La semana pasada en esta misma columna argumenté la tesis del golpe de estado que está ocurriendo en los Estados Unidos. A diferencia del golpe militar clásico aquí se han dado una serie de alianzas de importantes factores dentro del propio estado norteamericano con poderosas corporaciones financieras, mediáticas y tecnológicas para influir en las decisiones políticas y eventualmente sustituir a l presidente por la fuerza, no por los votos.
Los medios de
información tradicionales e influyentes en los Estados Unidos han banalizado
los reclamos de fraude presentados por Donald Trump. Ante la creciente cantidad
de denuncias sobre votos emitidos irregularmente en Pensilvania, Georgia,
Carolina del Norte, Nevada, Michigan y Arizona se han activado mecanismos para
auditar y contar manualmente los votos en esos estados.
Esos remedios,
que deberían ser el curso lógico y natural de cualquiera que quiera ganar una
elección sin el velo de fraude, han sido saboteados por los medios de
información, los dueños de las redes sociales y los representantes del partido
demócrata. ¿A quién le sirve elegir por la fuerza de las irregularidades y con
un manto de duda al próximo presidente de los Estados Unidos? A nadie. Sin
embargo, el partido demócrata parece resuelto a imponer una política de hecho
cumplidos y forzar la proclamación de Joe Biden sin resolver los reclamos de
fraude.
La cantidad de
irregularidades denunciadas es tan evidente como abundante que no podría ser
ignorada. Si es cierto que los Estados Unidos de Norteamérica es aún una
república de leyes entonces cualquier juez sin importar su filiación, liberal o
conservador, debería llegar a las mismas conclusiones a la hora de interpretar
y aplicar la ley.
Un ejemplo
emblemático de lo que tendrán que resolver estos jueces en el caso de la
elección en Pensilvania es el hecho de admitir o no los votos que llegaron a
las oficinas de correos luego del 3 de noviembre y que no tienen la marca de la
fecha. Aquí se enfrentan dos posiciones. Los demócratas quienes dicen que “todo
voto cuenta” y la de los republicanos que dicen “solo los votos emitidos
legalmente cuentan.” No es poca cosa porque se trata de más de medio millón de
votos emitidos en esas condiciones y que de aceptarlos o no dependerá el
resultado de los colegios electorales de Pensilvania y en forma consecuente el
de quien será el presidente de los Estados Unidos.
En teoría la
república tiene los mecanismos legales y políticos para remediar este tipo de
situaciones. Pero decir “mecanismos” lleva a pensar que se trata de entidades
sin pasiones que deberían resolver las contradicciones aplicando la ley sin
entrar en otras consideraciones. En realidad, estos “mecanismos” están
articulados por jueces y funcionarios que han sido postulados por el partido
demócrata y el partido republicano y es altamente probable que sus decisiones
reflejan de alguna forma la influencia de su filiación política.
Por ahora
ningún estado ha certificado los resultados de sus delegados electorales. Los
estados tienen hasta el 14 de diciembre, fecha en que se reúne el colegio
electoral para elegir al presidente de la república, para hacer esa
certificación. Si uno o varios estados no logran resolver los reclamos de
fraude y no certifican a sus delegados es muy probable que ni Joe Biden ni
Donald Trump logren los 270 votos para ser electo y esto abriría el camino para
la llamada “elección contingente” en la cual sería el congreso quien mediante
un procedimiento especial elegiría al presidente.
En las
próximas semanas las instituciones de la república de los EEUU tendrán que
demostrar su efectividad para resolver sus crisis políticas internas o sucumbir
ante los intentos conspicuos de implosionar la república.- @humbertotweets
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