Pero esa quizás sea
la raíz del problema que la mayoría de los operadores políticos de la oposición
falla en identificar.
Venezuela
hace mucho tiempo dejó de ser una democracia con estado de derecho. El régimen
político que se ha impuesto es lo más parecido a un sistema totalitario que
nosotros hemos caracterizado como el Estado chavista.
Ese
Estado no está al servicio de la nación venezolana sino de la camarilla
gobernante y el PSUV. Las instituciones del régimen político chavista, al estar
controladas en su totalidad por elementos del chavismo, no permiten los pesos y
contrapesos de poderes públicos que son la garantía en cualquier sistema democrático.
Siempre
hemos argumentado en contra de la vía electoral por considerarla una cínica
mascarada para dar apariencia democrática a un régimen totalitario. Advertimos
desde hace varios meses la inevitabilidad del fraude electoral para perpetuar
al chavismo en el poder. La falsa oposición siempre envalentonada con la vía
electoral y subestimando la criminalidad del chavismo se abrazó a la romántica
tesis de “voto mata fraude”, significando por voto el voto masivo o el triunfo
por avalancha.
Sin
embargo, tenemos que admitir que nuestras previsiones sobre un fraude
inevitable jamás consideraron la forma vulgar y grotesca adoptada por Elvis
Amoroso para anunciar el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Anticipamos que el
fraude ocurriría en la forma más sutil y “afrancesada” a la que Tibisay Lucena
nos tenía acostumbrados.
Esperábamos
que los boletines del CNE estarían sustentados en las actas emitidas en forma
fraudulenta y conveniente por las máquinas, como siempre lo había hecho la
Lucena para al menos guardar las formas.
Lo
que ocurrió fue una chapuza de tan bajo calibre que el rector Amoroso
simplemente proclamó ganador a Nicolás Maduro sin los resultados de las actas
en la mano. Extraoficialmente se dice, aunque no se ha podido confirmar, que
los resultados que Amoroso leyó la madrugada del 29 de julio se los pasaron en
una servilleta mojada e impregnada de grasa y eso explicaría las dramáticas
inconsistencias con los números que se detectaron en las horas siguientes.
Perpetrado
el fraude le correspondió a las FANB chavista recordarle a los venezolanos que
ellas haría respetar la voluntad del árbitro electoral (CNE chavista), por
supuesto no la voluntad de los venezolanos. Así quedaba plenamente consumado el
robo electoral a mano armada con el uso de la violencia del Estado chavista
sobre la población civil desarmada.
Pero
era necesario darle un barniz legal al delito para hacerlo potable, sobre todo
entre los operadores militares a quienes se les ha adoctrinado para defender
las órdenes de los órganos del Estado chavista por encima de la ley. La
búsqueda de este endoso jurídico es lo que en forma inaudita lleva a Nicolás
Maduro a solicitar a su TSJ que “aclare” la situación.
En
realidad lo que el régimen chavista buscaba no era otra cosa que
“legalizar" el crimen electoral cometido por el CNE con la ayuda de las
fuerzas armadas chavistas el 29 de julio.
Ese
es el papel que le ha sido asignado al TSJ chavista, esto es certificar el
fraude perpetrado mediante una sentencia “inapelable” como tantas veces ha
insistido la presidenta de esa institución.
El
chavismo ha sentado numerosos precedentes violando su propia Constitución y sus
propias leyes para atornillarse en el poder. Pero con esta decisión del TSJ
certificando el fraude electoral mediante un trabajo de “peritaje” el régimen
chavista alcanza un nuevo hito en su esquema de pseudo legalidad. Se trata de
la primera vez que el máximo tribunal de la república, que por definición sólo
puede conocer y decidir sobre asuntos de estricto derecho, asume diligencias
que tienen que ver con los hechos como el peritaje de actas y que siempre han
sido competencia de tribunales y juzgados de menor jerarquía.
Con
esta decisión los magistrados chavistas convalidan el fraude electoral como una
situación definitiva e inapelable, con carácter de cosa juzgada. La sentencia
del TSJ chavista publicada el 22 de agosto también sugiere el posible
encarcelamiento de Edmundo Gonzalez Urrutia por desacato al máximo tribunal y
de María Corina Machado por supuesto forjamiento de documento público al publicar
en una página web las copias de las actas en manos de la oposición.
Esta
es otra demostración que dentro de la pseudo legalidad del régimen chavista
jamás habrá la menor posibilidad de avanzar para lograr la recuperación
democrática de Venezuela.- @humbertotweets
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